(Libertad Digital – Víctor Gago) La Corte Penal Internacional vincula a 104 Estados, entre ellos, España. Su fiscal jefe es el argentino Luis Moreno Ocampo, profesor universitario, fiscal durante los procesos contra miembros de la Junta Militar por violación de derechos humanos.
Moreno Ocampo reconoció este lunes “el empuje” de Baltasar Garzón durante el caso Pinochet. Recordó que en 1987 “era imposible la idea de hacer algo contra Pinochet” debido a los acuerdos y leyes de punto final de Chile. Las intervenciones de Garzón, dijo Ocampo, y la de los Lores ingleses, durante el arresto del general en Londres, fueron relevantes y “ayudaron a Chile a resolver un problema enorme, a ser un país mucho mejor”, además de sentar un precedente de jurisdicción universal.
En este preciso contexto, el fiscal Moreno Ocampo suscitó la cuestión más interesante del coloquio celebrado este lunes en Madrid, dentro del ciclo Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica, con el patrocinio de La Caixa y el Instituto Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York.
Una pregunta que no dejó indiferente al público y los periodistas que llenaban la sala y consiguió incomodar notoriamente a Garzón y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, otro de los ponentes de un panel que completó el presidente de la Corte Interamericana, el mejicano Sergio García Ramírez.
Ocampo preguntó a Garzón si, en aras del principio de la Justicia Universal postulado por el juez español, consideraría justificado que la Corte Penal interviniese en el caso de que el Estado español y ETA llegasen a un acuerdo de punto final que implicase impunidad para los terroristas.
Garzón dejó claro que la pregunta de su colega “se sale del guión”, pero aclaró que “en España, cualquier acción” frente al terrorismo “incluidas las medidas alternativas” como un final dialogado, “siempre deben respetar los límites que la Constitución, al Ley y los principios internacionales establecen”.
“Cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el genocidio o el terrorismo, es imposible asumir una decisión o pacto que implique impunidad”, sostuvo Garzón, para señalar, a continuación, que “hay que distinguir entre medidas de gracia e impunidad”.
Para Garzón, la garantía de que no habrá impunidad para los terroristas la marca en España la Constitución. “Hay unos principios constitucionales”, dijo. “En España está prohibida la amnistía. Si, eventualmente, alguien se planteara conceder una, no podría”.
Conde-Pumpido: "España no es una democracia vigilada"
Más refractario fue el propio fiscal general del Estado, que entró al trapo inmediatamente a continuación de Garzón.
“No se puede intervenir allí donde los tribunales nacionales funcionen con normalidad y plenas garantías. España no es una democracia vigilada, sino un país con plenas garantías de un Estado de Derecho”, subrayó.
El fiscal del Estado remarcó que, en el caso de ETA, “no se justificaría en absoluto una intervención” de la Corte Penal Internacional “de acuerdo con ese principio de Justicia Universal” sobre el que los panelistas debatían.
Prohibido preguntar sobre ETA
El formato del coloquio incluía un turno de preguntas del público, transmitidas por escrito al moderador, de acuerdo a las normas del foro.
Garzón se comprometió a que se respondieran todas, pero el hecho es que sólo dio curso a preguntas sobre la muerte en Irak del periodista español José Couso, la situación de los derechos humanos en el Tibet, la persecución contra el grupo religioso Falung Gong en China, el papel de las ONG en la Corte Penal Internacional o la ausencia de Estados Unidos en ese tribunal.
LIBERTAD DIGITAL tramitó una pregunta que abundaba en la cuestión suscitada por Moreno Ocampo y tiene constancia de, al menos, otra pregunta sobre la negociación del Gobierno y ETA.
Ninguna fue leída por el juez Garzón, quien, después de dar salida a cuatro cuestiones sobre temas más o menos intrascendentes para España, clausuró el debate alegando que se hacía tarde.
Este diario intentó que Garzón respondiera a las preguntas, abordándole en uno de los corrillos formados al concluir el acto, pero el juez declinó amablemente la solicitud:
“No suelo añadir nada a lo dicho en este tipo de actos, discúlpeme”.
Cuestionario de LD al fiscal Luis Moreno Ocampo
El fiscal Luis Moreno Ocampo, por su parte, accedió a responder a cinco preguntas de LD.
Con el fin de conservar su argumentación con todos sus matices, se transcribe literalmente el breve diálogo del fiscal del Tribunal Penal Internacional con este diario:
LD: Usted ha preguntado al Señor Garzón si, desde el punto de vista de la doctrina de una Justicia Universal, sería legítimo que la Corte Penal Internacional interviniese en el caso de que ETA y el Gobierno llegasen a algún tipo de acuerdo que implicase impunidad de los terroristas. Ahora le formulo a Usted la misma pregunta.
Ocampo: "No, yo no dije la Corte Internacional. Yo dije: si pudiésemos realizar la Justicia Universal, la Jurisdicción Universal... Y a mí me parece que la intervención de Garzón en Chile fue muy importante, en este sentido, pero claro, el tema es: ¿Qué pasa cuando una jurisdicción nacional decide que ha hecho un acuerdo distinto con los terroristas?"
LD: ¿Y cuál es su criterio?
Ocampo: "No. ¡Lógico! Yo no puedo dar una opinión sobre eso. Yo lo que sí puedo decir sobre el tema es lo siguiente: a mí me parece que lo que pasa hoy en España, con ETA, como lo que ocurre en Colombia, con los grupos, lleva a preguntarnos: ¿Se puede respetar la Ley y llegar a acuerdos al mismo tiempo? Yo digo, vale. Para mí, como fiscal internacional, es muy importante, justamente, la idea de que no haya impunidad en el sistema internacional. Una idea que es nueva y por eso, para mí, es tan importante. Y sigo muy de cerca la discusión en España, que es muy importante, este debate entre los que ven la importancia de que la Ley se aplique a rajatabla y los que ven la importancia de llegar a un fin de la violencia política. Yo este debate, como fiscal, sólo puedo seguirlo, pero veo que tiene una importancia enorme para entender cómo la Ley funciona en las sociedades".
LD: No se le escapará, entonces, la oposición de las víctimas a un acuerdo de punto final del Gobierno y ETA.
Ocampo: "Obvio. Las víctimas... Por supuesto. Ése es el tema".
LD: ¿Y si las víctimas se dirigieran a la Corte Penal Internacional solicitando su intervención, al sentirse desamparadas por el Estado español?
Ocampo: "Pero la Corte Internacional interviene sólo en crímenes contra la Humanidad, en crímenes de guerra y en crímenes de genocidio, cuando el Estado no interviene. Yo diría que no estamos ante ese caso".
LD: Pero, ¿se hace cargo de su necesidad de Justicia?
Ocampo: "¡Por supuesto! Pero, ¡escúcheme!... Yo soy argentino. Y en Argentina, las víctimas buscaron Justicia en los 70, en los 80, en los 90 y en 2000. Las víctimas siempre buscan Justicia".