L D (Agencias) En manifestaciones a RNE, recogidas por Europa Press, el titular de Justicia afirmó que respecto a este hecho consumado, se debe ser consciente de que "lo que hay intentar es que las banderas se compartan", y que es bueno "ser muy prudentes" a la hora de "avanzar en ese tema".
Bermejo insistió en que la ausencia de la enseña nacional en algunos edificios públicos es un hecho "que por ser sensible y complejo para muchos ciudadanos" debe ser tratado "con el cuidado que hay que tratarlo, y no pretender desenterrar otra vez la guerra de las banderas". A su juicio, se trata de un "debate interesado".
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, al término del Comité de Dirección, el número dos del PP, Ángel Acebes, consideró que con estas manifestaciones Fernández Bermejo está "renunciando públicamente a hacer cumplir la ley", "bien porque se considera incapaz, bien porque no le parece importante". A su juicio, la principal misión del Gobierno es hacer cumplir la ley e insistió en que hacer "una renuncia explícita" al cumplimiento de la ley "es incompatible con seguir ocupando el puesto de ministro de Justicia".
Es más, Acebes subrayó que el Ejecutivo no puede "renunciar" a que se cumpla la ley, máxime cuando, según recordó, una reciente sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2007 ordena que la enseña nacional ondee de forma permanente en los ayuntamientos e instituciones públicas.
Al ser preguntado qué ocurría cuando Gobernaba el PP y se incumplía la ley, el dirigentes popular se remitió a las "circunstancias actuales" y quiso dejar claro que "ahora la responsabilidad es del Gobierno de España", que debe cumplir con una sentencia que "antes no existía".
El secretario general de PP recordó el caso de la alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, "amenazada de muerte" por colocar la bandera de España en el ayuntamiento. A su juicio, esta situación "no es normal" ni "ocurre en ninguna democracia del mundo".
El PP lleva una moción al Congreso
Precisamente, el Grupo Popular someterá mañana martes a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para que los cargos públicos que no cumplan con la Ley que regula el uso de las Banderas sean sancionados con la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones.