LD (Víctor Gago) El diario pro-gubernamental sigue incrementando su oferta de argumentos contra el movimiento de las víctimas, por su oposición a la política anti-terrorista del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Según un informe policial, representantes del PSE y de ETA han estado reuniéndose, al menos, hasta el pasado mes de octubre. El ministro del Interior lo ha calificado como "una patraña", sin más.
El diario El País intentó el pasado martes desacreditar el informe, conocido por la opinión pública a través de una información de El Mundo. El periódico oficioso del Gobierno y del PSOE sostuvo que el informe policial se basa en un montaje de "un miembro de la AVT" y de un canal de radio madrileño, City FM.
El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba hizo suyo, punto por punto, el guión de la información de El País.
Después del intento de involucrar a la AVT en un montaje, este viernes El País difunde argumentos de una supuesta autoridad científica y moral contra la posición del movimiento cívico de las víctimas.
Se trata de un artículo del profesor Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador habitual de El País, inequívoca y casi monográficamente alineado, en sus apasionados alegatos periodísticos, contra toda forma de oposición al Gobierno del PSOE o de pensamiento independiente.
El 18 de marzo de 2006, en el mismo diario, el profesor Laporta criticó a Rafael Termes –que acababa de fallecer–, al Opus Dei, a Esperanza Aguirre, a la COPE, a "la derecha" y a todo defensor del libre mercado porque en el liberalismo, "de la condición humana ni se habla".
Ahora, víspera de la séptima manifestación convocada por la AVT contra la negociación con ETA y en protesta por la persecución judicial y propagandística a la que está siendo sometido el movimiento de las víctimas por el Gobierno, medios de comunicación y asociaciones oficialistas, Laporta contribuye a la campaña de descrédito de esta asociación con un artículo publicado este viernes en la sección de Opinión del diario de El País.
Titulado El lugar de las víctimas, el prospecto contiene dos partes: un juicio de intenciones al movimiento de las víctimas, basado exclusivamente en impresiones y prejuicios del autor; y, a modo de conclusión, una reflexión normativa sobre "el lugar de las víctimas" en la sociedad.
El profesor Laporta recomienda abiertamente confinar a las víctimas detrás de "unas líneas claras" de actuación en la vida pública.
"Deben quedar excluidas del proceso de toma de decisiones", sostiene. "Las víctimas, por definición, no deben participar ni en la política legislativa, ni en la política criminal ni en la política penitenciaria. Eso por razones elementales de imparcialidad. Tampoco en el proceso electoral. Eso por razones de decencia".
Ni observadores de la aplicación de la Justicia, ni actores políticos, ni siquiera grupo de presión interesado en que se persiga y castigue a su verdugos. Para este colaborador de El País, las víctimas deben conformarse con "ser compensadas" por "un daño cruel" que se les infligió, "entre otras cosas, porque el Estado con su violencia institucional no estaba allí para evitarlo".
A su juicio, hay que empezar a tratar a las víctimas sin "los excesos de alma" con que se han arbitrado políticas y analizado los problemas que les conciernen. En un proceso de intenciones a este colectivo, da por hecho que lo alienta una "pasión vengativa" o que busca la compasión de la sociedad. "No está escrito en ningún lugar que hayamos de compadecernos de ellos", concluye, siguiendo su endogámico razonamiento, al que no dedica el más mínimo esfuerzo de demostración empírica. Este procedimiento intelectual preside el artículo y revela su naturaleza propagandística, no filosófica, de doxa rudimentaria y no de episteme rigurosa.
El autor no duda en trampear con la tradición. Se sirve, así, de una incompleta interpretación del pensamiento de J. Locke como fundamento doctrinal que acudiría en respaldo de su tesis de que hay que atar en corto a las víctimas.
En efecto, como señala el profesor Laporta, Locke confió al Gobierno la misión de "remedio contra las inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza, las cuales deben ser ciertamente muchas cuando a los hombres se les deja ser jueces de su propia causa".
Pero Locke estaba pensando en un Gobierno que vela por la Justicia, por dar a cada uno lo suyo; es decir, Locke, como Hobbes y como los autores iusnaturalistas de la Escuela de Salamanca –sin los que el pensamiento de Locke no se entiende y, por lo tanto, la cita del profesor Laporta es tergiversación tendenciosa– subrayan que el Estado –el Gobierno, para entendernos– sólo tiene sentido como un contrato en el que el individuo cede soberanía a cambio de que la otra parte le garantice el libre dominio sobre su hacienda, su vida, sus contratos y su intimidad para poder realizarse con plena autonomía como persona. Si el Gobierno incumple su parte del contrato negociando con los saqueadores y los asesinos –o saqueando y matando él mismo, como en la etapa de los GAL y de la corrupción de los Gobiernos del PSOE entre 1982 y 1996– los ciudadanos tienen derecho a denunciarlo y a exigir que se haga Justicia, es decir, que se les restituya "lo suyo".
Laporta se despacha con una larga secuencia de conclusiones arrojadizas en su juicio de intenciones al colectivo de las víctimas y a cualquiera –políticos, periodistas,...– que las apoyen en su impugnación de la negociación del Gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA.
Sirva el siguiente párrafo como ejemplo del subjetivismo valorativo, descuidado de toda verificación objetiva, que sigue el profesor Laporta en su pieza libelística que recuerda a las descalificaciones habituales que portavoces propagandísticos oficiales y oficiosos del Gobierno dirigen al movimiento de las víctimas de ETA –recuérdese, en este sentido, el significativo episodio del escarnecimiento público, desde medios del grupo PRISA y desde el PSOE; de un poliomelítico que acudió a una manifestación de la AVT celebrada en Sevilla– :