LD (Víctor Gago) El Gobierno dispone, en esencia, de tres opciones para satisfacer los 1.200 millones de euros que costará la imprevista promesa de José Luis Rodríguez Zapatero durante el reciente Debate sobre el estado de la Nación.
La estimación del coste procede del propio Gobierno [la enunció la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega el pasado 6 de julio, dos días después de que el presidente anunciase la medida en el Congreso], y se basa en el número de nacimientos registrados en España el año pasado, 481.102 nuevos bebés.
Allí, el presidente anunció que, a partir del pasado 4 de julio, las familias "con residencia legal en España" percibirán 2.500 euros por cada natalicio.
La fórmula utilizada por el presidente: "...con residencia legal en España" ha despertado el interés en los países emisores de emigración hacia España, según ha alertado un experto del Instituto de Empresa, Valentín Bote, a partir de una sencilla comprobación en Google del impacto de la noticia. La tres primeras en número de consultas corresponden a reproducciones de la noticia en República Dominicana, México y Argentina.
Según el profesor José Barea, en La Linterna de COPE, el presidente puede haber incumplido flagrantemente la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, por anunciar una medida con un impacto tan intenso en la contabilidad nacional sin consultar a los organismos moderadores del objetivo de estabilidad.
Para hacerse una idea de la dimensión de los 1.200 millones de euros que, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, costará la promesa de Rodríguez Zapatero –que el propio presidente reconoció como "electoralista", cuando se le objetó desde la bancada de la Oposición: "No me importa que digan que es electoralista, si es para hacer el bien a las familias", dijo–, baste indicar que equivale a los presupuestos de los Ministerios de Vivienda o Cultura y se aproxima a la financiación total del de Justicia.
LD ha concretado ese impacto en el Presupuesto. Según la Ley de Presupuestos de 2007, el objetivo de estabilidad presupuestaria es de un 0,2 por ciento del PIB de superávit del Estado y Organismos Autónomos públicos, excluyendo la Seguridad Social.
El FMI ha estimado un PIB nominal para España, en 2007, de 985.000 millones de euros, con lo que el objetivo de superávit previsto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero asciende a 1.970 millones de euros, exactamente, un 0,2 por ciento de la renta nacional estimada.
Los límites del Gobierno
Los 1.200 millones que costará el estipendio de Rodríguez Zapatero antes de las Elecciones Generales representan un 60,9 por ciento del superávit previsto para este año. En otras palabras, la promesa de los 2.500 euros se comerá el 61 por ciento del objetivo de estabilidad presupuestaria del año.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria es muy clara, al respecto. Obliga al Gobierno a declarar al Congreso, a tres años vista, sus objetivos de estabilidad, basándose, además, en consultas exhaustivas al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local.
El espíritu del Legislador –la norma fue impulsada y aprobada en 2001 por el Gobierno del PP– fue comprometer estrechamente al Estado y las Administraciones autonómicas y locales en la disciplina presupuestaria, y se otorgó a la Administración central del Estado, dependiente del Gobierno, un papel ejemplarizante en el grado de cumplimiento.
En su artículo 12, La Ley obliga al Gobierno a declarar "el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto del Estado".
Y en el 13.2, se establece que el "Ministerio de Economía y Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local sobre el límite de gasto previsto".
A partir del órdago de Zapatero, el Gobierno alegará, previsiblemente, que es posible financiar la medida natalista sin tocar el superávit –primera opción–, lo que le haría responsable ante los mecanismos correctivos de la Ley y le obligaría a rendir cuentas a la Unión Europea en un complejo litigio.
En tal caso, el Gobierno intentará recurrir a una de las dos siguientes opciones alternativas, tasadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria:
1) Recurrir al Fondo de Contingencia –2.900 millones, un 2 por ciento del gasto presupuestado–. La Ley, sin embargo, es muy clara en los límites del Gobierno para meter la mano en esta bolsa. Para poder hacerlo, el gasto debe "atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado". Está por ver cómo acreditará el Gobierno que la promesa de Rodríguez Zapatero no es un brindis discrecional y que satisface eficazmente la necesidad de nacimientos –los expertos cuestionan que tenga alguna repercusión significativa en el aumento de natalicios y apuestan por medidas alternativas, como incentivos a la creación de guarderías–.
2) Practicar una modificación extraordinaria de créditos presupuestarios, dando de baja otras partidas. En este caso, el Gobierno deberá explicar a quién se lo quita y por qué.