(Libertad Digital) El vicepresidente económico-financiero del Gobierno es partidario de rebajar el Impuesto de la Renta y el de Sociedades si la presión fiscal sigue aumentando –lo ha hecho en dos puntos, desde que Gobierna el PSOE– como consecuencia del incremento de los ingresos.
"Si el comportamiento de los ingresos sigue siendo muy bueno y, por tanto, hay riesgo de que la presión fiscal suba, soy partidario de plantear reformas fiscales que devuelvan a ciudadanos y a empresas parte de ese dinero", declara Pedro Solbes a ABC este lunes.
En concreto, el ministro es partidario de bajar el IRPF y el Impuesto de Sociedades.
Sobre los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, Solbes es partidario de conceder margen a las Comunidades Autónomas para que decidan qué hacer con ellos. Eso sí, advierte que la supresión no debe llevar aparejado, en ningún caso, la obligación del Estado de compensarlas por la pérdida de ingresos.
Estas posibles reformas las remite, en todo caso, a la reapertura de una negociación tendente a reformar, de nuevo, el sistema de financiación.
Solbes se pronuncia, además, sobre otra de las cuestiones que ha vuelto a la agenda económica: la reforma laboral y, en concreto, el coste del despido. Destacados actores institucionales, como el Banco de España, o políticos, como la secretaria de Economía del PSOE –Inmaculada Rodríguez Piñero– son partidarios de abaratarlo.
El vicepresidente opina que es "un debate que me parece útil, pero con tranquilidad". Admite, eso sí, que los incentivos al abaratamiento incluidos en la última reforma laboral, pactada por el Gobierno, Patronal y sindicatos en mayo de 2006, no han funcionado.
"Hemos optado por un modelo, el del diálogo social, y en este marco, ya propusimos generalizar más el contrato con indemnizaciones de 33 días para el futuro, y no cuajó. Hay que seguir trabajando y ver qué se hace", reconoce Solbes durante la entrevista con el mismo diario.
La última reforma laboral, pactada en mayo de 2006 y en vigor desde el 1 de julio, concedió un incentivo especial a las empresas que hicieran fijos a sus empleados: la posibilidad de contratarlos bajo la modalidad de "Fomento del Empleo", con una indemnización por despido improcedente de 33 días, frente a los 45 días del contrato fijo ordinario. La única condición es que los eventuales se convirtieran en fijos antes del 31 de diciembre de 2006.
Solbes admite, implícitamente, que la reforma no ha funcionado, al remitirse a la propuesta original del Gobierno, de 2005, consistente en "generalizar más" el coste de 33 días por despido, y que los sindicatos rechazaron de plano.