LD (M. Llamas) El plan ideado por el Gobierno para rescatar a los promotores y constructores en dificultades tiene visos de convertirse en el próximo Bear Stearns a la española, pero en materia inmobiliaria. Las empresas del sector padecen desde el pasado verano una profunda crisis del solvencia, debido al frenazo en seco en la venta de viviendas y a la creciente restricción del crédito por parte de bancos y cajas.
El resultado de este particular proceso se ha traducido en una oleada de quiebras que, a su vez, amenaza con golpear a las entidades de crédito más expuestas a la actividad del ladrillo. El Gobierno, pese a negar reiteradamente las alarmas de crisis en el sector, acude ahora en ayuda de los que, hasta hace poco, generaban uno de los principales problemas del país : La especulación urbanística.
De momento, el Gobierno ha puesto ya encima de la mesa una cifra superior al superávit público logrado en 2007 a disposición de los promotores y constructores. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) lanzó el pasado miércoles una línea de avales por un importe de 3.000 millones de euros para la titulización de préstamos de vivienda de protección oficial (VPO), cuyo objetivo es apoyar la financiación de vivienda protegida, una de las principales prioridades del Gobierno.
Esta iniciativa, denominada Línea de Avales ICO-FTVPO, está dirigida a bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sucursales abiertas en España por entidades de crédito extranjeras que estén sometidas a la supervisión del Banco de España. Las entidades participantes se comprometen a reinvertir la totalidad de los fondos obtenidos a través de la venta del tramo avalado en la financiación de nuevas viviendas de protección oficial, con la concesión de nuevos préstamos, tanto a particulares como a promotores y constructores.
Inyecciones públicas a cargo de los contribuyentes
A estos 3.000 millones se suman los cerca de 9.000 millones de euros aprobados en el primer Consejo de Ministros tras la victoria socialista en las elecciones del pasado 9 de marzo, con el fin de impulsar compromisos de gasto en obras de carreteras. Sin embargo, el propio Gobierno reconoció entonces que tal decisión respondía más bien a la necesidad de mantener la actividad económica en el sector de la construcción.
Y ello, con cargo expreso al actual superávit presupuestario: Los compromisos máximos autorizados a adquirir en los diferentes ejercicios son los siguientes: 2009, 2.507.113.350 euros; 2010, 2.456.971.083 euros; 2011, 2.206.259.748 euros y 2012, 1.855.263.879 euros.
Además, en esta misma línea, el Gobierno acaba de aprobar otros 3.000 millones de euros adicionales, con cargo a ejercicio futuros, destinadas a actuaciones en materia de conservación y explotación de vías. Su objetivo es, nuevamente, "anticipar y planificar" el esfuerzo inversor en materia de carreteras, y contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el sector de la construcción.
En total, sólo estas tres medidas ascienden a un gasto público próximo a los 15.000 millones de euros, a cargo de los contribuyentes. Algo menos del superávit alcanzado por la Administración Central en 2007 (13.526 millones de euros). Y eso, que la Ley del Suelo ha causado el mayor daño económico al sector debido a la depreciación de activos que ha implicado su puesta en marcha.
Además, diversas comunidades autónomas han iniciado planes de rescate similares en sus respectivas regiones. De este modo, el cable gubernamental a la actividad inmobiliaria está próximo a simular al salvavidas financiero lanzado por el Gobierno de EEUU (a través de la Reserva Federal) al banco de inversión Bear Stearns, cuyo aval público se aproxima a los 30.000 millones de dólares (19.150 millones de euros), a fin de garantizar sus productos hipotecarios menos líquidos.
La deuda de las grandes inmobiliarias
Así, si el Gobierno de EEUU se esfuerza en salvar bancos, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece centrar su atención en rescatar de la quiebra a los promotores y constructores, a cargo de las cuentas públicas, en un momento de grave desaceleración económica.
Pero este paquete de medidas sabe a poco. Las compañías afectadas, acuciadas por su nefasta estrategia empresarial, solicitan, no ya salvavidas, sino barcazas para sobrevivir al hundimiento inmobiliario.
Así, Construcción de Fomento Construcciones y Contratas (FCC) espera que el nuevo Gobierno anuncie un plan público completo para reavivar el sector. En concreto, su director general, Francisco García Martín, confía en que Zapatero anuncie en su debate de investidura (próximos 8 y 9 de abril) un rescate económico aún más ambicioso para “paliar” la actual situación que vive el sector.
Sin embargo, la deuda que acumula sólo las grandes inmobiliarias equivale a cerca del 12,6 por ciento del PIB, al situarse en 126.000 millones de euros. Por el momento, cerca de 16.000 millones están ya en una situación de alto riesgo a la espera de la negociación entre inmobiliarias y acreedores.