LD (Víctor Gago) El número de objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía ha aumentado intensamente desde principios de junio, según coinciden en indicar el Foro Español de la Familia y la asociación Profesionales por la Ética, consultadas por LIBERTAD DIGITAL.
Estimaciones de este movimiento cívico por la libertad educativa señalan que hay más de 3.500 declaraciones de objeción formalizadas en todo el país.
"Hasta ahora, objetaban padres y madres, pero el ejemplo de Blanca María Díez Ponce ha producido un rápido aumento de las objeciones entre alumnos, sobre todo de Bachillerato", ha revelado este viernes a LD un portavoz de la asociación Educa Personas, integrada en la plataforma Profesionales por la Ética.
Este mismo viernes, el Foro Español de la Familia ha informado de un caso de objeción con marcado simbolismo.
Un matrimonio de Madrid, Antonio Jiménez y Trinidad Fernández, padres de doce hijos –nueve de ellos, en edad escolar– han presentado declaraciones de objeción por cada uno de sus hijos, en los diferentes colegios públicos y concertados a los que asisten.
Además –informa el Foro de la Familia– "los dos hijos mayores, Marta y Alejandro, de 19 y 17 años, respectivamente, objetaron por sí mismos en el Instituto Público La Estrella".Trinidad y Antonio manifestaron su rechazo a la asignatura, por considerarla "una intromisión en el derecho a enseñar y educar a nuestros hijos en los principios en los que nosotros creemos. El sistema educativo no es el que debe hacerlo, y mucho menos, el Gobierno".
La reacción del Gobierno y las Comunidades Autónomas al aumento del número de objeciones de conciencia empieza a manifestarse en todo tipo de obstáculos al ejercicio de este derecho constitucional.
Pegas en Castilla-La Mancha
El Foro de la Familia ha informado este viernes de que se querellará contra el delegado en Toledo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y La Mancha, por un posible "delito contra el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos en la Constitución y en las leyes".
El mismo alto cargo del Gobierno castellano-manchego ha enviado una circular a todos los centros escolares de Toledo en la que "amenaza a quienes planteen objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía con que el alumno no promocionará de curso y no titulará", según ha denunciado el Foro, por medio de un comunicado al que ha tenido acceso este diario.
Sin salvaguardas para la libertad educativa
Mientras tanto, se van perfilando los contenidos concretos que se enseñarán en los distintos niveles educativos en los que se impartirá Educación para la Ciudadanía (Primer Ciclo de la ESO) y Educación Ético-Cívica (4º de la ESO).
A las guías didácticas para padres y profesores recomendadas por el Ministerio de Educación en sus portales educativos en Internet, como la que incluye la promoción de la homosexualidad mediante la lectura del cómic Alí Baba y los 40 maricones, o una guía sobre derechos humanos en la que se afirma que en España se ha torturado a miembros del "grupo armado vasco" ETA hasta 1997, ya hay regulaciones autonómicas del currículo de la asignatura, bien en fase de borrador, bien como decretos aprobados y en vigor.
El Ministerio de Educación decretó en diciembre de 2006 el currículo de contenidos mínimos (65 por ciento de la asignatura, o 55 por ciento, en el caso de las comunidades con lenguas propias) y las Comunidades deben ir especificando el 35 o el 45 por ciento restante (según los casos) a través de decretos autonómicos.
La asociación Profesionales por la Ética ha presentado esta semana un exhaustivo estudio comparativo del estado de definición de los contenidos de Educación para la Ciudadanía en la ESO, en las distintas Comunidades Autónomas.
LEA aquí el estudio Educación para la Ciudadanía en las Comunidades Autónomas.
De este análisis comparado, se desprende, en general, que ni el Ministerio ni las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y las fuerzas nacionalistas han previsto ninguna salvaguarda de la libertad de las familias para decidir sobre la formación moral de sus hijos.
Sólo las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han unificado una fórmula de salvaguarda en sus respectivos decretos de contenidos de la asignatura. En ella, las comunidades con gobiernos populares aclaran que "las Leyes sólo pueden imponer como mínimos" los valores de la Constitución Española de 1978.
También destacan, del currículo de EpC diseñado por las distintas Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y los nacionalistas, el énfasis en un relativismo moral, según el cual todas las culturas, todas las prácticas individuales y colectivas y todas las opiniones son igualmente válidas, se adoctrina sobre una intensiva ideología de género o se enseña que los conflictos armados son siempre el resultado de desigualdades e injusticias económicas y sociales.