En este sentido, ha explicado que la Fiscalía tiene abiertos dos procedimientos distintos, uno en la Audiencia Nacional y el otro en el Tribunal Supremo. El primero lo lleva el Juzgado Central número 5, que dirige el juez Baltasar Garzón y que "permanentemente recibe informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todos aquellos elementos que puedan marcarnos una relación entre este partido político y las fuerzas ilegalizadas y, concretamente, con el terrorismo".
Dentro de ese procedimiento, que "está muy avanzado", se puede acordar, cuando legalmente proceda, la posible suspensión del partido, ha señalado Conde Pumpido. Al mismo tiempo, ha explicado que, en el Supremo, la Fiscalía también mantiene abierto un expediente previo a la posible solicitud de su ilegalización que "va incorporando absolutamente todos los elementos que surgen", y ha añadido que "cada elemento va reforzando la posible demanda que se pueda presentar algún día".
A este respecto, ha avanzado que "en el momento en el que la Fiscalía estime que los elementos que existen son suficientes para superar la doctrina del Tribunal Constitucional, se planteará la demanda, pero eso lo plantearemos en su momento". El fiscal general del Estado ha expresado su "absoluta condena" de la violencia terrorista, así como su solidaridad con las víctimas y, en concreto, con los familiares de los dos guardias civiles que han sido "brutal y salvajemente agredidos, de una manera cobarde, y que estaban allí para defendernos a todos los ciudadanos españoles, haciendo su trabajo". "Los agresores terminarán en la cárcel, pueden estar completamente seguros de que acabarán siendo detenidos, juzgados y condenados", ha apostillado Conde Pumpido.
La Fiscalía "acelerará" la investigación
La Fiscalía de la Audiencia Nacional "acelerará" este mes la investigación sobre la posible vinculación con Batasuna de Acción Nacionalista Vasca (ANV), abierta en el Juzgado de Baltasar Garzón el pasado mes de abril. Así lo han informado hoy fuentes del Ministerio Público, que han añadido que el impulso a esta investigación será posible gracias a nuevos informes policiales "de peso" que llegaron a la Fiscalía la pasada semana.
Estas fuentes han destacado, no obstante, que la Fiscalía no solicitará la suspensión de actividades de ANV por el único hecho de que no haya condenado el atentado del pasado sábado en la localidad francesa de Capbreton, ya que se trata de "un dato más" sobre la actuación de este partido de los muchos que se han ido ya recabando.
La suspensión de actividades de ANV podría también conllevar la imputación por un delito de pertenencia a organización terrorista de sus dirigentes. El pasado 26 de junio Garzón decretó el secreto de las actuaciones relativas a la investigación sobre ANV y desestimó las peticiones de suspensión de esta formación formuladas por las asociaciones Dignidad y Justicia, AVT y Foro Ermua.
El magistrado ya había desestimado una primera solicitud de suspensión de actividades a finales de abril, al considerar entonces que no existía el "más mínimo" indicio que vinculara a este partido con ETA-Batasuna. Sin embargo, Garzón advertía en su resolución de que "si esa conexión, vinculación o integración se constatara se adoptarán las medidas precisas en forma inmediata previo cumplimiento de las formalidades legales".
Una evidencia desde antes de las elecciones de mayo
Lo cierto es que las investigaciones "muy avanzadas" de las que habla Pumpido existen desde abril de este año. La Guardia Civil establecía en un informe la vinculación directa de ANV con ETA, pero el Gobierno no instó la ilegalización de este partido y se limitó a impugnar sólo parte de las listas que presentaron en las elecciones de mayo. De hecho, el juez Garzón, encargado del sumario que investigó la vinculación de ANV con ETA, tras recibir este informe de la Guardia Civil y otro muy similar de la Policía forzó la elaboración de un tercer informe más acorde con sus tesis y las del Gobierno para evitar la ilegalización de la marca electoral de ETA. En el primer informe desechado por Garzón, la Guardia Civil acreditaba, entre otras cosas, que ETA planeó ya en 2004 utilizar las siglas de ANV para eludir la Ley de Partidos.