LD (M. Llamas) Abanderar a nivel mundial la lucha contra el cambio climático, tal y como pregona la Unión Europea (UE), conlleva un elevado coste, no sólo directo (medido en términos económicos) sino, sobre todo, colateral, tal y como viene advirtiendo en las últimas semanas la industria europea en su conjunto, inclusive la española.
El pasado 23 de enero, la Comisión Europea (CE) aprobó un ambicioso conjunto de medidas energéticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, para poner en práctica una vez que caduque el Protocolo de Kioto. La denominada era post-Kioto, que abarcará el periodo 2013-2020, tiene visos de constituir un punto de inflexión sustancial en cuanto a la política energética y, por ende, productiva, de la Unión en su conjunto.
Así, la receta climática 20-20-20 para 2020, propuesta por la CE, pretende que el 20 por ciento de la energía comunitaria proceda de fuentes renovables, al tiempo que se reduce un 20 por ciento el consumo energético y otro 20 por ciento las emisiones de CO2 a la atmósfera con respecto a los niveles alcanzados en 1990.
El coste estimado del plan podría ascender a 120.000 millones de euros anuales, según los cálculos de la propia Comisión (casi el 1 por ciento del PIB europeo). Pese a ello, el baile de cifras en este ámbito es recurrente: Bjorn Lomborg, autor de El ecologista escéptico, estima que la factura final ecológica podría ascender en Europa a cerca de 250.000 millones.
La factura climática en España: 6.000 millones al año
En este sentido, la propia industria española considera que la subasta de emisiones de CO2 impuesta desde Bruselas restará a sus beneficios empresariales casi 48.000 millones de euros. Es decir, unos 6.000 millones anuales entre 2013 y 2020 (casi el 5 por ciento del PIB nacional).
Mientras, un reciente estudio del Ministerio de Industria alemán calcula que el coste directo de tales medidas supondrá, como mínimo, y en el escenario más positivo (incluyendo el mantenimiento de la energía nuclear en España), cerca de 2.500 millones de euros anuales. Sin contar los efectos indirectos de la estrategia europea.
La reacción de la industria europea no se ha hecho esperar: La desinversión en nuevos proyectos productivos es, apenas un mes después de la decisión de Bruselas, un hecho. “Un creciente número de grupos industriales europeos está paralizando sus inversiones”, debido a la obligación de tener que asumir el coste total de las emisiones de CO2, tal y como exige Bruselas, según ha afirmado recientemente el subdirector del World Energy Council, Johannes Teyssen.
“Cada semana se cancela un proyecto”, sobre todo, en Alemania. La nueva regulación medioambiental está originando la cancelación de nuevos proyectos industriales y energéticos por valor de miles de millones de euros. De este modo, según afirmaba Teyssen a Guardian, dicha estrategia provocará que en 2030 casi el 70 por ciento del suministro energético dependa del exterior.
Las advertencias empresariales sobre los riesgos que acarreará a la economía europea esta drástica reducción de emisiones a través del mecanismo ideado en Kioto (mediante subastas de CO2) se han sucedido por todo el continente: la Confederación Europea de Industrias Papeleras denuncia que estas medidas generará multimillonarias pérdidas al sector, informa printweek.
La industria británica no se queda atrás y califica de “irreal” en Guardian el aumento previsto de la producción eléctrica basada en fuentes renovables. La metalurgia belga, entre muchas otras de la esfera europea, apunta hacia un espectacular incremento del desempleo industrial debido igualmente a esto, informa UPI.
Diarios de la talla del germano Der Spiegel ha titulado como “Desastre total” el objetivo de incrementar el uso de biocombustibles, por su elevado coste, en base a las opiniones de prestigiosos expertos. En este sentido, la retahíla de críticas ha sido constante desde entonces.
También en España, fuentes de diversas patronales industriales consultadas por Libertad Digital, señalan que el hecho de tener que pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2 rebajará de forma sustancial los beneficios de múltiples empresas del sector. “Nos pone en una situación muy delicada. Estas medidas restarán competitividad a nuestra industria”.
De hecho, fuentes del sector químico advierten de que “las multinacionales temen invertir en España" debido a los elevados costes que conllevará la aplicación de post-Kioto. Es más, “muchas plantas que ya están en marcha simplemente no se renovarán una vez que alcancen el fin de su vida útil”. Una afirmación preocupante si se tiene e cuenta que la industria farmacéutica es una de las principales actividades productivas del país en materia de investigación y desarrollo (I+D+i).
Las patronales europeas rechazan el plan de Bruselas
Y es que, a diferencia de los que ocurre en la actualidad, en donde existe un sistema de asignación de cuotas o permisos de emisión de carácter gratuito, Bruselas pretende extender el comercio de emisiones de CO2 al conjunto de emisiones de múltiples sectores. Y ello, con el ferviente aplauso de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. “De ratificarse en 2010, no podremos competir con economías emergentes como India o China”, indican estas mismas fuentes.
El vicepresidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Javier Penacho, admite a LD que dicho plan contra el cambio climático “anticipará y fomentará las desinversiones y deslocalizaciones empresariales en España”. “El coste será muy elevado”, afirma. La industria nacional confía en que se introduzcan modificaciones en este sentido antes de la ratificación de esta estrategia en 2010.
En este sentido, el pasado 18 de enero algunos de los sectores industriales más importantes del país emitieron un comunicado conjunto calificando de “desproporcionadas e incompatibles con la competitividad europea” el paquete energético aprobado por la UE. Así, afirmaban entonces que “las medidas propuestas no proporcionarán mejoras ambientales globales debido a que tan sólo desplazarán geográficamente los focos de emisión de GEI”.
“En cambio, mermarán drásticamente la competitividad de la industria y destruirán cientos de miles de puestos de trabajo, en lugar de estimular las soluciones prometidas para desarrollar una estratégica energética eficiente y de baja emisión de carbono. Además, podrían reducir la seguridad del suministro en industrias tan básicas y vitales para la actividad económica como la del refino del petróleo”, explicaban.
Necesidad de reabrir el debate nuclear
Por su parte, la patronal eléctrica (UNESA) admite que “si bien nuestras empresas avanzan hacia la producción mediante tecnologías de bajo consumo de carbono, es necesario abrir el debate nuclear en España y apostar por el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de CO2”, según afirmó su presidente, Pedro Rivero, en una reciente conferencia.
Y es que, España deberá producir el 20 por ciento de su energía en 2020 con el Sol, el viento, el agua o la materia orgánica y tendrá que haber reducido sus emisiones de CO2, al menos, un 10 por ciento respecto a 2005, según el plan aprobado en Bruselas. Sin embargo, aunque la CE recomienda el uso de la energía nuclear para garantizar el suministro energético y reducir las emisiones de CO2, el Gobierno socialista mantiene su rechazo frontal a la energía de origen atómico.