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Control interno, los ojos y oídos de una dictadura

La dictadura militar de Birmania ha lanzado amenazas contra los miles de manifestantes que desde hace varios días colman las calles de Rangún y de otras ciudades exigiendo democracia. La eficiente maquinaria de espionaje y control de información que en los últimos cuarenta años ha desarrollado el régimen, se ha puesto en marcha para desactivar el mayor desafío popular de las últimas dos décadas.

La dictadura militar de Birmania ha lanzado amenazas contra los miles de manifestantes que desde hace varios días colman las calles de Rangún y de otras ciudades exigiendo democracia. La eficiente maquinaria de espionaje y control de información que en los últimos cuarenta años ha desarrollado el régimen, se ha puesto en marcha para desactivar el mayor desafío popular de las últimas dos décadas.
(Libertad Digital) La más extensa red de espionaje interno que actualmente existe en algún país de Asia, ha sido puesto en marcha para desactivar las movilizaciones populares que exigen en Birmania una apertura democrática. Y es que se trata de una extensa red de vigilancia y control de información que se basa en un programa desarrollado por los generales birmanos en 42 años de régimen militar. Muchos millones de dólares han estado destinados a ese fin.
 
El profesor Desmond Ball, del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad de Canberra –que ha publicado un libro sobre el espionaje birmano–, destacó que "los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad tienen interceptados todos los sistemas de telecomunicaciones del país".
 
En Birmania, tener un radio-teléfono no declarado a las autoridades acarrea la detención y quien sea sorprendido con un teléfono satélite es acusado de "alta traición" y condenado a una pena mínima de veinte años de cárcel. Además, para disponer de un ordenador hay que pedir un permiso especial al Ministerio de Comunicaciones, Correos, y Telégrafos. Infringir esa ley es castigado con penas que van desde los siete a los quince años de prisión. En ese país, donde sólo existe una decena de "cybercafés" con limitado acceso a internet.
 
En todos los hoteles de Rangún y en otras ciudades, las llamadas son interceptadas con descaro y, si se emplea el servicio de internet del establecimiento, éste se queda con una copia del mensaje. Los birmanos de a pie dicen que el régimen militar tiene "oídos y ojos" en todas partes Saben que en la nómina del poderoso Servicio de Inteligencia, además de militares, también figuran pedigüeños, vendedores callejeros, recepcionistas de hoteles, empleados de oficinas, monjes, taxistas y estudiantes, entre otros.
 
Los espiados no son sólo birmanos sospechosos y miembros confesos de la oposición y seguidores de la líder del movimiento democrático, Aung San Suu Kyi, quien desde junio de 2003 cumple otro arresto en su domicilio de Rangún. También los diplomáticos, periodistas y empresarios extranjeros, que los generales denominan "esbirros del imperialismo", son observados, seguidos y fotografiados.
 
Con el comienzo de las protestas de los últimos días, los sistemas de telefonía móvil están bloqueados. En el aeropuerto internacional de Rangún, los agentes inspeccionan concienzudamente los equipajes en busca de aparatos de telecomunicación y obligan a declarar los teléfonos móviles, que luego no sirven, así como los ordenadores portátiles. De hecho, las fuerzas de seguridad y los matones de la Asociación para la Solidaridad y la Unión Nacional, organización vinculada a la Junta Militar, han expulsado del país a varias decenas de extranjeros por observar o fotografiar las manifestaciones.
 
Según radio Mizzima, las autoridades han ordenado a la única empresa proveedora de internet, "Bagan Cybertech", interrumpir el servicio. Un periodista extranjero, cuya identidad no fue facilitada, resulto herido al ser golpeado por los paramilitares mientras observaba una de las tantas marchas pacíficas protagonizadas por los monjes. Esta misma semana, Reporteros Sin Fronteras (RSP) y la Asociación de la Prensa Birmana, con sede en Tailandia, denunciaron el empleo de la violencia y otros medios de represión que persiguen evitar que los periodistas informen de las protestas, las mayores desde la matanza de activistas democráticos ocurrida en septiembre de 1988. La organización llamó a Birmania el "paraíso de los censores".

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