L D (Agencias) El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha hecho público este lunes un comunicado en el que anuncia acciones judiciales contra determinadas personas, que no precisa, pero de las que dice han utilizado los medios de comunicación para "ofender gravemente" el honor del comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX) de la Policía cuando se cometieron los atentados del 11 de marzo de 2004.
El SPP considera "absolutamente legítimo" que determinados medios de comunicación mantengan las opiniones que quieran o realicen investigaciones sobre "el crimen terrorista más importante de nuestra historia", pero considera "totalmente intolerable" que se realicen determinadas "imputaciones susceptibles de calificarse como calumniosas" contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Estas imputaciones, añade, se han realizado "sin otros fundamentos que consideraciones subjetivas basadas en disfunciones operativas que inevitablemente se producen en procesos de investigación de tanta complejidad". De las querellas se encargará el abogado catalán José María Fuster Fabra quien, según el sindicato, "ha llevado a cabo la defensa jurídica de funcionario de la Policía de manera satisfactoria" durante el proceso.
Fuster Fabra es uno de los abogados de la Asociación de Pilar Manjón. En el juicio se apuntó a la teoría del fiscal Zaragoza de "da igual el explosivo utilizado", elogió el trabajo realizado por Olga Sánchez, criticó a otros abogados que mantuvieron una posición distinta y realizó una petición expresa al Tribunal: "Que la oscura visión del pino no impida ver el bosque de la Justicia".
Sánchez Manzano fue destituido en diciembre pasado después de que el verano anterior tuviera que rectificar ante el juez encargado de la investigación, Juan del Olmo, su declaración en la comisión de investigación, durante la cual aseguró que en los trenes se había encontrado nitroglicerina, cuando había querido decir dinamita.
Ante la negativa de varios comisarios a ocupar el puesto de Sánchez Manzano, un responsable de los TEDAX ocupó de forma interina su puesto hasta que hace unas semanas llegó el relevo definitivo, correspondiente a un comisario experto en lucha antiterrorista que ha desarrollado el grueso de su carrera en el País Vasco, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Para el SPP, se ha causado "un daño moral a personas honestas cuyo compromiso ético con el trabajo les ha hecho merecedores de importantes distinciones profesionales". Y recuerda que el trabajo de muchos de ellos permitió que horas después de los atentados fueran detenidos los culpables, que ahora han sido condenados por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
El sindicato policial ha esperado a conocer la sentencia del juicio por el 11-M y a que sus servicios jurídicos estudiasen detalladamente la sentencia para decidir interponer las querellas. "Estamos convencidos de que el intenso y riguroso trabajo de cientos de policías españoles durante muchos meses, y que hasta ahora ha permitido condenar a los autores del mayor atentado terrorista producido nunca en Europa, no puede ser menospreciado públicamente mediante la opinión de opiniones interesadas, basadas en hechos inciertos", concluye el escrito.
El SUP, con "munición suficiente"
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) prepara también una batería de querellas contra políticos y periodistas que avalaron la "teoría de la conspiración" en los atentados del 11-M.
El sindicato policial ya ha recopilado pruebas "suficientes" contra el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa; el diputado de Unión del Pueblo Navarro Jaime Ignacio del Burgo y los periodistas Federico Jiménez Losantos, Fernando Múgica y Luis del Pino.
Fuentes del SUP han informado hoy a EFE de que las querellas serán individuales y que se basarán en lo dicho por estas personas en el último año, ya que sus declaraciones anteriores pueden haber prescrito.
No obstante, las mismas fuentes están convencidas de que hay "munición suficiente" para emprender acciones judiciales.