En Atarfe han desaparecido cinco millones de euros en la venta de un terreno valorado en 8,5 millones de euros y vendido por el Ayuntamiento en tres millones sin control alguno de la Junta. El sumario del caso Astapa señala un desfalco de más de 60 millones de euros , que la mitad de los militantes socialistas de Estepona fueron contratados por el ayuntamiento y que la dirección socialista de Málaga conocía la situación. El PSOE se ha apresurado a decir, a través de sus medios amigos. El Correo , El País y el grupo Joly que no es más que una maniobra para hacer ruido y que no se oiga el caso Gürtel
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, anunció ayer la solicitud en el Parlamento de Andalucía de tres comisiones de investigación sobre Mercasevilla, Atarfe y Astapa, tres casos de corrupción que afectan al PSOE en nuestra comunidad y sobre los que hay hechos ciertos y actuaciones judiciales que exigen una respuesta “clara y contundente” del gobierno de la Junta de Andalucía.
MERCASEVILLA
En relación con Mercasevilla, Sanz aseguró que “ya son muchos los dirigentes socialistas imputados por las actuaciones judiciales” en un caso en el que se investigan las irregularidades en la mayor operación urbanística de la ciudad de Sevilla así como el pago de comisiones para lograr subvenciones de la Junta de Andalucía. El secretario general del PP andaluz aseguró que el gobierno andaluz no está colaborando para esclarecer los hechos y ha negado una comisión de investigación en la Cámara a pesar de estar implicado el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla”.
ATARFE
En el ‘caso Atarfe’, localidad del área metropolitana granadina sobre cuyo alcalde está imputado por prevaricación urbanística y administrativa, irregularidades urbanísticas, malversación y cohecho. Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada, explicó que la Fiscalía ha aceptado cuatro denuncias por gravísimos indicios de delito.
Pérez aseguró que “el alcalde debería haber abandonado su cargo después de que hayan desaparecido cinco millones de euros en la venta de un terreno que valorado en 8,5 millones de euros y que fue vendido por el ayuntamiento en tres millones de euros”. El dirigente popular hizo referencia al ‘pelotazo urbanístico’ y los “magníficos beneficios para algunos particulares” que supone la venta de 5.600 metros cuadrados de suelo municipal a 60 euros el metro cuadrado que posteriormente se vende a entre 150 y 225 euros el metro cuadrado.
Agregó que, además, se ha duplicado la edificabilidad prevista en las normas urbanísticas y que mientras la ley establece un máximo de 75 viviendas por hectárea en Atarfe se han construido 430 viviendas.
Además, señaló que la propia Fiscalía muestra que las actuaciones delictivas han tenido lugar sin que haya habido controles externos. Por tanto, se preguntó dónde está la Junta de Andalucía, por qué ha mirado para otro lado y si ha existido complicidad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Atarfe y el PSOE. P érez recordó que desde 1994 se están conculcando normas urbanísticas en el municipio y no hay ni un solo expediente en contra de la Junta de Andalucía. Añadió que el PP solicitó una auditoría urbanística que le fue rechazada.
ASTAPA-ESTEPONA
El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, se refirió al caso Astapa como “claro ejemplo de financiación ilegal del PSOE en la provincia de Málaga”, ya que el sumario pone de manifiesto cómo en las operaciones urbanísticas de Estepona se llevaba a cabo el sistema de ‘tres tercios, uno para el ayuntamiento, otro para el PSOE y otro para el bolsillo”.
Bendodo señaló que casi la mitad de los alcaldes socialistas de la provincia de Málaga están imputados por irregularidades urbanísticas y recordó el caso Arcos, en Alcaucín, en el que se encontraron 160.000 euros en el colchón del alcalde, el caso Malaya en Marbella y el propio caso Astapa en Estepona. “La única diferencia entre Estepona y Marbella es que en Marbella el PSOE se sumó a la corrupción de Gil y en Estepona está en la corrupción desde el minuto uno”.
El presidente del PP malagueño indicó que el sumario del caso Astapa señala que se ha producido un desfalco que supera los 60 millones de euros, que la dirección socialista de Málaga conocía la situación y que la mitad de los militantes socialistas de Estepona fueron contratados por el ayuntamiento”. Por todo ello, Bendodo concluyó que “ el PSOE es la marca registrada de la corrupción en la provincia de Málaga”.
Chaves y las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz: el turno de Griñán
Manuel Chaves, en todo su mandato de 18 años , sólo ha aceptado dos comisiones de investigación cuando tenía mayoría absoluta y ninguna desde 1995, hace 14 años. Con ello, ha condenado a la oscuridad a una institución cuyo lema histórico es "luz y taquígrafos" . La última, sobre el asunto de su hija Paula Chaves y la empresa MATSA, ya fue también cosa de Griñán, que así se estrenaba en su gestión por la transparencia política.
En 27 años de autonomía los grupos parlamentarios, casi siempre de la oposición, han llegado a registrar 108 peticiones para abrir comisiones de investigación, de las que tan sólo ocho (un 7,4 por ciento de las reclamadas) se llegaron a constituir, y algunas ni siquiera se cerraron con un dictamen sobre los quienes, los cuántos o los por qués. Naturalmente ha sido el Partido Popular el que mayor número de iniciativas presentó en estos 27 años (un total de 63 peticiones de comisiones de investigación), seguida de Izquierda Unida (28 peticiones), reclamaciones que contrastan con las pedidas por el PSOE, que tan sólo registró tres comisiones de investigación y todas a instancias del propio Consejo de Gobierno. El resto, hasta las 108, fueron solicitadas por el Partido Andalucista, que trató de sumar fuerzas con IU, con los grupos centristas de la primera legislatura, o con los distintos grupos mixtos que se han constituido a lo largo de estos años.
Pero, claro, la primera vez que el PSOE perdió la mayoría absoluta, la oposición del PP e IU impuso cuatro comisiones de investigación, abortadas por el adelantamiento de las elecciones propiciado por Manuel Chaves. Tres comisiones fueron instigadas por el PP y una por la federación de izquierdas, y todas contaron con el voto en contra del PSOE. Se investigó sobre la empresa pública Inturjoven, sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas. Se investigó a la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para trabajos de lucha contra incendios. Y se abrió una cuarta comisión de investigación relativa a los fondos de la comunidad invertidos en la Expo 92 . Aquella fue la última, en setiembre del 95. Por eso, por ejemplo, nunca se pudo investigar por qué el propio Chaves y otros 31 dirigentes socialistas de la provincia de Cádiz no pagaron un préstamo de la Caja de Ahorros de Jerez que fue hecho "desaparecer" contablemente de la entidad. Desde entonces ni una investigación más.
Las ocho comisiones de investigación permitidas por el PSOE e impuestas al PSOE por la oposición fueron las siguientes
1. -En la primera legislatura (1982-1986), a instancias del Ejecutivo andaluz —presidido entonces por Rafael Escuredo— el Parlamento investigó las presuntas irregularidades detectadas en la Caja Rural de Jaén , caja controlada y fundada por el PSOE desde su dominio en la Diputación de Jaén desde 1979.
2 .-En marzo del 87, se investigó acerca de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía (entonces presidida por José Rodríguez de la Borbolla) del Edificio Presidente en Sevilla , donde se pretendió ubicar buena parte de las consejerías, entonces establecidas en onerosas oficinas de alquiler. Sólo por la estructura, la Junta pagó alrededor de 2.000 millones de pesetas, la oposición demostró que la edificación estaba tasada en 1.200 millones. Hubo sospechas de comisiones ilegales para el PSOE, se desvelaron irregularidades técnicas y fue el principio del fin de la era de Rodríguez de la Borbolla.
3.- En la tercera legislatura (1990-1994), la primera de Manuel Chaves como presidente del Ejecutivo andaluz, se constituyeron dos comisiones de investigación en el Parlamento , ambas solicitadas por el PSOE, entonces con mayoría absoluta. Aunque cada una investigaría un asunto, ambas estaban ligadas por el escándalo del denominado « caso Ollero », en el que se investigaban judicialmente las comisiones que pagaron empresarios de la construcción a altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la Consejería de Obras Públicas durante la construcción de la Autovía del 92.
4.-En la cuarta egislstura (1994-1996) el PP solicitó tres e IU, una pero todas fueron abortadas al adelantar Chaves las elecciones andaluzas . Se investigó sobre la empresa pública Inturjoven , sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas. Se investigó a la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para trabajos de lucha contra incendios. Y se abrió una cuarta comisión de investigación relativa a los fondos de la comunidad invertidos en la Expo 92. Aquella fue la última, en setiembre del 95. Desde entonces ni una investigación más.
Precisamente, gracias al adelanto electoral, Chaves evitó que se investigara cómo un préstamo impagado por él mismo y 31 dirigentes socialistas más de Cádiz había sido hecho desaparecer contable e informáticamente de la Caja de Ahorros de Jerez, hoy Cajasol.
A pesar del gravísimo escándalo de los hermanos de Chaves, uno en una empresa y el otro concediendo contratos a dicha empresa o las irregularidades en el Parque Nacional de Doñana, jamás se ha investigado. De "luz y taquígrafos" a oscuridad total.
Desde 1995, catorce años, no ha habido ninguna comisión de investigación a pesar de los mil y un escándalos estallados en este tiempo.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, anunció ayer la solicitud en el Parlamento de Andalucía de tres comisiones de investigación sobre Mercasevilla, Atarfe y Astapa, tres casos de corrupción que afectan al PSOE en nuestra comunidad y sobre los que hay hechos ciertos y actuaciones judiciales que exigen una respuesta “clara y contundente” del gobierno de la Junta de Andalucía.
MERCASEVILLA
En relación con Mercasevilla, Sanz aseguró que “ya son muchos los dirigentes socialistas imputados por las actuaciones judiciales” en un caso en el que se investigan las irregularidades en la mayor operación urbanística de la ciudad de Sevilla así como el pago de comisiones para lograr subvenciones de la Junta de Andalucía. El secretario general del PP andaluz aseguró que el gobierno andaluz no está colaborando para esclarecer los hechos y ha negado una comisión de investigación en la Cámara a pesar de estar implicado el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla”.
ATARFE
En el ‘caso Atarfe’, localidad del área metropolitana granadina sobre cuyo alcalde está imputado por prevaricación urbanística y administrativa, irregularidades urbanísticas, malversación y cohecho. Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada, explicó que la Fiscalía ha aceptado cuatro denuncias por gravísimos indicios de delito.
Pérez aseguró que “el alcalde debería haber abandonado su cargo después de que hayan desaparecido cinco millones de euros en la venta de un terreno que valorado en 8,5 millones de euros y que fue vendido por el ayuntamiento en tres millones de euros”. El dirigente popular hizo referencia al ‘pelotazo urbanístico’ y los “magníficos beneficios para algunos particulares” que supone la venta de 5.600 metros cuadrados de suelo municipal a 60 euros el metro cuadrado que posteriormente se vende a entre 150 y 225 euros el metro cuadrado.
Agregó que, además, se ha duplicado la edificabilidad prevista en las normas urbanísticas y que mientras la ley establece un máximo de 75 viviendas por hectárea en Atarfe se han construido 430 viviendas.
Además, señaló que la propia Fiscalía muestra que las actuaciones delictivas han tenido lugar sin que haya habido controles externos. Por tanto, se preguntó dónde está la Junta de Andalucía, por qué ha mirado para otro lado y si ha existido complicidad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Atarfe y el PSOE. P érez recordó que desde 1994 se están conculcando normas urbanísticas en el municipio y no hay ni un solo expediente en contra de la Junta de Andalucía. Añadió que el PP solicitó una auditoría urbanística que le fue rechazada.
ASTAPA-ESTEPONA
El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, se refirió al caso Astapa como “claro ejemplo de financiación ilegal del PSOE en la provincia de Málaga”, ya que el sumario pone de manifiesto cómo en las operaciones urbanísticas de Estepona se llevaba a cabo el sistema de ‘tres tercios, uno para el ayuntamiento, otro para el PSOE y otro para el bolsillo”.
Bendodo señaló que casi la mitad de los alcaldes socialistas de la provincia de Málaga están imputados por irregularidades urbanísticas y recordó el caso Arcos, en Alcaucín, en el que se encontraron 160.000 euros en el colchón del alcalde, el caso Malaya en Marbella y el propio caso Astapa en Estepona. “La única diferencia entre Estepona y Marbella es que en Marbella el PSOE se sumó a la corrupción de Gil y en Estepona está en la corrupción desde el minuto uno”.
El presidente del PP malagueño indicó que el sumario del caso Astapa señala que se ha producido un desfalco que supera los 60 millones de euros, que la dirección socialista de Málaga conocía la situación y que la mitad de los militantes socialistas de Estepona fueron contratados por el ayuntamiento”. Por todo ello, Bendodo concluyó que “ el PSOE es la marca registrada de la corrupción en la provincia de Málaga”.
Chaves y las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz: el turno de Griñán
Manuel Chaves, en todo su mandato de 18 años , sólo ha aceptado dos comisiones de investigación cuando tenía mayoría absoluta y ninguna desde 1995, hace 14 años. Con ello, ha condenado a la oscuridad a una institución cuyo lema histórico es "luz y taquígrafos" . La última, sobre el asunto de su hija Paula Chaves y la empresa MATSA, ya fue también cosa de Griñán, que así se estrenaba en su gestión por la transparencia política.
En 27 años de autonomía los grupos parlamentarios, casi siempre de la oposición, han llegado a registrar 108 peticiones para abrir comisiones de investigación, de las que tan sólo ocho (un 7,4 por ciento de las reclamadas) se llegaron a constituir, y algunas ni siquiera se cerraron con un dictamen sobre los quienes, los cuántos o los por qués. Naturalmente ha sido el Partido Popular el que mayor número de iniciativas presentó en estos 27 años (un total de 63 peticiones de comisiones de investigación), seguida de Izquierda Unida (28 peticiones), reclamaciones que contrastan con las pedidas por el PSOE, que tan sólo registró tres comisiones de investigación y todas a instancias del propio Consejo de Gobierno. El resto, hasta las 108, fueron solicitadas por el Partido Andalucista, que trató de sumar fuerzas con IU, con los grupos centristas de la primera legislatura, o con los distintos grupos mixtos que se han constituido a lo largo de estos años.
Pero, claro, la primera vez que el PSOE perdió la mayoría absoluta, la oposición del PP e IU impuso cuatro comisiones de investigación, abortadas por el adelantamiento de las elecciones propiciado por Manuel Chaves. Tres comisiones fueron instigadas por el PP y una por la federación de izquierdas, y todas contaron con el voto en contra del PSOE. Se investigó sobre la empresa pública Inturjoven, sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas. Se investigó a la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para trabajos de lucha contra incendios. Y se abrió una cuarta comisión de investigación relativa a los fondos de la comunidad invertidos en la Expo 92 . Aquella fue la última, en setiembre del 95. Por eso, por ejemplo, nunca se pudo investigar por qué el propio Chaves y otros 31 dirigentes socialistas de la provincia de Cádiz no pagaron un préstamo de la Caja de Ahorros de Jerez que fue hecho "desaparecer" contablemente de la entidad. Desde entonces ni una investigación más.
Las ocho comisiones de investigación permitidas por el PSOE e impuestas al PSOE por la oposición fueron las siguientes
1. -En la primera legislatura (1982-1986), a instancias del Ejecutivo andaluz —presidido entonces por Rafael Escuredo— el Parlamento investigó las presuntas irregularidades detectadas en la Caja Rural de Jaén , caja controlada y fundada por el PSOE desde su dominio en la Diputación de Jaén desde 1979.
2 .-En marzo del 87, se investigó acerca de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía (entonces presidida por José Rodríguez de la Borbolla) del Edificio Presidente en Sevilla , donde se pretendió ubicar buena parte de las consejerías, entonces establecidas en onerosas oficinas de alquiler. Sólo por la estructura, la Junta pagó alrededor de 2.000 millones de pesetas, la oposición demostró que la edificación estaba tasada en 1.200 millones. Hubo sospechas de comisiones ilegales para el PSOE, se desvelaron irregularidades técnicas y fue el principio del fin de la era de Rodríguez de la Borbolla.
3.- En la tercera legislatura (1990-1994), la primera de Manuel Chaves como presidente del Ejecutivo andaluz, se constituyeron dos comisiones de investigación en el Parlamento , ambas solicitadas por el PSOE, entonces con mayoría absoluta. Aunque cada una investigaría un asunto, ambas estaban ligadas por el escándalo del denominado « caso Ollero », en el que se investigaban judicialmente las comisiones que pagaron empresarios de la construcción a altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la Consejería de Obras Públicas durante la construcción de la Autovía del 92.
4.-En la cuarta egislstura (1994-1996) el PP solicitó tres e IU, una pero todas fueron abortadas al adelantar Chaves las elecciones andaluzas . Se investigó sobre la empresa pública Inturjoven , sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas. Se investigó a la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para trabajos de lucha contra incendios. Y se abrió una cuarta comisión de investigación relativa a los fondos de la comunidad invertidos en la Expo 92. Aquella fue la última, en setiembre del 95. Desde entonces ni una investigación más.
Precisamente, gracias al adelanto electoral, Chaves evitó que se investigara cómo un préstamo impagado por él mismo y 31 dirigentes socialistas más de Cádiz había sido hecho desaparecer contable e informáticamente de la Caja de Ahorros de Jerez, hoy Cajasol.
A pesar del gravísimo escándalo de los hermanos de Chaves, uno en una empresa y el otro concediendo contratos a dicha empresa o las irregularidades en el Parque Nacional de Doñana, jamás se ha investigado. De "luz y taquígrafos" a oscuridad total.
Desde 1995, catorce años, no ha habido ninguna comisión de investigación a pesar de los mil y un escándalos estallados en este tiempo.