L D (Agencias) Alberto Acosta, un economista radical de izquierdas y enemigo de la libertad, preside desde este jueves la Asamblea Constituyente de Ecuador, instalada en la ciudad de Montecristi, en la provincia costera de Manabí. Esta asamblea que goza plenos poderes ha sido diseñada por el presidente Rafael Correa para llevar a cabo su proyecto totalitario.
De hecho, más del 60 por ciento de los ecuatorianos desconoce qué significa que la Asamblea Constituyente tenga plenos poderes, según una encuesta de la firma Cedatos, difundida hoy. De acuerdo al sondeo de opinión, el 62 por ciento dijo desconocer el significado de "plenos poderes", en tanto el 38 por ciento respondió positivamente, aunque dieron varias versiones de la implicación de esos "plenos poderes".
"Las respuestas fueron diversas y ratificaron la incógnita que se vierte sobre el alcance de esta facultad que tendría la Asamblea", señala un comunicado de Cedatos. En ese sentido, "plenos poderes" para el 37 por ciento quiere decir que la Asamblea está "por encima de todos", y para el 26 por ciento, que puede "cambiar a todos, desde el Presidente de la República para abajo"·
Además, el 12 por ciento de ese grupo cree "que puede tomar decisiones, reformar las leyes y hacer cambios sin consultar a nadie", en tanto que un 25 por ciento no pudo precisar una respuesta. Pese a esos porcentajes, la mayoría de ecuatorianos manifestó confiar en la Asamblea. Según Cedatos, el 62 por ciento de los consultados afirmó tener confianza en la Asamblea, el 29 por ciento manifestó desconfianza y el 9 por ciento no opinó al respecto. En la misma línea, el 57 por ciento dijo creer en la palabra de los asambleístas frente al 32 por ciento que señaló no creer y el 11 por ciento que se mostró indeciso. Para la encuesta, que se cerró el 22 de noviembre, se entrevistó a 1.286 personas en diez ciudades del área urbana. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.
"Las respuestas fueron diversas y ratificaron la incógnita que se vierte sobre el alcance de esta facultad que tendría la Asamblea", señala un comunicado de Cedatos. En ese sentido, "plenos poderes" para el 37 por ciento quiere decir que la Asamblea está "por encima de todos", y para el 26 por ciento, que puede "cambiar a todos, desde el Presidente de la República para abajo"·
Además, el 12 por ciento de ese grupo cree "que puede tomar decisiones, reformar las leyes y hacer cambios sin consultar a nadie", en tanto que un 25 por ciento no pudo precisar una respuesta. Pese a esos porcentajes, la mayoría de ecuatorianos manifestó confiar en la Asamblea. Según Cedatos, el 62 por ciento de los consultados afirmó tener confianza en la Asamblea, el 29 por ciento manifestó desconfianza y el 9 por ciento no opinó al respecto. En la misma línea, el 57 por ciento dijo creer en la palabra de los asambleístas frente al 32 por ciento que señaló no creer y el 11 por ciento que se mostró indeciso. Para la encuesta, que se cerró el 22 de noviembre, se entrevistó a 1.286 personas en diez ciudades del área urbana. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.
Y Morales a "refundar Bolivia"
En Bolivia, Evo Morales pidió este jueves a la Asamblea Constituyente que "convoque a todos los partidos" para terminar de aprobar la nueva Carta Magna, poco después de que los embajadores de la Unión Europea (UE) le solicitaran respeto a la legalidad y los principios democráticos.
La petición de Morales, anunciada a la prensa en el palacio presidencial, parece un cambio, ya que el lunes dijo que la Constituyente debía reunirse cuanto antes para finalizar el trámite del proyecto gubernamental de Constitución, y que le daba "igual" si los opositores querían acudir. Encerrados en un colegio militar de Sucre en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos, los asambleístas pro gubernamentales y sus aliados aprobaron el sábado en primera instancia ese proyecto de nueva Carta Magna, con la que Morales pretende "refundar Bolivia" y que prevé, como Chávez, la reelección indefinida.
Los embajadores de la UE exhortaron a Morales a respetar la legalidad y los principios democráticos, y lamentaron los "trágicos acontecimientos" que se produjeron el pasado fin de semana en Sucre, según habían avanzado la víspera fuentes diplomáticas a Efe. Sólo 136 de los 255 asambleístas elegidos en 2006 aprobaron ese proyecto constitucional a mano alzada, sin comprobar el sufragio y sin siquiera leer el texto impulsado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
La oposición, seis de las nueve regiones bolivianas y organizaciones de empresarios rechazaron la aprobación del proyecto al considerar que los constituyentes partidarios de Morales violaron el reglamento del foro y que se celebró en una instalación militar. Ante la imposibilidad de volver a convocar otra sesión en Sucre por los violentos disturbios del fin de semana, el miércoles los partidarios del gobierno reformaron la ley de convocatoria de la Asamblea para que se pueda reunir en cualquier lugar de Bolivia. Esa sesión se llevaba a cabo mientras campesinos pro gubernamentales impedían que los opositores entraran al Congreso.
El presidente Morales también convocó al diálogo a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos del país, seis de los cuales promovieron el miércoles una huelga, pues, según aseguró, su Gobierno práctica "la cultura del diálogo". Sin embargo, Morales acusó a "algunas autoridades" de esos gobiernos departamentales de tener un "doble discurso" porque, a su juicio, "hablan de unidad y gritan independencia" y "se sienten defensores de la democracia y deciden desobediencia". "Es muy lamentable y condenable plantear la vigencia de la democracia y hablar de la desobediencia", dijo Morales tras llamar a la Fiscalía a que "cumpla sus funciones específicas para defender la democracia" .
Los líderes del departamento oriental de Santa Cruz, el feudo de la oposición a Morales en Bolivia, convocaron el miércoles a iniciar el próximo lunes una huelga de hambre nacional y la "resistencia civil" contra el gobierno.
La petición de Morales, anunciada a la prensa en el palacio presidencial, parece un cambio, ya que el lunes dijo que la Constituyente debía reunirse cuanto antes para finalizar el trámite del proyecto gubernamental de Constitución, y que le daba "igual" si los opositores querían acudir. Encerrados en un colegio militar de Sucre en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos, los asambleístas pro gubernamentales y sus aliados aprobaron el sábado en primera instancia ese proyecto de nueva Carta Magna, con la que Morales pretende "refundar Bolivia" y que prevé, como Chávez, la reelección indefinida.
Los embajadores de la UE exhortaron a Morales a respetar la legalidad y los principios democráticos, y lamentaron los "trágicos acontecimientos" que se produjeron el pasado fin de semana en Sucre, según habían avanzado la víspera fuentes diplomáticas a Efe. Sólo 136 de los 255 asambleístas elegidos en 2006 aprobaron ese proyecto constitucional a mano alzada, sin comprobar el sufragio y sin siquiera leer el texto impulsado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
La oposición, seis de las nueve regiones bolivianas y organizaciones de empresarios rechazaron la aprobación del proyecto al considerar que los constituyentes partidarios de Morales violaron el reglamento del foro y que se celebró en una instalación militar. Ante la imposibilidad de volver a convocar otra sesión en Sucre por los violentos disturbios del fin de semana, el miércoles los partidarios del gobierno reformaron la ley de convocatoria de la Asamblea para que se pueda reunir en cualquier lugar de Bolivia. Esa sesión se llevaba a cabo mientras campesinos pro gubernamentales impedían que los opositores entraran al Congreso.
El presidente Morales también convocó al diálogo a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos del país, seis de los cuales promovieron el miércoles una huelga, pues, según aseguró, su Gobierno práctica "la cultura del diálogo". Sin embargo, Morales acusó a "algunas autoridades" de esos gobiernos departamentales de tener un "doble discurso" porque, a su juicio, "hablan de unidad y gritan independencia" y "se sienten defensores de la democracia y deciden desobediencia". "Es muy lamentable y condenable plantear la vigencia de la democracia y hablar de la desobediencia", dijo Morales tras llamar a la Fiscalía a que "cumpla sus funciones específicas para defender la democracia" .
Los líderes del departamento oriental de Santa Cruz, el feudo de la oposición a Morales en Bolivia, convocaron el miércoles a iniciar el próximo lunes una huelga de hambre nacional y la "resistencia civil" contra el gobierno.