(Libertad Digital) En 2005, Eduardo Zaplana se convertía en el personaje del día en la SER con la difusión del contenido de unas cintas, grabadas por unos parlamentarios del PSOE valenciano, en las que dos empresarios implicados en el supuesto fraude de Terra Mítica aseguraban que el portavoz del PP había recibido comisiones. La SER reveló esta información que después Moraleda envió a los medios por medio de un SMS.
El caso es que las cintas desvelaron que los socialistas denunciantes estaban ofreciendo dinero y beneficios procesales a los empresarios para implicar a Zaplana. A pesar de ser pillados in fraganti, los socialistas denunciaron a Zaplana en los tribunales. La propia cadena SER fue la primera en informar diciendo que los empresarios imputados "ofrecen contar lo que saben, incluso en los medios de comunicación, y a cambio piden dinero y un pacto con las acusaciones que les beneficie en el proceso judicial". Evidentemente, Zaplana se querelló contra los empresarios y los socialistas. El empresario Antonio Moreno Carpio ha ratificado ante el juez que los diputados autonómicos socialistas José Camarasa y Antoni Such le ofrecieron dinero y beneficios procesales si imputaba al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en el cobro de comisiones en Terra Mítica.
La "campaña de las pensiones"
Sólo unas semanas antes, Eduardo Zaplana volvía a la actualidad por un asunto de su gestión como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la anterior legislatura. El 25 de abril se conocía que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción instando a que abriera diligencias informativas en torno al caso de la campaña publicitaria sobre la subida de las pensiones de finales de 2003, cuando el actual portavoz del PP en el Congreso era el titular de Trabajo. En ese momento, la entonces oposición socialista denunció que el ministerio había adjudicado sin concurso la campaña. Además, acusó al Gobierno de aprovechar la publicidad para hacer propaganda de su gestión.
Desde el Ministerio de Trabajo que entonces dirigía Zaplana, se argumentó que habían utilizado el llamado "procedimiento negociado sin publicidad" por la falta de tiempo (un mes) entre el conocimiento de la desviación del IPC y la subida efectiva de las pensiones y destacaron que se movieron en todo momento dentro de la legalidad. El asunto de la campaña motivó que, a instancias de IU, se abriera un proceso en el Tribunal de Cuentas, que comenzó hace algo más de dos años y que continúa hasta hoy. Durante ese tiempo, El País ya quiso adelantar las conclusiones del tribunal cuando le atribuyó en una noticia de diciembre de 2004 que consideraba "partidista" la campaña. Eso motivó que Cuentas enviara al diario una nota exigiendo su rectificación, puesto que las informaciones se referían a un borrador aún en proceso de estudio.
El proceso que inició la denuncia de Izquierda Unida fue archivado por Anticorrupción en septiembre de 2004 por no ver "responsabilidad penal" en la campaña. Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas, en el que se indica que no había "urgencia" en la emisión de la campaña, ha hecho que la Fiscalía pida ahora la reapertura del caso. Aunque especifica que no han encontrado "indicios de que existiera responsabilidad contable por parte de los dirigentes de la Administración".
El anterior escándalo que salpicaba, según la SER, al portavoz popular, saltó el pasado diez de febrero de 2005. La emisora afirmaba que un "pariente y socio" de la familia política de Eduardo Zaplana era propietario de un restaurante en unos terrenos que eran propiedad del Estado. Sin embargo, la supuesta exclusiva fue pronto desmentida por el propio Zaplana, que se ocupó de aclarar, mediante un comunicado, cuál era el rango de parentesco que le unía al propietario del negocio.
En concreto, se trataba del nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana. En el comunicado, el PP lamentaba desconocer la "denominación concreta que en genealogía se le da a la abuela de un señor que era hermana de la madre del suegro de otro señor". Además, aportaba el dato de que cuando el negocio se abrió hace cuarenta años, el portavoz era un niño de ocho. Y entonces, Zaplana no era político ni conocía a su mujer y mucho menos a su suegra. Desde el PP, se ironizaba diciendo que "la cadena SER, en reiteradas informaciones, le atribuye al señor Zaplana una importante capacidad de influencia".
El "caso Fabra"
La carrera política de Zaplana en la Comunidad Valenciana, donde el portavoz ocupó sucesivos cargos como alcalde, presidente del PP valenciano o presidente de la Generalidad, ha sido fuente para otras exclusivas de la emisora hasta llegar al asunto de las grabaciones sobre Terra Mítica. El llamado "Caso Fabra", relativo al presidente de la Diputación de Castellón, fue denunciado en su momento por la SER y llevó, incluso, a que Carlos Fabra denunciara a la emisora por atentar contra su derecho al honor y a la intimidad en la serie de informaciones que dio la cadena desde que en 2003 saltó el escándalo.
El 18 de diciembre de 2003, Fabra fue objeto de dos querellas por parte de un empresario castellonense le acusaba de utilizar su gestión política para favorecer a empresas familiares, entre otros delitos. En julio de 2004, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules archivó la causa que le vinculaba a delitos contra la salud pública y propiedad industrial. Pero sigue abierto otro procedimiento contra él por delitos contra la Administración Pública en el mismo juzgado. La postura de Zaplana, que era presidente del PP valenciano cuando saltó la noticia, ha sido la de defender la presunción de inocencia de Fabra, una actitud de la que no se ha movido hasta ahora.