(Libertad Digital) El presidente de la AVT ha asegurado que "confía" en que el caso se archive ya que "no entiende" por qué le quieren meter en la cárcel por el simple hecho de "decir lo que piensa". "¿Qué es lo próximo que me tiene preparado este Gobierno?", se ha preguntado ante los medios de comunicación.
Durante su declaración, de poco más de veinte minutos, Alcaraz ha estado arropado por más de un centenar de personas que han coreado desde la calle "De la A a la Z, Alcaraz somos todos" y han exigido la dimisión del jefe del Ejecutivo, a la par que han ondeado decenas de banderas españolas. Las únicas caras conocidas eran las de Santiago Abascal, presidente de la Fundación DENAES y Jaime Larrinaga, el que fuera párroco de Maruri.
"Lo que se ha llevado a cabo hoy no es solo contra el presidente de la AVT, esta querella tiene un doble objetivo que es ir también contra el prestigio de la Audiencia Nacional", agregó y dijo que de esta forma se le hace un "favor a ETA y a los nacionalistas que van contra la Audiencia Nacional y que llevan muchos años queriendo que se cierre".
La querella de injurias al Gobierno contra Francisco José Alcaraz fue presentada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que pidió a la Audiencia que examinase si esta víctima del terrorismo injurió a Zapatero al haber realizado determinadas afirmaciones durante la tregua trampa y que reflejaban el sentir de indignación de su colectivo y buena parte de la sociedad.
En este sentido, el presidente de la AVT dijo de Zapatero que "es el embajador de ETA" o que "el presidente está fomentando el chantaje de ETA". En un primer momento el juez Moreno decidió archivar la querella, sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia determinó que había "base" para investigarle y ordenó al magistrado iniciar las diligencias por las que ha citado a Alcaraz.
Injustificado cambio de fecha
En un principio, estaba previsto que Alcaraz declarase ante el juez el pasado día 21, antes de la gran marcha del sábado por las calles de Madrid y que reunió a más de medio millón de personas, pero la Audiencia Nacional aplazó la comparecencia alegando problemas de agenda del fiscal encargado del caso, Vicente González Mota. Una clara estrategia del Gobierno, para la mayoría de víctimas del terrorismo.
Poco después, el socialista Alvaro Cuesta no disimuló la inquina que el PSOE tiene contra el presidente de la AVT y mostró su "repugnanci" hacia Alcaraz "que no representa bajo ningún concepto el sincero dolor de las víctimas", en su opinión.