(Libertad Digital) Según una nota de prensa, la UDE explica que "asociaciones y plataformas ciudadanas de Galicia vienen advirtiendo de la imposición del gallego como lengua única en la enseñanza desde la presentación del nuevo Decreto de enseñanza" y subraya que "el Decreto sólo garantiza el uso del castellano en la asignatura de Lengua castellana, equiparando la lengua mayoritaria de los gallegos a una lengua extranjera".
UDE entiende que corresponde a la Junta de Galicia determinar las condiciones de estudio de la asignatura de Lengua gallega, pero que "la lengua vehicular de la enseñanza de otras asignaturas debe ser una elección de los padres, a través de una oferta plural de modelos lingüísticos". Luego "lo grave no es que se proponga un modelo lingüístico que resulte monolingüe en la práctica, sino que los padres no tengan derecho a optar por una alternativa en la que se escolarice a sus hijos en castellano, que es una de las dos lenguas oficiales de Galicia y que se ve claramente discriminada por el Ejecutivo gallego", explica la confederación con mayor número de asociaciones de estudiantes en España.
Es por esta imposibilidad de elegir modelo lingüístico que "UDE recurrirá, junto con el Movimiento Cívico Gallego, el Decreto lingüístico" de la Junta de Galicia, y "pedirá al Tribunal Constitucional que obligue al Ejecutivo autonómico a reconocer y garantizar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano", lengua oficial del Estado, según el artículo 3 de la Constitución.
También recurrirá en Baleares la imposición de un modelo monolingüe
Por otro lado, y con la excusa de promover la enseñanza en lengua inglesa, el “hexágono balear”, nuevo Ejecutivo autonómico, ha presentado una propuesta que supone reducir de 10% a 5% las horas de enseñanza en castellano. UDE cree que "tanto el Decreto balear vigente desde 1997 como la propuesta del nuevo Gobierno vulneran el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano" y aunque no puede recurrir a estas alturas el Decreto del 97, avisa que "recurrirá cualquier normativa del nuevo Gobierno que discrimine una lengua respecto de otra o imponga un modelo lingüístico único".