Las cuentas y las contrataciones de Mercasevilla y su Fundación, el corazón del tráfico de mercancías de la alimentación de Sevilla, reflejan un auténtico descontrol. Según el informe de la comisión auditora, la contratación de personal es otro de los puntos que dicho documento cuestiona. La auditoría, que acabará en manos de la juez del caso –Mercedes Alaya–, asegura que se constata “un exceso” de personal empleado en la Fundación de la empresa pública, con el consecuente gasto que implica la abultada plantilla para la entidad, de la que formaba parte la esposa del ex gerente Fernando Mellet.
Pero las irregularidades detectadas por el informe no sólo quedan ahí, sino que ahondan en el sistema de contratación. En este sentido, el informe señala que para contratar al personal no cualificado de la Fundación, la técnica empleada por la anterior directiva era la de una bolsa, de la que se iba llamando según las necesidades.
En cambio, para el personal cualificado el sistema cambiaba, hasta el punto de que era inexistente, pues la contratación se realizaba prácticamente a dedo. De hecho, el documento apunta al propio Mellet como el que se encargaba de esta elección “discrecional” del personal que accedía a la Fundación.
La auditoría, realizada con el asesoramiento de la empresa Deloitte, vuelve a incidir que este es otra de las cuestiones que eran ajenas a los órganos directivos, al igual que ocurría con el resto de la contabilidad de la Fundación Mercasevilla. De hecho, el informe destaca que la contabilidad de la Fundación se llevaba “con el mismo modo de operar” que con la empresa pública, de cuya gestión se había hecho gala en los últimos años tras la llegada a la misma de Mellet.
En este sentido, el informe destaca que en dicha entidad también se llevaron a cabo actos de aprobación de gastos y ordenación de pagos sin someterlos a ratificación. Es más, todas estas actuaciones “ni siquiera” se pusieron en conocimiento del Patronato de la Fundación, al que tampoco le han llegado a rendir cuentas por parte de los gestores de Mercasevilla.
Todos estas anomalías e irregularidades se tratarán hoy en el Consejo de Administración, que estudiará la disolución de la Fundación, pero también por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que recibirá toda esta documentación una vez que esté finalizada. Será ella quien determine si todas estas anomalías tienen alguna conexión con el presunto cobro de comisiones ilegales.
Fueron dos empresarios de La Raza quienes denunciaron los hechos tras grabar una conversación en la que Mellet y su adjunto Daniel Ponce les exigían 450.000 euros para hacer con la gestión de la Escuela de Hostelería. Fue la Junta de Andalucía la que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla.
El caso Lanzas: ajenos a la empresa presentes en las "comisiones ilegales"
Estos empresarios revelaron la aparición de un nuevo personaje desconocido y que acudía a las reuniones previas a la concesión de la subvención de Empleo como presunto intermediario. Se trata de Juan Lanzas, que, según Sánchez Cuerda, estuvo en las reuniones que se produjeron en la propia Delegación de Empleo y «se desenvolvía muy bien por los despachos y lo conocía todo el mundo». Juan Lanza, persona por la que la jueza Mercedes Alaya preguntó, estuvo en las tres o cuatro reuniones que se celebraron en Empleo. El empresario aseguró que sabía que era de Jaén por los comentarios que realizaba y que «tenía o participaba en una cooperativa de aceite e incluso le propuso que le comprara su aceite». Según el empresario, Lanza «tenía algún cargo en la Junta, como persona intermediaria y, en las reuniones, tomaba la palabra no sólo para hablar de la Escuela de Hostelería, sino también de la subvención.
Procedente del sindicalismo duro de los 80, Juan Lanzas era uno de los referentes provinciales de aquella UGT combativa, según informa Javier López. Desde la dirección jiennense de la federación alimentaria impulsó las movilizaciones convocadas en cárnicas Molina. Su eficacia y su mano izquierda le catapultaron a la ejecutiva regional, donde como secretario general de la federación de alimentación de la UGT-A se opuso a la venta de la envasadora Coosur a Aceites del Sur fraguada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante el segundo gobierno del PP. Aunque nunca ha estado en primera línea política mantiene una buena relación con el poder socialista jiennense.
Pero, una vez desaparecido de UGT, este Juan Lanzas se introdujo en la empresa privada aunque, al parecer, no quiere desvelar para qué empresa trabaja. Fuentes de Mercasevilla, apuntan a que Lanzas podría ser el hombre de Vitalia Consulting o Consultora Vitalia en la empresa municipal sevillana. Precisamente, Lanzas le reconoció a ABC que su trabajo se relaciona con la obtención de subvenciones, tema y meollo del caso Mercasevilla. Ni Antonio Rodrigo Torrijos, socio comunista de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento d Sevilla ni el mismo PSOE dicen haber oído hablar de él Sin embargo, era muy aigo del delegado de Empleo dela Junta en Sevilla, Antonio Rivas.
Recordatorio del caso
Pedro Sánchez Cuerda, uno de los empresarios de La Raza que fueron extorsionados por altos cargos de Mercasevilla, el PSOE y la Junta, según los hechos relatados en la instrucción, dijo que no sólo fueron conminados a pagar comisiones para obtener sus fines empresariales sino que, según los presuntos extorsionadores y altos cargos de Mercasevilla, el "pago del impuesto" era una práctica habitual en la Junta de Andalucía, que incluso ponía "baremos", por lo que sospechan que las comisiones se repartían entre directivos de la empresa y la administración autonómica.
Al empresario le pidieron 450.000 euros a cambio de adjudicarles la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. Según su testimonio, en la primera reunión que mantuvo con Ponce y con Regla Pereira (subdirector y secretaria), éstos le comunicaron que le habían concedido la subvención pero que tenía que comentarle dos cosas malas: la primera que la acometida eléctrica del edificio donde se iba a ubicar la Escuela no era suficiente y que era necesario contratar una nueva instalación de 150.000 euros, y la segunda, que La Raza "tenía que pagar una comisión o impuesto de 300.000 euros a la Junta. Textualmente le dijeron:«los que dan piden", según informa hoy toda la prensa andaluza, especialmente ABC y El Correo de Andalucía.
Cuando el empresario mostró su indignación por esa petición, Ponce le dijo que era "una cosa absolutamente normal y habitual en la Junta" y que ellos habían tenido unas experiencias similares llegando incluso a hablarles de "baremos sobre la cuantificación de comisiones". Según Sánchez Cuerda, Ponce le indicó que para que viera que el dinero no era para él, traería los 300.000 euros y los 150.000 de la acometida eléctrica "en un maletín a la reunión que tuvieran con una tercera persona y que luego abandonarían el despacho dejando el maletín allí".
Para convencer a los empresarios de la necesidad del pago de la comisión, uno de los directivos de Mercasevilla, le habló de que los catering que fueran a hacer Mercasevilla en un futuro o los de otras empresas públicas como Lipasam, los daría la Escuela de Hostelería y los beneficios que se obtuvieran serían para La Raza, que hasta entonces no servía en exclusiva ni a Empleo ni a Mercasevilla. Es el pasaje en el que Mellet cita a la presunta connivencia de otras personas vinculadas al Ayuntamiento, con el que "el tema estaría solucionado", como Enrique Castaño (ex consejero de Mercasevilla), Alfonso Mir (concejal y responsable político de Mercasevilla), Antonio Torrijos, máxima figura de IU en el Ayuntamiento y teniente de Alcalde o Manuel Marchena, ex gerente municipal de Urbanismo.