L D (Europa Press) Además, como medida cautelar, el magistrado ha impuesto a los siete la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El magistrado, que tomó declaración a los detenidos durante aproximadamente cinco horas, les acusa de los delitos de integración en organización terrorista, estragos continuados y daños terroristas en función de su vinculación con la ilegalizada Segi, próxima al entorno de ETA. Por su parte, el fiscal Luis Barroso había solicitado al juez la libertad bajo la fianza de 6.000 euros para los siete. Finalmente los seis imputados que quedan en libertad bajo fianza son Mikel Bargas, Asier Mariezkurrena, , Iker Egido, Breogan Fernández, Igor Alvarez y Urko Pikaza.
Esta decisión de Grande Marlaska contrasta con la que adoptó el pasado miércoles, cuando ordenó el encarcelamiento de Oier Llorente, máximo responsable de la estructura de Segi en San Sebastián, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Ion Inmanol Igal, Urko Labarca, Inmanol Ander Vicente, Benat Apalategui y Nahikari Otaegi. Los quince tenían intención de entregarse en dependencias judiciales después de haber escapado a la segunda fase de la operación contra el terrorismo urbano que el Cuerpo Nacional de Policía desarrolló el pasado 7 de noviembre en la capital donostiarra.
Aquel día, los agentes esperaban detener a 19 personas, pero sólo lograron arrestar a cuatro. Esas 19 identidades surgieron de los testimonios y análisis de la documentación incautada en una primera fase del operativo, desarrollado el 30 de octubre anterior. Sin embargo, en el tiempo que discurrió entre la primera parte y la segunda de la operación, los jóvenes se sintieron acosados y decidieron huir. Finalmente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cuatro jóvenes y realizaron 18 registros.
Según el auto de prisión dictado el pasado miércoles por Grande Marlaska, la Policía se incautó en los domicilios de los quince detenidos fotografías de periodistas, documentación sobre el Tren de Alta Velocidad y diversas placas de matrículas. El Ministerio del Interior atribuye a este grupo la realización de atentados mediante la confección y el lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, edificios oficiales, sedes de partidos políticos, entidades bancarias y de ahorro, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano.
Entre las actuaciones que se les achacan se encuentran la dirección de SEGI en San Sebastián, la captación de miembros para la organización, la quema de autobuses urbanos en diciembre de 2006 y agosto de 2007, la participación en disturbios posteriores a manifestaciones o detenciones y el corte de varias líneas férreas.