LD (M. Llamas) La venta de viviendas ha caído entre un 50 y un 60 por ciento desde septiembre de 2007, como consecuencia de la desaceleración económica y del parón de actividad que desde el pasado verano experimenta el mercado residencial.
Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, que además cifró en alrededor de 500.000 el número de viviendas que en la actualidad se encuentran en "stock". Es decir, pendientes de venta. Ante la “grave situación” que vive el sector, la asociación (que forma parte de la patronal empresarial CEOE) presentó ayer al secretario de Estado de Economía, David Vergara, un "plan de choque" con medidas "urgentes" para favorecer el acceso a la vivienda y el empleo, tal y como avanzó Libertad Digital.
Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, que además cifró en alrededor de 500.000 el número de viviendas que en la actualidad se encuentran en "stock". Es decir, pendientes de venta. Ante la “grave situación” que vive el sector, la asociación (que forma parte de la patronal empresarial CEOE) presentó ayer al secretario de Estado de Economía, David Vergara, un "plan de choque" con medidas "urgentes" para favorecer el acceso a la vivienda y el empleo, tal y como avanzó Libertad Digital.
El objetivo del plan consiste, sobre todo, en facilitar financiación, tanto a compradores como a inmobiliarias, ante la restricción de préstamos existente en el mercado. Los promotores piden que el ICO apruebe una nueva línea de financiación pública para la adquisición de vivienda libre, similar a la aprobada el pasado viernes por el Gobierno.
Así, el Ejecutivo decidió ampliar de 3.000 a 5.000 millones de euros una línea de avales públicos para financiar hipotecas destinadas a la compra de VPO. Sin embargo, dicha línea (dirigida a bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) también incluye la posibilidad de conceder préstamos a promotores y constructores, mediante la reinversión de los fondos obtenidos a través de la venta del tramo avalado por el Estado. Sin embargo, tal cuantía tan sólo cubriría la adquisición de unas 50.000 viviendas, según Chicote.
La ampliación presentada por la patronal implica, en esencia, facilitar una nueva vía de financiación crediticia, no sólo a aquellos particulares que pretendan adquirir un inmueble en el mercado libre, sino a todas aquellas empresas inmobiliarias cuya actividad no se centra en la VPO. En este sentido, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, no ha descartado extender dichos avales al sector inmobiliario de la vivienda libre, según APCE.
Congelación temporal de hipotecas
Además, el Ministerio de Vivienda se ha mostrado favorable a facilitar créditos blandos (financiación cualificada) a lo promotores con el objetivo de urbanizar suelo destinado a la construcción de VPO. “Se entiende que esta modalidad de financiación va a ser necesaria, pues, es mucho el suelo de reserva que deberá ser urbanizado” para cumplir la promesa electoral de iniciar 150.000 viviendas protegidas al año, añade APCE.
Otra de las medidas estrella presentadas por la patronal consiste en la creación de una "nueva categoría" de vivienda protegida de precio limitado, intermedia entre la libre y la de precio concertado. APCE ha solicitado al Gobierno que los compradores de este tipo de inmuebles “tengan la garantía de que el tipo de interés aplicable a su préstamo hipotecario no subirá” por encima del que corresponde a la VPO.
Es decir, que el Estado subsidie, durante un periodo determinado (cinco años), el diferencial que pueda existir con el tipo de interés propio del mercado (Euribor más el margen que cobra el banco).
Los créditos para VPO son préstamos cualificados que ofrecen unas mejores condiciones en cuanto a los tipos de interés, comisiones y duración del préstamo que los dedicados a vivienda libre. Sus condiciones están pactadas entre las entidades financieras (sobre todo, Cajas de Ahorro) y el Ejecutivo.
Más VPO
Además, la patronal pide al Gobierno que las viviendas nuevas que no se hayan vendido puedan ser calificadas como protegidas, sin tener que esperar al menos un año, tal y como establece el actual Plan de Vivienda Estatal. De este modo, las VPO así calificadas “podrán enajenarse en las condiciones aplicables a la vivienda usada”. Así, los compradores podrían beneficiarse de nuevas subvenciones públicas en la adquisición de este tipo de inmuebles.
Entre otras medidas, los promotores apuestan por actualizar, durante un plazo de tres años, las bases de aplicación de la deducción fiscal en el IRPF por adquisición de vivienda, fijadas en e1998 en 9.015 euros, “al menos con la inflación (IPC)”, así como rebajar sus retenciones fiscales.
También apuestan por ampliar las deducciones de IVA para la rehabilitación de viviendas existentes, revisar el Precio Básico Nacional de VPO para que sea viable en toda España (es decir, un modelo de elevación de módulo similar al aplicado en Madrid), o ampliar las deducciones fiscales a aquellas personas que compren una segunda vivienda (no habitual), “con la condición de que la cedan en arrendamiento durante un plazo mínimo de cinco años”.