LD (M. Llamas) Ni rastro de crisis. Sin embargo, el “primer plan de choque” del Gobierno para paliar la “desaceleración” inyecta directamente al mercado 10.201 millones de euros en 2008 y otros 8.000 para 2009. Estas medidas, sumadas a otras ya aprobadas, elevan la inyección pública de liquidez en el mercado a más de 34.000 millones de euros (el 3,4% del PIB nacional). Solbes reconoce que el PIB crecerá en torno al 2,3% en 2008, frente al 3,1% previsto. El adelanto en la eliminación del Impuesto de Patrimonio a 2008 y la ampliación gratuita de hipotecas hasta 2010 son las principales novedades del rescate de Solbes.
¿Crisis? ¿Qué crisis? El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha eludido en todo momento tildar de crisis el creciente deterioro que padece la economía nacional. Pese a ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un “primer paquete” de medidas urgentes para paliar la “desaceleración” económica. Solbes ha cuantificado el coste de este rescate publico en 10.201 millones de euros.
Sin embargo, el cómputo global de las medidas aprobadas hasta el momento por el Gobierno para reactivar la actividad económica se eleva ya a cerca de 34.000 millones de euros. Es decir, casi el 3,4 por ciento del PIB nacional. Frente a la ausencia del término “crisis” en el discurso del vicepresidente económico, Solbes ha reiterado en varias ocasiones la inexistencia de “liquidez” en el mercado.
“Liquidez", "liquidez" y "liquidez...”. Hasta tal punto esto es así, que el Gobierno ha decidido inyectar directamente al mercado español 34.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas, en concepto de deducciones fiscales, anticipos presupuestarios y ampliación de avales públicos. Y ello, con el objetivo de ayudar a las familias hipotecadas y, sobre todo, al debilitado sector de la construcción que, hasta ahora, se erigía como el principal motor económico del país a lo largo de la última década.
Tal y como reconoce el propio Ejecutivo, este “primer paquete”, que no el último, gira en torno a dos ejes básicos: “Uno social, de protección de trabajadores, empresas y familias ante el nuevo escenario económico; Y otro, económico, consistente en impulsar la economía por vía presupuestaria en esta fase de menor crecimiento”. Es decir, Solbes reconoce que tales medidas urgentes tendrán un sustancial impacto sobre las cuentas públicas, en tanto reducción de superávit e, incluso, posible llegada del déficit público a corto plazo. Sin embargo, el ministro ha evitado cuantificar dicho coste. “Las cuentas se revisarán en junio”, advierte.
Pese a ello, ha reconocido que, “en un escenario más pesimista”, el PIB nacional apenas crecerá un 0,5 por ciento más que “los países de nuestro entorno”. Es decir, Solbes ya contempla la posibilidad de que la economía nacional apenas avance un 2,3 por ciento en 2008 frente a su previsión inicial del 3,1 por ciento con la que elaboró los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, las cuentas públicas previstas por el Gobierno para el presente ejercicio han quedado del todo obsoletas, tal y como avanzó ayer Libertad Digital.
El paquete de medidas aprobado hoy por el Gobierno incluye:
1. Devolución de 400 euros del IRPF:
El Gobierno ha aprobado la nueva deducción de 400 euros en el IRPF que se aplicará a asalariados, pensionistas y autónomos. “La medida empezará a aplicarse en las nóminas del mes de junio con una rebaja de las retenciones de 200 euros. A partir de julio se reducirán las retenciones cada mes en la cantidad correspondiente: otros 200 euros y, en su caso, la cantidad no reducida en la nómina de junio” (para aquellos cuya retención sea inferior a 200 euros).
Pese a este anuncio, persisten las dudas acerca de su implementación real. El coste de esta medida asciende a 6.000 millones de euros, según el Ejecutivo. El equivalente al 0,9 por ciento de la renta disponible de las familias.
2. Eliminación anticipada del Impuesto de Patrimonio:
La desaparición de dicho tributo estaba prevista para 2009. Sin embargo, la gravedad de la “desaceleración” económica que vive el país ha precipitado su aplicación, para que sea efectiva a partir del 1 de enero de 2008. Supondrá un ahorro fiscal, es decir, coste para las arcas públicas, de 1.800 millones de euros. De esta forma, este año será el último en el que se presente la declaración de este tributo.
3. Ampliación de hipotecas:
El plan contempla ayudas a las familias con hipotecas, que podrán alargar los plazos de amortización de su crédito hipotecario sin coste alguno. La novedad de esta promesa electoral es que tan sólo estará vigente durante los dos próximos años (hasta 2010). Entrará en vigor el próximo mes de mayo. Y a ella se podrán atener “todas las personas físicas que quieran alargar el plazo de sus hipotecas sobre su vivienda habitual” para poder reducir sus cuotas.
En principio, el Ministerio de Economía y Hacienda había anunciado que a esta medida podrían acogerse las familias con especiales dificultades, pero finalmente podrán beneficiarse de ella todas las personas físicas que deseen alargar el plazo de sus créditos hipotecarios.
Además, prevé la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en operaciones de ampliación de plazos hipotecarios. Según los cálculos del Gobierno, para una hipoteca de 150.000 euros los costes que se ahorrará el ciudadano por ampliar sus plazos serían de 328 euros, de los que sólo tres euros corresponden al gasto que asume el Ejecutivo, los correspondientes a AJD. La mayor parte de esta cuantía la deberán asumir las entidades financieras (150 euros por comisión bancaria en una hipoteca de 150.000 euros); los notarios (90 euros), y los registradores (85 euros).
En este sentido, el Gobierno está “ultimando un compromiso con las entidades de crédito para eliminar los gastos financieros asociados a la ampliación del plazo de amortización” de las hipotecas. Asimismo, el Ejecutivo promoverá “urgentemente los acuerdos y las medidas oportunas para eliminar también los gastos registrales y notariales”.
En este sentido, el Gobierno está “ultimando un compromiso con las entidades de crédito para eliminar los gastos financieros asociados a la ampliación del plazo de amortización” de las hipotecas. Asimismo, el Ejecutivo promoverá “urgentemente los acuerdos y las medidas oportunas para eliminar también los gastos registrales y notariales”.
4. Apoyo financiero a las pymes:
El plan prevé mejorar la liquidez de las empresas, a través del incremento de 2.000 mil millones de euros de los avales del Tesoro para la titulización de créditos a pymes. Así, los préstamos públicos a este fin se elevarían a 3.000 millones de euros en total.
5. Devolucion mensual de IVA:
Se modifica el sistema de devoluciones del IVA que, a partir de 2009, podrá ser mensual para las empresas, en lugar de ser una devolución anual a partir de enero del próximo año. Ello supone un anticipo fiscal de 6.000 millones de euros en total, con el fin de “mejorar la liquidez de las empresas”.
6. Rebajas fiscales para rehabilitar viviendas:
Además, el Gobierno modifica la Ley del IVA para mejorar el tratamiento fiscal en la rehabilitación de edificios como incentivo tributario específico para el sector de la construcción. En concreto, se podrá recuperar el IVA soportado en este tipo de actuaciones. Las obras realizadas en un edificio se considerarán rehabilitación cuando su coste supere el 25 por ciento del precio de adquisición del inmueble, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo.
7. Recolocación de parados:
El plan económico incluye además el llamado plan de recolocación de desempleados que, con un coste de 201 millones de euros, permitirá a las oficinas de los servicios públicos de empleo contratar a 1.500 orientadores y ofrecerá una ayuda extraordinaria de 350 euros mensuales durante un máximo de tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral, y cuyas rentas sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 (516,9 euros mensuales).
Uno de los requisitos para cobrar esos 350 euros es que no se reciba ningún tipo de prestación social. Además de esa ayuda, habrá otras para la movilidad de los trabajadores (a partir de 100 kilómetros de su lugar de residencia), para cubrir gastos de mudanza, de alojamiento y de guardería o atención de personas dependientes.
Dicho plan tiene un "marcado carácter temporal", según el departamento que lo ha diseñado (Ministerio de Trabajo). Además, no sólo se aplicará a los parados de la construcción y de los servicios inmobiliarios, sino que beneficiará a todos los desempleados. En un principio, la idea del anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, era que sólo afectará a los parados de la construcción, pero ante las peticiones de los sindicatos, decidió ampliarlo a todos los apuntados en los servicios públicos de empleo.
Según fuentes del Gobierno, esos 201,32 millones de presupuesto podrían ser ampliados si fuera necesario e, incluso, se podrían dar nuevas dotaciones para ejercicios posteriores a 2008.
Dicho plan tiene un "marcado carácter temporal", según el departamento que lo ha diseñado (Ministerio de Trabajo). Además, no sólo se aplicará a los parados de la construcción y de los servicios inmobiliarios, sino que beneficiará a todos los desempleados. En un principio, la idea del anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, era que sólo afectará a los parados de la construcción, pero ante las peticiones de los sindicatos, decidió ampliarlo a todos los apuntados en los servicios públicos de empleo.
Según fuentes del Gobierno, esos 201,32 millones de presupuesto podrían ser ampliados si fuera necesario e, incluso, se podrían dar nuevas dotaciones para ejercicios posteriores a 2008.
8. Créditos públicos para VPO:
Asimismo, se incrementa en 2.000 millones de euros, hasta un total de 5.000 millones, la línea de avales del ICO para la titulización de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda protegida. El objetivo es dar fluidez a los mecanismos financieros que facilitan la adquisición de este tipo de viviendas.
9. Más obra pública:
El plan habilita además a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a analizar trimestralmente el grado de ejecución de la obra pública para proponer, en caso necesario, las medidas oportunas para acelerarla, incluida la reasignación presupuestaria dentro de cada Ministerio.
Hasta el momento, el Ministerio de Fomento ha anticipado la licitación de obra pública por valor de 12.000 millones de euros, bajo el argumento de “reactivar la economía” y, en especial, el sector de la construcción.
10. Vivienda Protegida:
El Gobierno también ha reiterado su objetivo de facilitar la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año para mantener la actividad residencial ante la crisis de ventas y financiación que padecen los promotores. A tal fin, convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda. La Conferencia también analizará las vías para promover la rehabilitación y mejorar la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.
11. Deuda pública:
El programa económico del Ejecutivo mejora también la fiscalidad de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija para los no residentes, ya que no tendrán que tributar ni estarán sujetos a retenciones por los intereses percibidos. El objetivo de esta iniciativa es atraer inversión extranjera. Y es que, en la actualidad, casi la mitad de la deuda pública nacional está en manos de inversores foráneos.
Medidas anticíclicas
De momento, el plan "anticíclico" del Gobierno supone un coste de 10.000 millones de euros y otros 8.000 millones previstos en 2009. Sin embargo, hasta el momento, implica un gasto público mínimo de 34.001 millones de euros, en concepto de inyección directa por parte del Gobierno. Y eso, que se trata del “primer plan de choque”.
De este modo, Solbes se acaba de convertir, prácticamente, en el banquero principal del Reino. Pese a ello, según los cálculos de Solbes, esta "primera" inyección pública elvará el PIB nacional en 2 ó 3 décimas.