L D (Europa Press) El Pleno del Congreso rechazó este martes por la tarde una moción del PP en la que instaba al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para que los cargos públicos que no cumplan con la Ley que regula el uso de las Banderas sean sancionados con la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones. El texto cosechó el voto en contra del PSOE y todas las formaciones nacionalistas y sólo recibió el respaldo de sus impulsores.
En la moción, consecuencia de la interpelación que el PP formuló la pasada semana a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, el primer partido de la oposición pedía también al Ejecutivo que ordenase a las Delegaciones del Gobierno la remisión de requerimientos a los incumplidores y que enviase al Parlamento en un mes un listado con aquellos Ayuntamientos e instituciones autonómicas que no cumplen con esta normativa, con indicación de la formación política que las rige.
Durante la defensa de la moción, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Ana Torme, volvió a denunciar la "condescendencia" con la que, a su juicio, el Gobierno reacciona ante los incumplimientos de esta norma e insistió en que, al restarles importancia, "ampara y da alas a los radicales". Así, como ya hizo la semana pasada reclamó a las delegaciones del Gobierno que "hagan su trabajo" y envíen requerimientos a las instituciones que no cumplan la ley y, como solución, defendió la introducción de un apartado sancionador que ya existía hasta 1992, cuando fue suprimido tras ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Por contra, Elisenda Malaret, del Grupo Socialista, indicó que esta cuestión debe quedar al margen de las "querellas de partido" y recordó que hoy no hay cambio alguno ni en la legislación vigente ni en el grado de incumplimiento de la misma. "Estas garantías les parecían suficientes hasta hoy y seguramente su moción responde a razones de oportunismo político e intereses partidarios", enfatizó. El portavoz parlamentario de IU-ICV, Joan Herrera, calificó de "tramposa" la propuesta del PP, al que acusó de "esconder sus vergüenzas en la bandera" intentando "hacer de un debate identitario un nuevo banderín de enganche para su estrategia electoral". A su juicio, los populares sólo pretenden "manipular los sentimientos" para "movilizar a su electorado". "Nosotros no vamos a apuntarnos a la guerra de banderas", proclamó.
El ponente de CiU, Jordi Xuclà, tachó de "nacionalista" el discurso de la representante del PP y avisó de que estos debates lo único que provocan es "desafección" y el debilitamiento de consensos consagradaos por la Constitución. Frente a ello, abogó por "no imponer, no impedir" y por rechazar la utilización electoral de los símbolos. Emilio Olabarría, del PNV, atribuyó la iniciativa del PP a un cierto "desvarío intelectual y desorden creativo", y denunció que los populares se erigen en únicos "adalides" de los símbolos situando a los demás como "traidores con las esencias patrias". Además recordó que el PP, cuando gobernaba, consideraba los incumplimientos puntuales de la Ley de Banderas como una cuestión "banal" y nunca promovió las exigencias que ahora reclama.
Por parte de ERC, el diputado Josep Andreu indicó que es la propuesta del PP es "lo más rancio que se pueda generar en esta Cámara", que sólo encuentra precedentes "en Marruecos o Zimbabue", pues comentó que ni siquiera en Estados Unidos se penaliza la quema de la bandera del país. A su juicio, este tipo de iniciativas sólo sirven para crear "más independentismo". Por último, Francisco Rodríguez, portavoz del BNG, censuró la "carrera por la defensa del concepto de españolidad" que ha puesto en marcha el PP para crear "una sensación de caos y de que el Estado español está desintegrando" con el objetivo, dijo, de responsabilizar después a Gobierno socialista. Según dijo, los populares quieren "convertir el Parlamento en lugar de represión, amenaza e intimidación" con medidas que recuerdan a "tiempos pasados".