LD (M. Llamas) Antes de las elecciones generales del pasado 9 de marzo, las llamadas de los “ilustres” se sucedían en los despachos a fin de posponer, en la medida de lo posible, un proceso de quiebras masivas en el sector inmobiliario español que, a la vista de los excesos cometidos, era inevitable.
Y es que, sólo las grandes compañías del sector acumulan una deuda conjunta próxima a los 126.000 millones de euros (casi el 12,5 por ciento del PIB nacional).
Dicho y hecho. Apenas tres semanas después de la cita electoral se suceden los concursos voluntarios de acreedores (antigua suspensión de pagos) por parte de determinadas compañías inmobiliarias de tamaño medio. La penúltima víctima de la burbuja del ladrillo ha sido el Grupo Lábaro, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus compromisos financieros.
Sólo el pasado mes de marzo han caído 9 empresas del sector, acuciadas por las deudas y el profundo frenazo que sufre la venta de viviendas desde el segundo trimestre de 2007. Si a ello se suma la delicada situación financiera que padecen algunas de las compañías más importantes del país, el escalofrío se acrecienta entre los acreedores expuestos a la actividad residencial y de promoción inmobiliaria (entidades de crédito y proveedores).
Así, de momento, más de 16.000 millones de euros cuelgan de los procesos concursales ya iniciados, así como de las negociaciones en marcha para la reunificación de grandes deudas empresariales que, hoy por hoy, penden de un fino hilo. De este modo, la crisis pone en situación de alto riesgo el cobro de un volumen de deuda financiera próxima al 1,6 por ciento del PIB nacional.
Marzo de 2007:
- Grupo Lábaro Inmobiliario: Penúltima víctima de la crisis del ladrillo.
- Encoval y Nou Temple: Ambas promotoras valencianas han dejado en el aire más de 2,500 viviendas por entregar.
- VPO Prasi: En concurso de acreedores con 40 millones de euros de pasivo.
- Fbex: La renegociación de su deuda asciende a 600 millones.
- Cosmani: Deja otros 350 millones de euros pendientes de cobro.
- Ereaga: Su concurso asciende a 160 millones de deuda financiera.
- SEOP: Su quiebra pone encima de la mesa una deuda a corto plazo de 356 millones.
- Detinsa: Negocia reestructurar 600 millones.
- Grupo Jale: En concurso de acreedores con 346 millones de pasivo.
- Grupo Sánchez: En concurso de acreedores con 97 millones.
- Martinsa-Fadesa: A la espera de alcanzar un acuerdo con sus numerosos acreedores para salvar una deuda que asciende a 5.153 millones de euros.
- Colonial: En pleno proceso de venta y desprendimiento de activos tras el fracaso de la compra por parte de un fondo de Dubai. Cuenta con un préstamo sindicado de 6.400 millones.
Febrero 2008:
- Habitat: alcanzó un principio de acuerdo para retrasar el pago de su abultada deuda (1.596 millones). Sin embargo, su delicada situación financiera no sigue en suspenso.
- Contsa. Su concurso afecta a más de 1.000 socios e inversores de la inmobiliaria andaluza.
Enero 2008:
- Marbar: la quiebra de la pequeña inmobiliaria gallega dejó en el aire las viviendas adquiridas por cercad de 300 compradores.
2007, "Año Cero":
- LLanera: a finales de año presentó un concurso de acreedores por valor de 700 millones de deuda.
- Astroc: su brusca caída en bolsa marcó el principio del fin de la burbuja inmobiliaria en España.
Como consecuencia, miles de proveedores, ahora convertidos en acreedores, atraviesan ya importantes dificultades económicas debido a la sucesión de quiebras que pueblan el mapa nacional.
Además, la caída de la construcción se está dejando notar en las cuentas públicas, tal y como refleja la reducción de los ingresos por IVA, los números rojos de las Comunidades Autónomas, el acusado descenso que padece el superávit del Estado, así como las malas previsiones de crecimiento para 2008.
La gravedad de la situación se refleja en el reconocimiento de los propios promotores en cuanto a la caída en el precio de los inmuebles para el presente ejercicio (un descenso próximo al 8 por ciento de media interanual). Aunque, el ajuste puede ser mucho mayor, según los expertos.
Así, el precio de los pisos podría descender entre un 20 y un 40 por ciento en el futuro próximo, al tiempo que está en riesgo la viabilidad del 60 por ciento de las inmobiliarias del país.