(Libertad Digital) El número de personas y empresas que presentaron en el primer semestre del año concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ascendió a 1.056, más que las 976 de todo 2007, debido sobre todo a las empresas constructoras e inmobiliarias y al alza de las insolvencias de particulares.
El número de familias que no pudieron asumir sus pagos y deudas en el segundo trimestre del año se ha multiplicado por más de cuatro en comparación con igual periodo 2007, cuando fueron 20 las familias que se encontraban en esta situación. En todo el año 2007, las familias reclamadas por sus deudores fueron 96, mientras que sólo entre abril y junio, fueron 89 los hogares que no pudieron afrontar sus deudas y se declararon en quiebra.
Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de deudores concursados (tanto familias como empresas) fue de 631 en el segundo trimestre, casi tres veces más que en igual periodo de 2007 (172 por ciento).
La crisis inmobiliaria, que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos meses, se está empezando a generalizar, ya que la mayor parte de las empresas concursadas (en quiebra o suspensión de pagos) durante el segundo trimestre, el 24,5 por ciento, tenían como actividad principal la industria, mientras el 22,9 por ciento se dedicaban a la construcción y el 19,2 por ciento a actividades inmobiliarias y servicios empresariales.
En concreto, en el segundo trimestre un total de 124 empresas de la construcción se declararon en quiebra o suspendieron pagos, cifra que multiplica por cuatro a la de igual periodo de 2007 y que es casi un 50 por ciento superior a la del primer trimestre de este año, cuando las constructoras concursadas fueron 83.
En lo que respecta al número de empleados, el 32,8 por ciento del total de empresas concursadas se concentra en el tramo de 10 a 49 asalariados y el 60 por ciento se encontraba en el tramo más bajo de volumen de negocio, menos de dos millones de euros, la mayoría de ellas sociedades de responsabilidad limitada. Además, el 86 por ciento no pertenecía a ningún grupo empresarial.
Según el tipo de concurso, 583 fueron voluntarios, un 194,4 por ciento más que el año anterior, y 48 necesarios, un 41,2 por ciento más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 150 por ciento en tasa interanual, mientras que los ordinarios repuntaron un 202 por ciento.
Cataluña fue la comunidad con mayor número de deudores concursados (140), seguida de Comunidad Valenciana (110), Galicia (70), Andalucía (65), Madrid (62) y País Vasco (44). Las tres primeras concentraron la mitad de los deudores concursados en el segundo trimestre. Por el contrario, las comunidades con menor número de deudores concursados en el segundo trimestre del año fueron Extremadura (con sólo dos deudores), Murcia (4), Cantabria (6) y Canarias y La Rioja, ambas con 9.
Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.