LD (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado -que ha actuado de oficio- ha pedido informes sobre lo sucedido a los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores.
Grande-Marlaska ha aplicado el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de los tribunales españoles "para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española", como delito de terrorismo, entre otros. La decisión del juez, según las mismas fuentes, no afecta al traslado a Colombia del cadáver del soldado Jefferson Vargas, previsto para este martes, que podrá ser enterrado en su país de origen, pero no incinerado.
Los otros cinco militares españoles muertos el pasado domingo a consecuencia de la explosión de un coche-bomba en el Líbano, donde participaban en la misión de la fuerza de interposición de la ONU, son Johnattan Galera, Juan Villora, Manuel David Portas, Jeyson Castaño y Yhon Edisson.
Según las primeras investigaciones, fue la explosión de una furgoneta Renault Express, cargada con 50 kilos de explosivo, provista de placas de matrícula falsas y con el número de bastidor manipulado, la que acabó con la vida de los seis cascos azules españoles cuando viajaban en un blindado BMR sin inhibidores de frecuencia.
El 4 de diciembre de 2003, después del atentado que el 29 de noviembre de ese año había costado la vida a siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu también decidió abrir una investigación sobre lo sucedido.
Las diligencias fueron archivadas el 13 de febrero de 2004 en vista de que los hechos estaban siendo investigados "por las autoridades de las fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona" y de que se desconocía la identidad de las personas responsables del "ataque armado" a los funcionarios españoles.
Grande-Marlaska ha aplicado el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de los tribunales españoles "para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española", como delito de terrorismo, entre otros. La decisión del juez, según las mismas fuentes, no afecta al traslado a Colombia del cadáver del soldado Jefferson Vargas, previsto para este martes, que podrá ser enterrado en su país de origen, pero no incinerado.
Los otros cinco militares españoles muertos el pasado domingo a consecuencia de la explosión de un coche-bomba en el Líbano, donde participaban en la misión de la fuerza de interposición de la ONU, son Johnattan Galera, Juan Villora, Manuel David Portas, Jeyson Castaño y Yhon Edisson.
Según las primeras investigaciones, fue la explosión de una furgoneta Renault Express, cargada con 50 kilos de explosivo, provista de placas de matrícula falsas y con el número de bastidor manipulado, la que acabó con la vida de los seis cascos azules españoles cuando viajaban en un blindado BMR sin inhibidores de frecuencia.
El 4 de diciembre de 2003, después del atentado que el 29 de noviembre de ese año había costado la vida a siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Irak, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu también decidió abrir una investigación sobre lo sucedido.
Las diligencias fueron archivadas el 13 de febrero de 2004 en vista de que los hechos estaban siendo investigados "por las autoridades de las fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona" y de que se desconocía la identidad de las personas responsables del "ataque armado" a los funcionarios españoles.
Plástico C4
Por su parte, expertos de la ONU y del Ejército libanés que investigan el atentado terrorista que el domingo se cobró la vida de seis soldados españoles, han determinado que el coche-bomba estaba cargado con explosivo plástico C4, cinco veces más potente que el TNT. Los técnicos han descartado un ataque suicida después de haber analizado el Renault Rapide y no encontrar rastros de sangre.
Según informes de los técnicos de la ONU y del Ejército libanés que están investigando en el terreno el atentado del domingo, los primeros "análisis meticulosos" indican que los terroristas utilizaron setenta kilos de explosivo plástico C4, equivalente a entre 300 y 350 kilos de TNT.
El periódico inglés The Daily Star informa, citando fuentes de la ONU y del Ejército libanés, que los técnicos empezaron a rastrear la zona del ataque este lunes. En el terreno han analizado los restos del Renault Rapide utilizado en el atentado y a recoger muestras con el objetivo de determinar el tipo de explosivo utilizado.
El rotativo explica que en los primeros "análisis meticulosos" no han encontrado restos de sangre en los asientos del automóvil, lo que parece descartar que se tratase de un atentado suicida. Lo que si han localizado es la matrícula del automóvil.