L D (EFE) Además, condenó a Fujimori al pago de 400.000 nuevos soles (unos 133.000 dólares) en concepto de reparación civil al Estado y se le inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos.
Al conocerse la sentencia, que se cumplirá el 21 de septiembre de 2013, el ex gobernante anunció que presentará un recurso de apelación parcial a la condena y a la reparación civil impuesta. El tribunal consideró probado que el 7 de noviembre de 2000, después de que Montesinos huyera de Perú tras difundirse unos vídeos que confirmaban su implicación en actos de corrupción, Fujimori ordenó a un grupo de la policía, encabezado por un falso fiscal, que revisara la casa de Trinidad Becerra, esposa Montesinos.
También ordenó la entrada en otro piso del mismo edificio, ubicado en el distrito capitalino de San Isidro, de donde se extrajo una gran cantidad de maletas y cajas que fueron retirados del lugar sin ser inventariadas ni levantarse un acta, las que fueron entregadas al ex presidente. Se presume que entre las cosas que el destacamento policial encontró había evidencias y pruebas fílmicas de la supuesta participación del ex mandatario en actos de corrupción, las cuales aparentemente se llevó consigo a Japón en el 2000.
Por este caso ya están condenados el ministro del Interior durante el mandato de Fujimori, Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, sentenciados a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal durante el allanamiento, Manuel Ubillús, con siete años de prisión.
La lectura de la sentencia estuvo a punto de suspenderse debido a la crisis de hipertensión que Fujimori sufrió en el inicio del juicio por violaciones a los derechos humanos que se sigue en su contra. Fujimori, que permaneció impasible durante las casi tres horas que duró la lectura de la sentencia, estuvo acompañado en la Sala ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la policía (Diroes), donde se encuentra recluido desde su extradición, por sus hijos Keiko, Sachi y Kenyi Fujimori. Después de firmar el acta de la sentencia, Fujimori tomó su portafolio y se despidió muy animoso de sus hijos y allegados mirando a las cámaras de la prensa.
Por parte del Estado peruano, la acusación penal fue dirigida por el Fiscal Supremo José Pereira, el jefe de la Procuraduría Anticorrupción, Carlos Briceño, y el jefe de la Unidad de Extradiciones, Omar Chehade, quien estuvo a cargo de la extradición del ex mandatario ante la justicia chilena.