LD (M. Llamas) “La reciente expansión crediticia que hemos sufrido en España ha dado lugar a una burbuja inmobiliaria caracterizada por la inflación de precios de estos inmuebles y por la excesiva concentración de los activos bancarios en sectores relacionados con la construcción”.
Además, “los bajos tipos de interés han favorecido un crecimiento de la deuda privada sin parangón en nuestra historia, lo que hace surgir dudas razonables sobre qué cantidad de toda esa deuda está siendo utilizada para usos productivos y, por consiguiente, podrá ser pagadera”. De este modo, comienza el último informe del OCE Endeudamiento y capacidad de servicio de deuda en España (1989-2007).
Desde 2002, España ha experimentado un “vertiginoso aumento de la deuda vida, que ha pasado de representar el 212 por ciento del PIB en 2002 al 344 por ciento en 2007”. Así, mientras que en 2002 la economía española necesitaba aproximadamente 2 años, 1 mes y 14 días para amortizar toda la deuda acumulada, a finales de 2007 el período de amortización se elevó a 3 años, 5 meses y 11 días, según dicha entidad.
¿Pero España ha invertido bien toda esta cantidad de dinero? Es decir, ¿se han efectuado inversiones rentables? Para ello, el OCE analiza la capacidad de servicio de la deuda viva a partir de la producción actual (PIB). Dicho de otro modo, cuántos euros de renta genera la economía (producción) por cada euro de deuda existente.
El servicio de la deuda cae un 8 por ciento anual desde 2002
Así, una capacidad de servicio del 200 por cien implica que cada euro de deuda logra generar hasta dos euro de PIB y que, por tanto, con la mitad de la renta actual la economía nacional podría amortizar la totalidad del endeudamiento acumulado.
Según el estudio, España ha experimentado a lo largo de los último años una pérdida continuada de la capacidad de servicio de su deuda contraída. Sobre todo, a partir de 2002, cuando registra descensos próximos al 8 por ciento anual.
En concreto, “desde 1989, la capacidad de servicio de la deuda española ha caído desde el 50,73 por ciento hasta el 29,05 por ciento (una reducción del 42,7 por ciento)”. Sin embargo, hay que diferenciar dos etapas, según el OCE: “Desde 1989 hasta 2002, el servicio de la deuda experimenta un descenso medio anual del 0,51 por ciento, mientras que entre 2002 y 2007 la caída anual es del 7,7 por ciento (pasa del 45,6 al 28,2 por ciento)”, advierte.
Dicha “abrupta caída” coincide, según estos expertos, “con una época en la que los tipos de interés eran muy reducidos (inferiores al 3 por ciento), lo que incentivaba la creación de nueva deuda para acometer inversiones adicionales que, si bien presentaban un coste financiero muy bajo, también generaban un bajo valor añadido”.
De este modo, el informe advierte que, sobre todo, desde 2002, España dispara “la creación de deuda de peor calidad y, por consiguiente, las malas inversiones, coincidiendo con el burbuja inmobiliaria (sobrevaloración de la vivienda)”.
Construcción y servicios acumulan la peores inversiones
De hecho, la construcción y el sector servicios (en donde se incluyen las empresas inmobiliarias) concentran la mayor caída de la capacidad de servicio de la deuda. Según el OCE, “ambas actividades han emprendido a lo largo de los últimos años inversiones con un decreciente valor añadido, que sólo resultaban rentables gracias a unos tipos de interés artificialmente bajos”.
El informe afirma que la evolución “claramente descendente de la capacidad de servicio de la deuda indica que en España se ha creado un gran porcentaje de deuda de mala calidad que en buena medida resultará impagada”. Además, “buena parte de esos impagos se observarán, probablemente, en sectores relacionados con la construcción y los servicios inmobiliarios”, añade el estudio.
Solución: Menos impuestos y menos gasto público
Según el OCE, resulta “imprescindible amortizar esta enorme cantidad de deuda viva para evitar la tan temida contracción crediticia (credit crunch)”. Un objetivo que tan sólo puede lograrse “incrementando la renta disponible de los individuos mediante rebajas generales de impuestos y reducciones del gasto público”, advierte la entidad.
El estudio concluye que “las rebajas fiscales no deben instrumentarse mediante déficits presupuestarios, ya que ello equivale a incrementar la deuda pública, justo en un momento en el que el mayor problema es que ya existe un exceso de deuda impagable”.
