LD (M. Llamas) España padece un fuerte déficit de ahorro nacional, tanto público como privado, “haciéndonos más vulnerables que el resto de los países de nuestra órbita económica” a la compleja coyuntura económica internacional, según el último informe de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) bajo el título Inermes ante la crisis.
Y es que, “en España tenemos el dudoso honor de ser uno de los países con una mayor dependencia financiera del resto del mundo”, tal y como demuestra el abultado déficit de la balanza por cuenta corriente y de capital, que ha pasado de representar el 9,7 por ciento del PIB en 2007 a elevarse a niveles próximos al 12 por ciento en lo que va de año. Así, dicho indicador, que refleja la necesidad de financiación exterior del país, creció un 14,6 por ciento en los cinco primeros meses de 2008.
Además, la OCDE (organización que agrupa a las 35 economías más desarrolladas del mundo) prevé que el diferencial de inflación de España con respecto a la UE crecerá hasta los 1,2 puntos en el presente ejercicio. Algo que, “sin duda, perjudica y perjudicará en el futuro nuestra competitividad en los mercados exteriores. De hecho, en lo que va de 2008 nuestro índice de competitividad, medido en términos de coste laboral unitario, se ha deteriorado en 0,8 puntos”, según los analistas de FAES.
Más inflación respecto a la UE
“En este contexto, la relación entre la crisis económica y la situación de las finanzas públicas se hace especialmente relevante”, añade el estudio. Sin embargo, la política de gasto público aplicada por el actual Gobierno disparará el desequilibrio presupuestario y la buena salud de las cuentas públicas que España ha registrado a lo largo de los últimos años. Como resultado, la economía nacional dispondrá de menos garantías que en el pasado para poder afrontar con cierta solvencia las dificultades provenientes de la crisis financiera internacional.
“Los compromisos de gasto consolidables a futuro existentes en la actualidad son preocupantes y se situarían en torno a 275.000 millones de euros. Es decir, un 25 por ciento del PIB nominal actual”, añade.
Estas obligaciones de gasto se derivan, entre otras partidas, de las “obligaciones de inversión reconocidas en los Estatutos de Autonomía aprobados y pendientes de aprobación, especialmente los casos de Cataluña y Andalucía, así como del desarrollo de la Ley de Dependencia, que supondrán en torno al 1,5 por ciento del PIB, sin olvidar los eventuales efectos financieros de la negociación de los nuevos modelos de financiación autonómica y local, y los efectos compensatorios derivados de la pérdida de Fondos Estructurales y de Cohesión europeos en los próximos años, con un impacto sobre la inversión pública sobrecogedor, que, desgraciadamente, el Gobierno no ha percibido todavía en su verdadera magnitud”, indica el informe.
Déficit fiscal
Como resultado, “el superávit de las cuentas públicas desaparecerá antes de que termine 2008”. Además, “el déficit público al que nos vemos abocados es también el reflejo de ocurrencias electoralistas inefectivas ante la crisis y cuyo gran logro será aumentar aún más el diferencial de inflación con respecto a la UE-15”, según advierten los expertos de la entidad. De hecho, las previsiones de la UE muestran que el superávit español desaparecerá en 2009 mientras que la OCDE pronostica un déficit del 0,3 por ciento en este mismo año, en línea con lo avanzado por LD. Aunque las últimas previsiones elevan esta cifra por encima del 2 por ciento del PIB.
Y es que, por el momento, el Gobierno ha comprometido un gasto público extra próximo a los 70.000 millones de euros con el fin de atenuar la crisis económica que vive el país, frente a un exiguo ahorro en el conjunto de las cuentas públicas, tal y como avanzó LD.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2001 por el Gobierno del PP establecía un límite de gasto público, ya que permitía aumentos en la inversión, pero a costa de reducir otro tipo de gastos. En este sentido, “todos los artículos académicos recientes de política fiscal y crecimiento económico concluyen que el crecimiento se estimula mediante cambios en la composición del gasto público sin modificar el tamaño del sector público”.
Sin embargo, “frente a este curso de acción macroeconómica nuestro actual Gobierno ha tomado una línea de actuación contraria”, según los economistas autores del informe. El Gobierno ha modificado esta normativa relajando las “condiciones para mantener el equilibrio presupuestario”, al permitir un déficit del 0,5 por ciento del PIB para inversiones públicas y un 1 por ciento adicional para años en los que el crecimiento del PIB se situase por debajo de un umbral fijado por el propio Consejo de Ministros.
Esta relajación de los principios de la estabilidad presupuestaria, según los analistas, ha “descafeinado” la filosofía esencial de las bondades del equilibrio presupuestario, induciendo una “pérdida de la credibilidad internacional ganada por la introducción de la disciplina fiscal en 2001”.
Aumento de impuestos
De hecho, la consecución de superávit públicos durante la pasada legislatura se ha logrado “exclusivamente por un incremento constante y significativo de la presión fiscal, que ha pasado del 34,5 por ciento en 2004 al 37,1 por ciento en 2007”.
“Este incremento de 2,6 puntos de la presión fiscal se corresponde enteramente con el aumento de los impuestos sobre la renta, a partes iguales entre el de las personas físicas y el de sociedades”, indica el documento.
Mucho de ese incremento se debe a la “progresividad en frío” provocada por la interacción de la inflación y el IRPF, cuyo impacto recaudatorio en el periodo 2004-2007 se estima en más de 6.000 millones de euros. Estos impuestos sobre los rendimientos de la actividad económica son, precisamente, los “más perjudiciales para el crecimiento económico, pues reducen los incentivos a la inversión, al ahorro y la oferta de trabajo al mismo tiempo que disminuyen la disposición de los individuos y empresas a tomar riesgos y emprender actividades empresariales o profesionales, por lo que nuestro país hubiera logrado mayores tasas de crecimiento económico si no hubiese aumentado la presión fiscal”.
En definitiva, España ha logrado un superávit en el periodo 2005-2007 en base a un “aumento de la presión fiscal, en concreto de los impuestos directos, y no mediante la consolidación del gasto”. Este tipo de proceso de consolidación fiscal es “el menos duradero, puesto que los incrementos de la presión fiscal terminan por deteriorar el saldo presupuestario al inducir, más pronto que tarde, un incremento real del Gasto Público tal y como se observa en los compromisos de gasto asumidos por el Gobierno”, indica.
Por otro lado, “el retraso en más de año y medio en reconocer la crisis que entonces se avecinaba hará contraproducente toda actuación fiscal discrecional que no responda a un programa anticipado de actuación bien estructurado, coordinado y con un objetivo claro”, concluye.