No hay mayor riesgo en este momento para la política antiterrorista que dar por finiquitada a ETA antes de que sea derrotada. Lamentablemente la organización terrorista no parece dispuesta a anunciar su disolución, ni a entregar las armas, ni a poner a sus pistoleros a disposición de la Justicia, ni a pedir perdón a sus víctimas, ni a renegar de su actividad terrorista. Podemos hablar, siempre con prudencia, del debilitamiento de la banda terrorista gracias a la eficaz acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la excelente colaboración francesa. Pero la rendición incondicional de la banda no parece un escenario plausible hoy por hoy. Y si ETA no se rinde, no quedan más opciones que derrotarla, deteniendo a todos y cada uno de sus componentes, interceptando todos y cada uno de sus depósitos de armas y acabando con cualquier espacio de impunidad para los terroristas. La alternativa a esa derrota es claudicar ante ella, ofreciéndole un precio político por dejar de matar. Es evidente que solo la primera opción, la derrota de ETA, constituye una forma asumible democrática y moralmente de acabar con el terrorismo, especialmente si queremos salvaguardar la memoria de sus victimas y la dignidad de toda la sociedad.
Para derrotar a ETA nada es más esencial en este momento que impedir a los terroristas volver a las instituciones democráticas del País Vasco o Navarra. Quienes abogan por la rehabilitación política de los terroristas, como el presidente del Partido Socialista en Euskadi, Jesús Eguiguren, defendido por Zapatero, no quieren en realidad la derrota del terrorismo, sino un final pactado de la violencia que de solución a un supuesto conflicto político vasco.
Frente a ellos, nuestra posición debe ser firme: mientras ETA exista, Batasuna ni ninguna de sus formas debe participar en las urnas. En un momento de debilidad criminal de la banda, su exclusión de la democracia resultaría letal para la supervivencia de la organización terrorista. Este lunes la coalición Bildu presenta 300 candidaturas a otros tantos municipios. No vale la postura de ponerse de perfil echando toda la responsabilidad a jueces y fiscales, como hace Rubalcaba. La primera responsabilidad para que el brazo político de ETA quede excluido de las elecciones del 22 de mayo es del Gobierno de España. Si el Gobierno no toma la iniciativa y no aporta las evidencias que demuestren la conexión entre esta plataforma electoral y Batasuna, será imposible lograr que los cómplices de los terroristas no se cuelen en las urnas. Sería un error imperdonable.
La segunda condición es hacer peder a los terroristas cualquier esperanza de poder obtener rédito político alguno por sus crímenes o por el hecho de abandonar su actividad criminal. Cualquier proceso de diálogo o negociación debe estar excluido expresamente de la política antiterrorista. No ceder al chantaje terrorista no es solo una exigencia política y moral de toda democracia, sino el mejor desincentivo para cualquier terrorista presente o futuro.
La última condición es mantener una política penitenciaria que haga a los terroristas pagar por sus crímenes. La política de diferenciar entre terroristas buenos y terroristas malos no sólo tiene un recorrido muy limitado, sino que supone una afrenta insoportable para las victimas del terrorismo. Quienes empuñen una pistola, faciliten unos explosivos o realicen cualquier apoyo a los terroristas, deben tener la certeza de que pagará en prisión duramente por su crimen. Esa certeza es la mejor arma disuasoria de la democracia frente a quiénes pretenden destruirla.