L D (Europa Press) Una jueza de lo Contencioso Administrativo número 20 de Madrid decidió paralizar el derribo, tras la suspensión cautelar promovida por los afectados la semana pasada, informó una de las portavoces de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, Alicia García Lázaro.
La juez prolonga así la suspensión provisional de derribo determinada por un plazo de 3 días, por lo que "de momento evidentemente no se van a demoler las siete viviendas", manifestó García Lázaro.
Por su parte, la abogada de las siete familias de rumanos que habitan en las casas, Eva Navarrete, señaló que "ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso, esperamos que el lunes o el martes, y tendremos 20 días para formalizar la demanda ante el mismo juzgado, ya habiendo estudiando el fondo del asunto y viendo qué posibilidades jurídicas tenemos".
La abogada, que calculó que la vista para el juicio podría retrasarse hasta finales de 2008 o incluso 2009, adelantó que "una vez tramitado el recurso, la sentencia decidirá si el acto de la Administración fue correcto y entonces procederá al desalojo y demolición, o si fue contrario a derecho y los vecinos se pueden quedar con sus casas". "Entonces el Ayuntamiento volvería a empezar otra vez, es de suponer, pero haciendo las cosas correctamente", añadió Navarrete.
"Las casas constituyen el domicilio"
El razonamiento jurídico aportado por la juez para justificar su decisión de confirmar la suspensión cautelar del derribo fue "breve" y se refería a que "las casas objeto de derribo constituyen el domicilio de estas familias". "Aunque las construcciones a demoler son infraviviendas, su demolición supondría perjuicios de difícil o imposible reparación al tratarse del domicilio de familias", reza la sentencia.
Paralelamente a la formalización de la denuncia por parte de las familias afectadas, el Ayuntamiento de Madrid también tiene 15 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión tomada por la jueza. "En cualquier caso, yo aporté al juzgado una sentencia del TSJM que tenía esta misma fundamentación jurídica, así que aunque el Ayuntamiento puede recurrirla es de esperar que el Tribunal confirmara la resolución del juzgado", concluyó Navarrete.
Marcha de protesta
Mientras, los dos centenares de ciudadanos, en su mayoría de origen árabe, que hicieron a pie el recorrido por la carretera, escoltados durante todo el trayecto por la Policía, con la intención de evitar accidentes, llegaron hasta la Junta Municipal de Vicálvaeor. Allí, cuatro representantes se reunieron con el vocal del distrito.
Debido a la marcha, la A-3 registró un kilómetro de retenciones entre los kilómetros 10 y 11, en dirección Madrid, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).