(Libertad Digital) Casimiro García-Abadillo denuncia este lunes que no hay prueba documental alguna que acredite la versión oficial sobre la activación de las siete tarjetas que supuestamente sirvieron de temporizadores en las bombas colocadas en los trenes. Además, llama la atención sobre las contradicciones del sumario en relación a estas tarjetas. Si se tienen en cuenta los informes de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía (UCI), esas tarjetas se activaron en la tarde-noche del nueve de marzo de 2004. Sin embargo, la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) sostiene que se activaron entre las cuatro y las siete de la tarde del día diez de marzo. Ni de una cosa ni de otra hay pruebas documentales.
En los soportes informáticos que aportó la compañía telefónica, Amena, sólo hay constancia de que se activó una tarjeta: la que apareció en la mochila de Vallecas. De las otras no hay nada, como reconoce en el sumario la Comisaría General de Información: "No existe soporte técnico que acredite dicha fecha y periodo". Así respondía la unidad, controlada por entonces por Telesforo Rubio, cuando Del Olmo pidió aclaraciones por las contradicciones entre la UCI y la UCIE.
Recuerda El Mundo que, durante el juicio, dos peritos policiales también declararon que sólo "tuvieron constancia del encendido de un móvil con la tarjeta de la mochila de Vallecas". Apuntaron, añade el diario, que "entendieron que a continuación se hizo la identificación del resto por parte del personal de Amena. ¿Y dónde está el soporte documental, el archivo electrónico, el certificado técnico que lo avale? Esa información no la tenemos, reconoció uno de los policías".
Pese a esto, que quedó acreditado en el sumario, la Fiscalía no llamó a declarar a esos empleados no identificados de Amena que dieron por hecho que las siete tarjetas se activaron en Morata.
En su editorial, El Mundo sostiene que "la apariencia de todo se corresponde más bien con la idea de que las conclusiones policiales existían antes de que comenzara la investigación y que ésta no fue sino un trámite para dar consistencia jurídica a las acusaciones contra algunos sospechosos habituales, transformados en presuntos culpables. El problema de la Fiscalía es que el tribunal difícilmente podrá considerar ahora como hechos probados lo que en la práctica no pertenece sino al limbo de las meras conjeturas mil veces repetidas".