LD (M. Llamas) Según Solbes, el aumento del desempleo no será un problema para la economía española. Sin embargo, los expertos prevén que la construcción destruya 1,2 millones de empleos hasta 2010. El resultado: 8.150 millones de euros más en prestaciones sociales. Es decir, adiós al superávit de la Seguridad Social previsto para este ejercicio por Caldera, según advierte el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, considera que el incremento del paro procedente de la construcción no supondrá ningún problema para la economía nacional, ya que habrá subsidios “para todos”. Sin embargo, “tal afirmación no puede resultar más errónea”, según el Instituto Juan de Mariana (IJM)
Los expertos inmobiliarios estiman que la desaceleración que sufre la construcción en España podría llegar a generar hasta 1,2 millones de desempleados hasta 2010. Según el Observatorio de dicha entidad, tomando como cierta esta previsión, “el gasto durante estos tres años en prestaciones por paro aumentaría en 8.150 millones de euros, por encima del superávit de la Seguridad Social previsto para 2008”.
Además, hay que tener presente que el superávit proyectado hace apenas unos días por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para el presente año “parte de la base de que no se producirá una severa contracción en el número de cotizantes” de la Seguridad Social. Por otra parte, “esos 1,2 millones de parados previstos tan sólo se circunscribe al ámbito de la construcción” pero, “en realidad, el número total de desempleados en medio de una crisis sería mucho mayor”, recuerdan dichos analistas. Por ello, el volumen total de las afiliaciones “necesariamente tendrá que reducirse”. Sólo en enero, ya cayó en casi 85.000 personas, aseguran.
Déficit público
En este escenario, la entidad recuerda que “el subsidio universal que pregona Solbes sólo estaría garantizado con cargo al endeudamiento (déficit) de la Seguridad Social”, por lo que dependerá exclusivamente de “la creación de nueva deuda pública”. Y esto es, “con diferencia, lo más desaconsejable que puede hacer el Estado en medio de una crisis generalizada de solvencia”, añade. Las razones: “el coste de la financiación será elevado, disminuirá la capacidad de crédito del Estado, así como el margen de maniobra para rebajar impuestos a la ciudadanía con los que favorecer el repago de sus deudas”.
Según el Observatorio, “las necesidades actuales de la economía española pasan por que los trabajadores sobrantes en el sector de la construcción se reincorporen a otras ocupaciones”. De ese modo, se podría mantener la actividad productiva, al tiempo que se generan las rentas suficientes para repagar el ya elevado nivel de endeudamiento de las familias.
Sin embargo, tales rentas deben nacer del trabajo de los propios ciudadanos, sin la necesidad de tener que acudir a “la redistribución fiscal”. Ahora bien, “si Solbes dice que el paro no será un problema porque el subsidio se mantendrá para todos, hay que preguntarse cómo ello será posible si el número de cotizantes tendrá que caer conforme el paro suba y, sobre todo, mientras el gasto de estos subsidios se dispara”, indica.
Dicho Observatorio añade que el cálculo de 8.150 millones se ha obtenido suponiendo un crecimiento de los beneficiarios de subsidios por desempleo de 840.000 personas (el 70 por ciento de los 1,2 millones de parados previstos), ya que el 70% es la medida de parados que suele pedir subsidio, que asciende de media a 970 euros durante diez meses.
Elevada exposición a la crisis del ladrillo
El optimismo macroeconómico que muestra el Gobierno choca con la opinión de los analistas. Así, según un reciente informe de la entidad bancaria UBS, el mercado de la vivienda nacional está sufriendo un “deterioro sustancial”, con una caída anual en las preventas de pisos cercana al 50%.
La desaceleración prevista en el volumen de viviendas iniciadas implicará, así, una pérdida de empleos en el sector que podría oscilar entre los 700.000 y 900.000 puestos de trabajo (casi el 5 por ciento de la población activa total), entre 2008 y 2009. Un nivel de empleo que coincidiría, pues, con “periodos anteriores de recesión económica”. Además, España es uno de los países con mayor nivel déficit por cuenta corriente, con lo que precisa de una elevada financiación externa, según recuerda esta entidad.
España está “altamente expuesta” a la caída del sector inmobiliario. El fuerte ajuste que, desde hace meses, viene sufriendo el precio de la vivienda está “muy correlacionada” con el volumen de empleo en esta actividad. De este modo, con la tendencia hacia un incremento gradual del desempleo, la economía española podría, incluso, encontrarse a las puertas de una "prolongada recesión”, según dicho informe.
Ante este panorama, el superávit público con el que cuenta el Estado (equivalente al 2% del PIB) podría evaporarse debido a una menor recaudación fiscal y a un mayor aumento del gasto público, añade. Pese a ello, aunque el Gobierno reconoce ahora que la situación económica del país no es tan boyante como en los ejercicios previos, insiste en que la buena salud de las cuentas públicas permitirá capear el temporal que se avecina.