(Libertad Digital) Carmelo González cambió a su hija de un colegio público a otro privado que le cuesta 650 euros al mes para garantizar a su hija el conocimiento del castellano, pero ahora ve impotente como esta enseñanza ha desaparecido por completo para dejar aún más espacio al catalán.
Cuando fue a pedir explicaciones le confesaron que reciben constantes "presiones del Gobierno de Cataluña" para fortalecer el catalán. Carmelo Gómez no sale de su asombro y estudia volver a los Tribunales para recurrir un derecho que le es hurtado día a día a todas familias.
Un derecho que sistemáticamente se incumple
Según publica este domingo El Mundo, Carmelo González tuvo problemas en 2005 con la escolarización de su hija de tres años de edad, que le negaban en lengua castellana. Se amparó en la Ley de Política Lingüística 1/1998, que en su artículo 21.2 indica que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. Sin embargo, Carmelo sigue batallando por hacer cumplir la ley, después de que la Generalidad le haya denegado nuevamente un recurso a una resolución del centro contra su solicitud.
Ni la enseñanza pública, por supuesto, ni la concertada, como se puede deducir, ni ahora tampoco la privada, se ven libres de las presiones del Gobierno de Cataluña que quiere a toda costa la inmersión lingüística de todos sus alumnos y también la de sus familias.
En esta línea, la Generalidad establece que los centros privados han de desarrollar pautas de uso lingüístico favorables al catalán "para todos los miembros de la comunidad educativa", y debe garantizar que todas las actividades administrativas y las comunicaciones entre el centro y el entorno sea en lengua catalana, "sin perjuicio de que se arbitren medidas de traducción en el periodo de acogida en las familias del alumnado recién llegado".
Según El Mundo, Ciutadans ha denunciado que la lengua que la normativa establece como única para la comunicación entre la escuela y la familia del alumnado sea el catalán. "La escuela tiene la obligación de educar al alumno, pero no a su familia, a la que ha de limitarse a informar", cuenta la filóloga Pilar Barriendos. Para informar, la escuela podría emplear la lengua más cómoda para los progenitores, y no la que se ha establecido como vehicular para la enseñanza.