L D (Agencias) Las fuentes consultadas indicaron que el Ejército de Tierra plasmará estas conclusiones en el documento que trasladará al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de Ejército Félix Sanz, y que este a su vez elevará al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, de cara a su comparecencia parlamentaria el próximo 2 de julio. El Ejército de Tierra explicita en el informe cada una de las gestiones que ha realizado en el marco del proceso de contratación, tramitado por un procedimiento sin publicidad y negociado, en lugar de otra fórmula más habitual en adquisiciones de la Administración del Estado pero mucho más lenta, como es la convocatoria de concurso público.
Las fuentes militares subrayaron que el Ejército de Tierra realizó las gestiones administrativas con la mayor celeridad posible y recordaron que la orden del Estado Mayor de la Defensa data del pasado mes de noviembre. El proceso de adquisición se materializó en dos contratos de compra acordados con la misma empresa gallega. El primer contrato es el de mayor dotación presupuestaria, unos 480.000 euros, correspondientes a los sistemas inhibidores de frecuencia.
La segunda compra, asignada a la misma compañía en el marco del mismo expediente, tiene un presupuesto menor y consiste en la adquisición de tarjetas potenciadoras de los sistemas perturbadores de frecuencia. Estos elementos permiten aumentar en gran medida el radio de alcance y la efectividad de los inhibidores. Todo el expediente de contratación se vio directamente afectado en su financiación por el hecho de que los fondos asignados por la Ley Orgánica de Presupuestos Generales del Estado al capítulo reservado a gastos de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz no fueron abonado hasta el pasado mes de mayo.
Hubo que recurrir a otros fondos
Esta circunstancia fue superada por el Estado Mayor del Ejército de Tierra recurriendo a los fondos de otro capítulo presupuestario de Defensa, el de inversiones militares en infraestructuras y otros bienes. El informe elaborado por el Estado Mayor del Ejército de Tierra permitirá aclarar cómo se desarrolló la contratación de los sistemas inhibidores después de que el pasado lunes el Ministerio de Defensa atribuyera directamente al JEME, general de Ejército Carlos Villar Turrau, y su División de Logística toda la "responsabilidad" de la contratación de estos sistemas.
El Departamento que dirige José Antonio Alonso aseguró el lunes en su comunicado conjunto con el Estado Mayor de la Defensa que el 7 de noviembre de 2006 dio orden para incorporar 70 sistemas inhibidores a los vehículos tácticos desplegados en Líbano. "La orden se remitió al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Carlos Villar Turrau, responsable de la adquisición del material y de la instalación, y éste a su División de Logística con fecha 15 de noviembre de 2006", subrayó Defensa.
El Ministerio indicó en su escrito que "para agilizar los trámites y recibir el material a la mayor brevedad se optó para su adquisición por un Procedimiento Negociado sin Publicidad, uno de los contemplados en la legislación vigente, y se anticiparon los recursos financieros necesarios en concepto de señal (1.000.000 de euros)". "La recepción de los equipos inhibidores por el Ejército de Tierra comenzó el pasado día 29 de mayo y finalizará esta misma semana. La instalación se realizará de manera inmediata. En cualquier caso, la investigación sobre el explosivo y el sistema de iniciación empleado el pasado domingo no ha concluido", concluyó Defensa.