El anuncio del ministro de Justicia de que 
L D (Víctor Gago) El 16 de julio de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero clausuró el curso La lucha contra el terrorismo y sus límites, de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Sus palabras de entonces iluminan como doctrina lo que PSOE y Gobierno intentan hacer ver en las últimas horas como una simple opinión personal del ministro de Justicia.
Como se sabe, Mariano Fernández Bermejo ha revelado el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno volverá a negociar con ETA.
Luego, lo ha matizado, diciendo que esa segunda o tercera parte será "en lontananza" y ha culpado a la Prensa de una mala interpretación de sus palabras.
El cúmulo de indicios y evidencias de que Zapatero ha apostado en todo momento por la negociación con los terroristas, incluso después del ataque terrorista del pasado 30 de diciembre en Madrid, en el que fueron asesinados dos trabajadores ecuatorianos, es de sobra conocido por la Opinión Pública.
El presidente, sin embargo, ha cambiado de discurso ante la cercanía de la fecha electoral, y como consecuencia del fracaso de su primera intentona de diálogo con ETA. En su vídeo promocional, Con Z de Zapatero, habla de su gestión sin referirse en ningún momento al llamado "proceso de paz", uno de los ejes fundamentales de su mandato.
Hay un propósito de borrar las huellas del pensamiento de Zapatero a favor de la negociación con ETA, que Mariano Fernández Bermejo ha perturbado con sus indiscretas palabras de hace cuarenta y ocho horas.
Pero la doctrina de la negociación está impresa en el discurso público de Rodríguez Zapatero desde el primer día de su mandato, como demuestra su intervención en los Cursos de Verano de la Complutense en julio de 2004.
Otros indicios – revelaciones de ETA a Gara – han venido a señalar, además, que Zapatero y su partido, el PSOE, podrían haber estado involucrados en un proceso de negociación secreta con la banda terrorista desde 2001, es decir, al mismo tiempo que el secretario general de los socialistas postulaba lealtad a la lucha anti-terrorista del Gobierno de José María Aznar y promovía la firma de un solemne Pacto Anti-terrorista.
El presidente lo tuvo claro desde el primer día
La conferencia ante Garzón y un nutrido grupo de alumnos de los Cursos de Verano es, sin embargo, el primer y temprano documento que prueba la voluntad inequívoca con la que Zapatero llegó al poder: negociar con los terroristas.
En aquella intervención del 16 de julio de 2004, el presidente, recién llegado al cargo, repasaba la política anti-terrorista basada en el acuerdo de las fuerzas constitucionalistas y, aunque reconocía su eficacia, también empezaba diciendo que en el campo de la lucha contra el terror ocurre "algo singularmente curioso": es posible –dijo entonces– compartir una estrategia y tener "tácticas divergentes en la práctica".
Por otra parte, su balance del Pacto Anti-Terrorista era favorable, pero también matizaba que "para que la lucha contra el terrorismo tenga realmente éxito, hay que plantearse algunas cosas".
Con estas dos sutiles apostillas, Zapatero emprendía la revisión del Pacto Anti-Terrorista y abría la puerta a la negociación con ETA. Los hechos posteriores han demostrado que no eran palabras espontáneas, sino toda una justificación apriorística de su política de apaciguamiento y concesiones.
El presidente ya se mostraba partidario en aquella temprana ocasión, ante Garzón y otros, de reconsiderar la denuncia de la evidente identidad de objetivos del nacionalismo vasco y del terrorismo. El Preámbulo del Pacto Anti-Terrorista no es excluyente con el PNV, sino que ésta agrupación política se niega a reconocer la identidad de ETA y Batasuna y a actuar en consecuencia, proscribiendo al partido terrorista.
Sin embargo, Zapatero acusa en su conferencia, veladamente, al Gobierno del PP de confundir terrorismo y nacionalismo, lo que considera una "utilización electoral y partidista del terrorismo".
El presidente no dudaba en romper una lanza por el PNV: "ha habido acusaciones intolerables de complicidad", dijo. También denunció "apropiaciones individuales de valores, normas e instituciones que son de todos", una idea que ha venido repitiendo, recientemente, para disimular el incumplimiento de la Ley de Símbolos en instituciones gobernadas por el PSOE.
En este contexto, Zapatero se lanzó a enunciar, por primera vez en su mandato, el que es su proyecto político con ETA: "fomentar el diálogo, la búsqueda de soluciones pactadas, la apuesta por la solución pacífica de conflictos. Esto supone una opción por la diplomacia preventiva".
Esta declaración formal, ante un auditorio académico, es la primera exposición documentada del propósito de Rodríguez Zapatero de negociar con ETA. Tiene el valor de probar que se trata de una voluntad presente, prácticamente desde el primer día de su mandato. Y a la luz de la historia de los hechos posteriores, permite entender la insistencia del presidente en la negociación, incluso con dos muertos aún calientes sobre la mesa, y proporciona nuevos elementos de juicio sobre las palabras recientes de Mariano Fernández Bermejo.
Bajo el foco de la conferencia de Zapatero, lo declarado el pasado miércoles en el Congreso por el ministro se revela, no como un desvío espontáneo, sino como una expresión fiel de la doctrina marcada por el presidente.
Otro fragmento cargado de significación de aquella conferencia, leída a través del cristal de los acontecimientos posteriores, es la profesión que hace Zapatero de su compromiso con lo que llama "legalidad objetiva", que distingue con puntillosidad de "la legalidad a la carta", de "la legalidad a posteriori" y de "la legalidad que diferencia entre lo que es aplicable a nosotros y a ellos".
Esta declaración tiene un alto valor, si se la compara con hechos y declaraciones posteriores, como el doble rasero sobre ANV –la mitad ilegal, la mitad en los Ayuntamientos–, Otegi –de "hombre de paz" a preso preventivo– e Ignacio De Juana –excarcelado y vuelto a encarcelar, en función de la marcha de la tregua– o la célebre doctrina del fiscal general, Conde- Pumpido, y del propio Bermejo de "adaptar la Ley a las circunstancias cambiantes".