L D (Agencias) El Departamento que dirige José Antonio Alonso afirmó en un comunicado que tanto los servicios de inteligencia militar españoles como los de Naciones Unidas determinaron que el riesgo de un atentado perpetrado con un artefacto explosivo improvisado (IED, en terminología militar) "no era significativo" y que "en caso de darse" estaría basado en "ataques suicidas más que en activación a distancia".
El Ministerio refuerza su justificación subrayando que "ninguno de los contingentes desplegados en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano ha dotado de inhibidores a sus fuerzas". "La comunicación oficial recibida ayer desde el Cuartel General de FINUL cita a Francia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portugal y Bélgica, Ghana, India, Indonesia y Nepal como contingentes que no disponen. Esta comunicación añade que no existe evidencia alguna de que otros contingentes de menor tamaño los estén utilizando", remarcó.
El Departamento que dirige José Antonio Alonso argumenta que la instalación de inhibidores "con prioridad" para Afganistán "viene dada por el riesgo que hay sobre nuestro contingente allí desplegado" y recordó que el pasado año los artefactos activados a distancia suponen el 60 por ciento de los 700 que explotaron y, además, se desactivaron "otros 300 preparados para explosionar". "En Líbano, por el contrario, no se había empleado nunca este tipo de artefactos contra fuerzas de FINUL ni contra el Ejército de Israel durante el conflicto del pasado verano", subrayó.
Sacudiendo responsabilidades
Sacudiendo responsabilidades
No obstante, el Ministerio incidió en que "para tomar en consideración cualquier tipo de amenaza y estar protegidos ante ella" el pasado 7 de noviembre de 2006 el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Félix Sanz, "ordenó dotar cuanto antes a los vehículos desplegados en Zona de Operaciones de medios contra explosivos improvisados al objeto de aumentar la seguridad de los diferentes contingentes". "Esta previsión ya había sido tomada por España en otros teatros de operaciones como, por ejemplo, en Afganistán desde enero de 2006. En el caso del Líbano, la Brigada liderada por España inició sus actividades operativas el día 1 de noviembre. Tan sólo una semana después se ordenó la dotación de inhibidores aunque los informes de inteligencia consideraban como el nivel de riesgo como 'no significativo'", aseguró Defensa.
El Ministerio aporta datos del contrato para adquirir 70 inhibidores correspondientes a ocho tipos de vehículo diferentes y subrayó que "la orden se remitió al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Carlos Villar Turrau, responsable de la adquisición del material y de la instalación, y éste a su División de Logística con fecha 15 de noviembre de 2006". "Para agilizar los trámites y recibir el material a la mayor brevedad se optó para su adquisición por un Procedimiento Negociado sin Publicidad, uno de los contemplados en la legislación vigente, y se anticiparon los recursos financieros necesarios en concepto de señal (1.000.000 de euros)", añade el Departamento que dirige José Antonio Alonso.
"La recepción de los equipos inhibidores por el Ejército de Tierra comenzó el pasado día 29 de mayo y finalizará esta misma semana. La instalación se realizará de manera inmediata. En cualquier caso, la investigación sobre el explosivo y el sistema de iniciación empleado el pasado domingo no ha concluido", concluyó Defensa.
Alonso comparecerá el lunes en el Congreso
El ministro de Defensa, que fue entrevistado por Gemma Nierga en La Ventana de la Cadena SER, insistió en que los soldados son "chicos muy jóvenes que saben que están en una misión de riesgo y que están adecuadamente entrenados y equipados", pese a que algunos tienen 18 años y carecen de inhibidores de frecuencia para evitar este tipo de atentados.
Alonso comparecerá el próximo lunes por la tarde ante la comisión correspondiente del Congreso para informar de las investigaciones sobre el atentado que costó la vida a seis militares del contingente español destacado en Líbano, así como para pedir autorización para el envío de instructores a Afganistán, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.