La ministra de Cultura no se conforma con ser uno de los personajes más antipáticos de la política española. La detesta hasta la mayor parte de los votantes socialistas. Se lo ha ganado a pulso con sus actitudes; aunque también es cierto que el auténtico responsable final (y, posiblemente, promotor) de la Ley Sinde es Rodríguez Zapatero. No está de más recordar que, ante la reacción indignada de gran parte de los internautas, ZP salió en un primer momento a desautorizar de palabra a González-Sinde; pero no lo hizo jamás con los hechos. A pesar de eso último, la guionista de Mentiras y gordas se merece su mala imagen.
Desde que llegara al Gobierno su estilo personal ha tenido altas dosis de prepotencia y de, pese a sus constantes apelaciones a defender "los intereses" o "los derechos" de "todos", desprecio a quienes la critican o no comparten sus criterios. Ahora, además, se ha metido a futuróloga. González-Sinde ha predicho que "en muy poco tiempo la piratería –léase, el intercambio de archivos– va a ser un recuerdo del pasado". Lo peor de todo es que, seguramente, está convencida de lo que dice y cree que la norma bautizada con su nombre logrará el objetivo que ella no deja de proclamar.
La ministra proclama que la Ley Sinde busca "fomentar un mercado legal competitivo y que permita un acceso a la cultura moderno y contemporáneo". No se da cuenta de que el mayor obstáculo para lograr dicho objetivo es la propia industria cultural, que se niega a evolucionar hacia modelos de negocios adaptados a las posibilidades y retos que implica la red. Los sectores discográfico, cinematográfico y editorial no han hecho todavía los deberes, ni en España ni en el resto del mundo. Y pretenden que los gobiernos paren o modifiquen la evolución tecnológica y social para no tener que hacerlo.
Un mercado "legal competitivo" no se consigue mediante normativas destinadas a proteger a quienes ya están en dicho mercado, que además ha perdido su característica de competitivo. Y menos aún si esas normas legislativas rozan la vulneración de derechos como la libertad de expresión.
Si el Gobierno quiere ayudar a crear un mercado legal competitivo tiene una vía: debe dejar claro a las empresas del sector que no va a acudir en su ayuda para que no tengan que adaptarse a la realidad. Así, a estas no les quedará más remedio que adaptarse o desaparecer. Lo que no desaparecerá hasta entonces serán las descargas, por muchas leyes represivas que se impongan. El ingenio humano siempre encontrará maneras de sortear esos obstáculos legislativos. ¿O acaso el cierre del antiguo Napster consiguió frenar el intercambio de archivos?
No sabemos cuando las descargas pasarán a ser un recuerdo del pasado, si es que ocurre alguna vez. Pero seguro que será mucho después de que González-Sinde entre en esa categoría para la mayor parte de los españoles.