L D (Europa Press) En caso de que el CGPJ atienda finalmente al informe del Instructor -elaborado por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, a petición del propio Consejo- el juez Tirado tan solo sería amonestado con sanciones económicas de entre 300 y 3.000 euros por la tardanza en la ejecución de una sentencia contra Del Valle por un caso anterior de malos tratos por el que se le condenó a dos años de cárcel.
Por ello la Fiscalía eleva su calificación de los hechos considerando que el juez incurrió en una falta "muy grave" por la que podría ser sancionado con "la suspensión por hasta 3 años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ", es decir, la separación de la carrera judicial.
Tras analizar los hechos, el Fiscal constata que, "tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente Auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el Juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión".
No sólo el deber de juzgar, también el de ejecutar lo juzgado
Además, el Ministerio Público entiende que "en estas circunstancias -incomparecencia del penado, no suspensión de condena-, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes".
"La función jurisdiccional comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado", sentencia la nota difundida este martes por la Fiscalía en la que añade que "aunque es cierto que en la práctica intervienen en la ejecución de sentencias los distintos integrantes de la oficina judicial, el Juez tiene la obligación de controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto la sentencia".
"Si los jueces cometen errores y los pagan, todos viviremos más tranquilos"
El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, afirmó que la consideración de la Fiscalía "se ajusta más a la ley y a la justicia". En declaraciones a Europa Press, Cortés señaló que la decisión tomada por la Fiscalía le parece "un acierto", ya que "si cualquier ciudadano está sometido al cumplimiento de la ley, los jueces también tienen que deberse a su órgano interno que vela y que regula los errores que ellos cometen".
Cortés apuntó que calificar los hechos como "falta leve" si le parecía que estaba "en desacuerdo con la ley", a lo que denominó como "una burla a la justicia".
Por último, apuntó que este hecho concreto de que la Fiscalía constate que, "tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el juez Tirado no adoptara ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinara la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión", hace que el ciudadano, según Cortés, "pueda confiar en la justicia, ya que si los jueces cometen errores y los pagan, todos viviremos más tranquilos".