(Libertad Digital) El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha dicho que el recurso del Gobierno contra su referendúm ilegal "es un ataque directo a nuestra autonomía y supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno político, dejando a las instituciones vascas indefensas".
El lehendakari ha comparecido en Vitoria, acompañado por los consejeros de su Gobierno PNV-EA-EB, tras publicarse la ley de consulta en el Boletín Oficial del País Vasco y conocerse que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso contra esta Ley, lo que provoca su suspensión.
Ibarretxe ha centrado sus críticas en el presidente Rodríguez Zapatero, que "ha ejecutado su amenaza", al presentar el recurso en una "decisión extraordinaria y desproporcionada, que va en contra de las democracias vasca y española".
Además, ha pedido al TC que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley antes del 15 de septiembre próximo, fecha en la que según el calendario previsto por el lehendakari tenía previsto convocar oficialmente la consulta, para celebrarla el 25 de octubre.
Según Ibarretxe, la actuación del Gobierno "impide que la sociedad vasca pueda expresar su opinión sobre materias tan trascendentales como la búsqueda de la paz". El lehendakari, que ha arremetido contra Zapatero, ha vuelto a exigirle que explique a la sociedad vasca "el interés que tiene por suspender una iniciativa tan legal y democrática como la celebración de una consulta; el interés que tiene en admitir el diálogo con ETA y no con los representaciones legítimos del gobierno vasco".
Para Ibarretxe la suspensión del su desafío supone "un ataque directo a nuestra democracia" y "deja a las instituciones vascas indefensas" ante, las que ha calificado, como "decisiones caprichosas" del Ejecutivo de Zapatero. "Resulta muy poco explicable desde los principios democráticos que la sola voluntad de Zapatero suspenda la voluntad del Parlamento vasco y por tanto de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Un gobernante debería medir más sus decisiones y actos que sólo pueden ser entendidos como signos de prepotencia".
El lehendakari ha incidido en que su referéndum secesionista se trata, dice, "de una consulta popular no vinculante" y por tanto "es un derecho humano". "Los españoles no pueden decidir por todos los vascos", ha proclamado Juan José Ibarretxe.
Después, Ibarretxe ha pasado a leer de manera solemne lo acordado por el consejo de gobierno, que "considera de extrema gravedad la paralización política de una consulta popular no vinculante cuyo objetivo es conocer la opinión de la sociedad vasca, y quiere denunciar este veto político que pretende impedir el libere ejercicio de la participación de la sociedad vasca". Es este consejo de gobierno el que también ha instado al TC a dictar sentencia antes del 15 de septiembre. "En caso de no dictarse sentencia antes del 15 de septiembre instamos al TC a que levante inmediatamente la suspensión de la consulta".
Pero lo más grave es que, según ha anunciado Ibarretxe, seguirán preparando la "consulta" con "toda normalidad" haciendo caso omiso a la suspensión decretada por el Alto Tribunal. Y es que según Ibarretxe, "estamos respondiendo ante una medida absolutamente desproporcionada. Tenemos 7.000 años como pueblo. Responderemos con firmeza y responsabilidad. No sé que pueblos va a haber dentro de 500 años en Europa, pero sé que el vasco estará".
Con el tono desafiante que mantuvo durante la comparecencia, Ibarretxe dijo que todavía no había oído "ni un solo argumento jurídico político y democrático" en contra de su referéndum ilegal. Según el presidente del gobierno regional su plan está avalado por la doctrina del Tribunal Europeo del Derechos Humanos. "No es este loco, este sujeto alocado independentista, secesionista, es el Tribunal Europeo del Derechos Humanos", dijo Ibarrtexe.
Se suspenderá la vigencia de la ley cuando lo admita a trámite el TC
El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha presentado este martes en el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno. El recurso presentado por la Abogacía del Estado, tras recibir hoy mismo la orden del presidente del Gobierno, se fundamenta en tres motivos: la vulneración de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva para autorizar una consulta popular, la violación del espíritu constitucional de unidad y soberanía nacional y el incumplimiento del reglamento del Parlamento vasco en la tramitación.
Además, invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, pero establece que el Tribunal, en su caso, deberá ratificar esa suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Una vez transcurrido ese plazo, el TC podría decidir mantener o levantar la suspensión de la ley, pero no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto.
En el momento en el que el Tribunal Constitucional admita a tramite el recurso, algo que seguro hará, declarará suspendida la vigencia de aplicación de la ley impugnada con efectos desde el día de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco, es decir desde hoy, 15 de julio de 2008. Tras la presentación del recurso, Joaquín de Fuentes Bardají, ha señalado que espera que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional se decida antes de agosto.
