El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral, que se ocupa de esta causa, defiende esta tesis en un escrito que dirigió a la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional después de que la asociación Dignidad y Justicia reclamara el pasado 31 de julio la prórroga de la suspensión de actividades de las sociedades Udalbiltzaren Elkartea, Consorcio Udalbiltza y Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo, que expiró el pasado 25 de junio.
La suspensión de actividades fue dictada en 2003 por un periodo de dos años por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y prorrogada por el mismo plazo en 2005 por Fernando Grande-Marlaska, que le sustituía durante el periodo vacacional. Ahora será la Sala de Vacaciones de la Audiencia Nacional la que decida si se ejecuta una nueva prórroga, al encontrarse ausentes los magistrados de la Sección Primera, que juzgará la causa.
En su escrito, el representante del Ministerio Público también reclama a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que comprueben la ausencia de actividad en que las tres entidades dependientes de Udalbiltza Kursaal, tal y como estima la Fiscalía a partir de los informes policiales que ha recibido hasta la fecha.
Entre los argumentos utilizados por el fiscal para encontrar innecesaria la prórroga de la suspensión de actividades figura que el bloqueo de cuentas acordado en su día es independiente de la citada medida, por lo que nunca ha dejado de estar vigente, para cubrir las posibles responsabilidades civiles a las que puedan ser condenados los 21 procesados en el procedimiento.
Además, al no disponer de locales o sedes, las entidades aludidas, según Fiscalía, no pueden sustraer ningún tipo de bienes que se encuentren intervenidos por su vinculación con la asamblea de electos de Batasuna.
Según las mismas fuentes, la Fiscalía presentará de forma inminente su escrito de acusación en la causa seguida contra Udalbiltza Kursaal, en la que procesó en septiembre de 2004 a 21 personas relacionadas con esta entidad por un delito de integración en organización terrorista.
Previamente Garzón había acordado la ilegalización de la asamblea de electos de la formación ilegalizada Batasuna al considerarla "una renovación delictiva de la Udalbiltza nacida del acuerdo entre diversas fuerzas políticas nacionalistas y otros partidos políticos y organizaciones".