LD ( V. Gago) El Ministerio de la señorita Aído nace sin presupuesto y sin más estímulo que el de taconear la propaganda; pero faena, lo que se dice tajo para lograr la Igualdad, no ha de faltarle. En cuanto uno o un millón de ciudadanos afrentados por la desigualdad de las Leyes de Rodríguez Zapatero y sus aliados pasen por delante de la placa de su portal y lean, en reluciente burilado: "Ministerio de Igualdad", empezarán a amontonárseles las peticiones de audiencia, las instancias, los exvotos y las antiguas recomendaciones que obraban milagros en los ministerios franquistas y ahí siguen, creando prodigios en los de Chaves. Si uno fuera el consejero delegado de Kio, ya estaría enviándole un fax –caso de que el Ministerio de la señorita Aído tenga algo más que el nombre, la placa y traje de faralaes entre sus pertrechos– para explicarle lo que es la desigualdad ante el Tribunal Constitucional. El caso de Los Albertos sería una acrobática forma de saltar de la ciencia del zapateado flamenco al arte del caracoleo judicial. Ningún otro desafío la iniciaría con más brío en las vicisitudes de la Igualdad.
Si fuera Carmelo González, el padre que hizo huelga de hambre para poder escolarizar en español a su hija en Cataluña, correría para ser de los primeros en pedir amparo a la flamante ministra de Igualdad, a la que ilustraría sobre cómo se las gastan en desigualdad algunas autoridades autonómicas.
Si fuese el padre de Diego Estacio o de Carlos Palate, los dos obreros ecuatorianos asesinados por ETA el 30 de diciembre de 2006, pediría a la ministra de Igualdad un trato igualitario con los concejales y alcaldes de ANV-ETA que entraron en las instituciones gracias a la negociación secreta que Zapatero mantuvo con los terroristas después del asesinato de sus hijos, mientras mentía a la población proclamando el final de los contactos con la banda.
Puestos a velar por la Igualdad, ¿qué bien más preciado y digno del celo protector que la igualdad de todos, hombres, mujeres y personas humanas, ante la Ley? A decir verdad, es la única Igualdad que, en manos de un Gobierno, no produce escalofríos. Y sería un detallazo que Zapatero hubiese comprendido, al fin, que se necesita todo un Ministerio dedicado en exclusiva a la tarea de restaurar la única Igualdad relevante en un Estado de Derecho y la única que sus políticas y sus alianzas han deshecho.
Lo demás, la igualdad de unos y no la de otros, la de mujeres y no la de hispano-hablantes en Cataluña, la de las minorías identitarias del sexo pero no la de la mayoría acosada por defender su derecho a transmitir a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, sería erigir un Ministerio de la Discriminación, como señala Raúl Vilas, un engendro autoritario propio de 1984, donde las mentiras empiezan invirtiendo los nombres, que es como se miente en todas las dictaduras.
La portavoz de UPyD fue la única que habló de Igualdad, es decir, de igualdad ante la Ley, durante el reciente debate de Investidura. Hasta ahora, esa antorcha la portaba el PP. Pero se ve que la única antorcha que ahora arde en ese partido es la antorcha olímpica de Madrid 2016.
Rosa Díez centró su discurso en la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de elegir el idioma en el que quieren escolarizar a los niños, o de tener seguridad de que los tribunales decidirán con la Ley en la mano, una Ley igual, clara, suficiente, directa, unívoca, sin dobleces, ni intérpretes mágicos, ni destinatarios privilegiados –en Derecho, a destinatarios privilegiados de la Ley, corresponde siempre la existencia de destinatarios machacados por ésta–, ni polvo del camino en las togas. Es, tal vez –o sin el tal vez–, el asunto más urgente que tiene sobre la mesa este o cualquier otro Gobierno.
No hay libertad sin Justicia, y no hay Justicia si derechos y obligaciones no son iguales para todos, empezando por el Estado y sus gobernantes. La Igualdad es lo único prioritario hoy en España, es cierto. Igualdad verdadera, de la buena, igualdad ante la Ley y no por medio de ésta, ese pequeño gran detalle que distingue un Estado de Derecho de un Estado como Sea.
Y lo que quede de igualdad en España, puede irse por el sumidero, si prosperan los planes de asaltar el poder judicial y el Tribunal constitucional. Ya ha anunciado este domingo José Antonio Alonso, el nuevo portavoz parlamentario socialista, que estos dos asuntos, CGPJ y TC, son urgentes y los antepondrá a cualquier otro objetivo en su primera reunión con la portavoz del PP, que se celebrará el próximo jueves 17 de abril.
Después de 30 años de democracia, la riqueza entra por la puerta –por algunas más que por otras–, mientras la Justicia salta por la ventana. ¿Vale la pena el canje? Los españoles han decidido que sí. No está muy claro que la opción del PP, que es la de los Estatutos de Valencia y Andalucía, la del señor Camps y la del señor Arenas, pero también la del Plan de Empleo sólo para canarios apoyada por el PP, o la del fomento de la televisión en portugués en Galicia, igualmente apoyada por los populares, significase una alternativa a favor de la auténtica Igualdad.
Para gente como los españoles, Benjamín Franklin tenía un bonito epitafio, no por archi-conocido menos pertinente: "Quienes entregan su libertad para obtener un poco de seguridad temporal, no merecen ni una ni la otra".