(Libertad Digital) En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martín explica que la solicitud de suspensión de pagos ha sido presentada en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y que esta decisión “no afecta a su capacidad legal y personal para continuar dirigiendo Martinsa-Fadesa”.
En la información enviada al organismo regulador, el empresario asegura que la gestión de la inmobiliaria es un “proyecto con el que sigue plenamente comprometido, y por el que sigue trabajando para elaborar un plan de viabilidad y de pagos que permita, tan pronto como sea posible, la firma del correspondiente convenio a la compañía”.
Esto significa que sus débitos con las compañías acreedoras, los bancos que lo han avalado personalmente, sus gastos ordinarios como la luz, el gas, el teléfono o el agua quedan intervenidos hasta que el juez resuelva mediante un auto si acepta o no dicha solicitud. Lo que sí se suspende de forma automática es el devengo de intereses.
Según informa La Gaceta de los Negocios, en el caso de que el juez acepte la insolvencia de Martín, se presentará un inventario detallado de todos sus bienes con los valores de compra y los precios de mercado actuales, así como una lista actualizada de acreedores con las correspondientes garantías. A continuación, el juzgado nombraría tres administradores, debido al gran volumen patrimonial del empresario.
Fuentes jurídicas aseguran que el activo de Fernando Martín asciende a 150 millones de euros, aproximadamente, con un pasivo que ronda los 60 millones. Expertos mercantiles señalan que el objetivo del presidente de Martinsa es evitar las ejecuciones de los avales que tiene prestados, es decir, que los acreedores de la empresa no puedan cobrar una parte de lo que les pertenece a través del patrimonio personal de Martín.
Esta solicitud es independiente de la presentada en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, que ha declarado en situación de concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), al grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa y ha nombrado a tres administradores concursales.
Al admitir el concurso voluntario, el juez no puede embargar los bienes de los gestores. Pero la decisión de Martín de declararse insolvente no es para evitar responder por su gestión al frente de la compañía, sino para evitar la ejecución de sus avales personales.