(Libertad Digital) La intervención de Sonatrach –empresa gasística estatal de Argelia– en Gassi Touil, la inversión más importante de Repsol y Gas Natural en Argelia –1.600 millones de euros–, no ha alterado la agenda del ministro de Industria, Joan Clos, que conocía los planes del Gobierno de Abdelaziz Buteflika desde, al menos finales de julio.
El ministro se encuentra en China, en visita oficial, y este martes ha convocado a las cuatro de la tarde a la Prensa en Pekín, se supone que para valorar por primera vez esta grave agresión a los intereses de dos multinacionales españolas.
Repsol YPF comunicó este lunes a la CNMV la apropiación del proyecto Gassi Touil por Sonatrach, aunque las presiones a la petrolera y a Gas Natural vienen produciéndose desde finales de julio y son conocidas por el Gobierno que, sin embargo, no ha realizado ninguna gestión, que se conozca; y si la ha realizado, fracasó, porque Argel consumó ayer la retirada de la concesión de 2004 a las dos multinacionales españolas.
Repsol YPF y Gas Natural ya han tomado iniciativas judiciales ante la Corte de Arbitraje de Ginebra. Pedirán indemnizaciones a Sonatrach por daños y perjuicios. En la sede de Repsol, la medida era esperada de un día a otro, después de meses de presiones del Gobierno de Argel, bajo el pretexto de que el proyecto de Gassi Touil va con retraso.
La ofensiva de Argelia contra intereses españoles tiene un marcado contexto político en la visita de Rodríguez Zapatero a Marruecos en marzo pasado. Entonces, el presidente apoyó los planes de Rabat para desactivar el referéndum de autodeterminación del Sahara y conducir la antigua colonia hacia un estatus político de autonomía vigilada.
El alineamiento de Zapatero con los intereses del régimen de Rabat no sólo rompía con la doctrina de la política española para la antigua colonia, y con el mandato de Naciones Unidas que encomendó a España el papel de administrador transitorio del Sahara, entre tanto se resuelve el conflicto de descolonización mediante un referéndum de autodeterminación, sino que irritó visiblemente a España, un socio clave de empresas energéticas españolas y proveedor dominante del gas que se consume en nuestro país.
A partir de ese momento, Argel anunció una subida del 20 por ciento de la tarifa del gas que suministra a España y fue aumentando gradualmente la presión hasta culminar, por el momento, con la expulsión de Repsol YPF y Gas Natural del proyecto más importante que desarrollaban en Argelia.
No es la única iniciativa que el Gobierno de Butteflika ha seguido en los últimos meses para poner cerco a los intereses españoles.
El Gobierno ha aumentado los impuestos sobre los hidrocarburos hasta el 50 por ciento del valor de la producción, en el caso de las empresas extranjeras.
Además, Sonatrach ha aumentado, del 20 al 36 por ciento, su participación en Medgaz, el nuevo gasoducto que unirá Argelia con la Península Ibérica sin pasar por Marruecos.
Por si fuera poco, el Gobierno argelino acaba de promulgar reformas legislativas con nuevas restricciones a las empresas extranjeras: a partir de ahora, Sonatrach deberá contar con la mayoría del capital en cualquier proyecto acometido por empresas energéticas del exterior.