"Después de treinta años de democracia en España, el marco de convivencia creado por sus ciudadanos e instituciones y amparado por la Constitución de 1978, está siendo gravemente amenazado por la persecución, los desafíos y ataques que los partidos nacionalistas y sus organizaciones radicales están sometiendo a los ciudadanos, las instituciones democráticas españolas y la legalidad constitucional.
Esta situación, que pone en jaque el proyecto de convivencia en común, no es más que el resultado final de un proceso que sólo ha estado oculto para aquél que no lo ha querido ver. Tras décadas aceptando el chantaje nacionalista sobre el conjunto del Estado como estrategia de integración en el marco democrático común, y especialmente después de una legislatura donde se han enconado los conflictos territoriales y políticos, hemos llegado a una situación de difícil retorno. El desafío nacionalista ha iniciado su último y decisivo envite contra el Estado, acelerando su campaña permanente de desprestigio y ataque a las instituciones democráticas y sus representantes, como antesala de su órdago final.
Para los nacionalistas, el sistema autonómico que define la Constitución es una etapa que sólo tiene valor como instrumento para conseguir su fin último: la construcción nacional. Una vez agotada la vía autonómica, el siguiente paso es plantear la consulta de un referéndum de autodeterminación con el objetivo de conseguir su horizonte político: la independencia. Este es el punto en el que ahora nos encontramos. El reto secesionista a la democracia española se materializa en dos frentes: la consulta anunciada por el lehendakari Ibarretxe para el País Vasco en 2008, y la propuesta lanzada por el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Carod-Rovira, de convocar una consulta popular en el 2014. Este es el escenario al que se enfrenta actualmente nuestro país y el conjunto de sus ciudadanos. De la forma en que la democracia española responda a este creciente desafío dependerá definitivamente la libertad e igualdad de todos los ciudadanos de España.
Esta gravísima situación es el resultado de la acción política de un nacionalismo que se ha quitado definitivamente la máscara y muestra lo que siempre había sido y que solo camuflado en el rédito de una inercia post-franquista y amparado por una izquierda incapaz de descubrir su verdadera ideología reaccionaria había ocultado: una nueva forma de totalitarismo político. El escenario es especialmente grave porque el pensamiento único nacionalista ha permeado las comunidades gobernadas por los partidos nacionalistas y sus cómplices, saturando la vida pública hasta envenenar la convivencia.
En estas comunidades se ha definido una construcción lógica en la que todo aquel que no comparte las coordenadas identitarias definidas por el nacionalismo se convierte automáticamente en un enemigo. Porque para los nacionalistas el enemigo no sólo es España, sino también todos aquellos que siendo sus conciudadanos no comparten sus ideas políticas ni sus criterios identitarios. Estos ciudadanos "rebeldes" son doblemente peligrosos, porque cuestionan desde la individualidad, su proyecto totalitario. Porque rompen el esquema simplista y reduccionista del "nosotros" contra "ellos". Porque ese "nosotros" homogéneo y mitificado deviene heterogéneo, plural, poliédrico, y eso es un peligro que no debe ser tolerado, porque puede derrumbar lo que tan cuidadosamente y obstinadamente han construido: el "otro" como enemigo.
Al amparo de la construcción nacional, el nacionalismo político no ha dudado en utilizar sistemáticamente el descrédito y ataque directo a las instituciones democráticas y sus símbolos, así como la manipulación de la educación y de los medios de comunicación públicos convertidos en instrumentos de difusión de una doctrina nacionalista impregnada de una pedagogía del odio a lo español. Asimismo, ha creado un lenguaje preñado de perversiones semánticas con el fin de generar asimetrías afectivas, ha fomentado la persecución lingüística y la exclusión de los castellano-parlantes de los circuitos oficiales, cercenando la libertad política del individuo desde la coacción, el hostigamiento público, las amenazas directas, llegando hasta el asesinato de políticos constitucionalistas en el País Vasco y Cataluña.
La hemiplejia moral de unos políticos que violan impunemente la ley que han prometido cumplir y hacer cumplir, que ocultan su incapacidad en el victimismo perpetuo, que denuncian un supuesto expolio económico cuando drenan del erario público millones en comisiones y corruptelas, otorgando subvenciones multimillonarias para sus amigos o para organizaciones que directa o indirectamente defienden ideas políticas reaccionarias, que fomentan un monolingüismo de tintes xenófobos ejecutando una verdadera limpieza lingüística contra sus conciudadanos, o que directamente amparan y justifican la lucha violenta de una minoría contra las instituciones democráticas, ha generando un sustrato donde han fermentado elementos que de forma imparable ponen en riesgo los pilares básicos de la convivencia, creando una situación que encubre y justifica comportamientos contra la libertad política y contra las instituciones democráticas.
Sin embargo, somos mayoría los que no nos resignamos a que de la amenaza surja la desesperanza. No permitiremos que la opresión totalitaria que quiere destruir nuestro marco de convivencia triunfe. No renunciaremos a la libertad por propia voluntad. Resistiremos. Los nacionalistas que pensaban que de la amenaza nacería la sumisión, se han equivocado. De la sociedad que quiere convivir en paz y libertad, ha surgido un movimiento de ciudadanos dispuestos a convertirse en un baluarte de la democracia. Para nosotros justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables dentro de nuestra Constitución, y no estamos dispuestos a renunciar a ellas.
Pero para ello, no debemos confiar en que las cotas de libertad individual no tienen retorno. Sabemos que para los nacionalistas el individuo se supedita a la nación inventada, que el ciudadano debe ceder sus derechos frente a un colectivo fantasmal, ya que el propietario de derechos no es el individuo, sino el territorio desarrollado como sujeto, y que es ese el motivo por el que los ciudadanos libres son un escollo en el logro de sus objetivos. La historia pasada y reciente nos alerta del peligro de esta supeditación del individuo al concepto, y nos recuerda que desandar el camino andado es fácil y siempre trágico.
La tarea no será fácil. Necesitamos que las instituciones defiendan nuestro modelo de convivencia y garanticen nuestro ejercicio político y cívico en libertad. Necesitamos que los mecanismos del Estado de Derecho velen por el cumplimiento de las leyes e impidan que aquellos que quieren violentar el orden constitucional logren sus objetivos, ya que la convicción en la impunidad es el origen de buena parte de los problemas que nos sitúan en esta tesitura histórica. Y para ello debemos adoptar una actitud de defensa inequívoca de nuestras instituciones democráticas para impedir que el ataque y zapa al que son sistemáticamente sometidas por aquellos que buscan arruinar nuestro marco de convivencia minen su legitimidad y su función garante de la igualdad.