LD (Europa Press) El objetivo político del camino hacia la plena soberanía fiscal catalana fue declarado en 2003 por los firmantes del llamado Pacto del Tinell, hoy Tripartito o Pacto de La Entesa que gobierna la Generalidad.
Se trata, dijeron entonces sus portavoces, de reducir a la mitad la contribución catalana a las arcas del Estado, que hoy supone alrededor del 10 por ciento del PIB regional, siempre según estimaciones del Tripartito. Los soberanistas dicen haberse inspirado en el modelo de los landers –estados– alemanes más ricos, como Baden-Wüttenberg, cuya aportación a la Administración Federal es de aproximadamente un 5 por ciento del PIB local.
El pleno del Parlamento aprueba este miércoles la Ley de la Agencia Tributaria con el voto favorable de los partidos del Tripartito.
Pese a la reiterada voluntad de consenso, CiU no daba aún este martes por cerrado el acuerdo, a falta de negociar algunas enmiendas. El PP catalán, en cambio, ha confirmado que votará en contra.
Así, el penúltimo pleno antes del verano aprueba la primera norma catalana que despliega legislativamente el Estatuto, casi un mes antes de que expire el plazo legal para ello, dado que la carta autonómica fija la creación de este ente tributario antes de cumplirse el año de su entrada en vigor, el próximo 9 de agosto.
Además de esta ley, el pleno de este miércoles aprueba la ley de creación del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, para regular este organismo que se puso en marcha en la pasada legislatura.
Según el nuevo Estatuto, la Generalidad tiene "capacidad para determinar el volumen y composición de sus ingresos en el ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente".
El Estatuto establece que la Generalidad podrá crear tributos propios y participar en la "fijación del tipo impositivo, las excenciones, reducciones y bonificaciones" de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
La creación de la Agencia Tributaria catalana clausura un modelo de gestión única, inherente al principio histórico de igualdad fiscal de todos los españoles, así como, por otra parte, el aumento de la soberanía fiscal inaugura un modelo de dispersión normativa y competencia entre Comunidades Autónomas.