LD (Efe) El PP interpela este miércoles al Gobierno en el Pleno del Congreso sobre la presencia de ETA, a través de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE), en las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 27. Este debate, que tiene lugar en plena campaña electoral y que el Ejecutivo ha encargado al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dará lugar a una moción que se votará en la siguiente sesión plenaria, prevista para última semana de mayo, es decir, una vez que se hayan celebrado los comicios.
En el texto que ilustra su interpelación, el partido que dirige Mariano Rajoy sostiene que el auto del Tribunal Supremo del pasado 5 de mayo sobre la anulación de 133 listas electorales presentadas por ANV ha declarado de modo indubitado que dicho partido político ha sido materialmente instrumentalizado por la organización ilegal Batasuna, cuya identidad esencial con ETA estableció en su día el Supremo y ratificó el Constitucional.
En este sentido, añade que, a pesar de que el auto de la Sala Especial del Supremo ha puesto de manifiesto la estrategia de la ilegalizada Batasuna para estar presente en las elecciones a través de la estructura electoral de ANV, el Gobierno no ha impugnado las otras 146 listas presentadas por este partido.
Además, el PP denuncia que el Gobierno ha anunciado ya que no instará a la ilegalización de ANV, a pesar de que, en su opinión, el Alto Tribunal asegura en su auto que el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado debieron haberlo hecho, ya que es el cauce que el ordenamiento jurídico ofrece para estos casos.
También insiste en que la Sala 61 del Tribunal Supremo reprochó que el cauce elegido por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado "no es, propiamente -en palabras del Supremo-, el adecuado para que la sala ejerza la competencia que la Ley de Partidos le asigna en relación con los partidos políticos".
Supuesto de ilegalización
"El Tribunal Supremo ha señalado que es competencia suya apreciar, en su caso, la continuidad o sucesión de un partido ilegalizado y disuelto por otro partido aparentemente legal, cuya inscripción en el Registro de Partidos no ha sido hasta entonces cuestionada", pero aclara que esta impugnación sólo se puede articular mediante el proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización de HB, EH y Batasuna, tanto si la impugnación viene o no referida "a la presentación de candidaturas y, por ende, en coincidencia temporal con un proceso electoral en curso", añade el texto del PP.
Asimismo, el primer partido de la oposición señala que, al ofrecer sus listas electorales a la ilegalizada Batasuna, ANV ha incurrido en uno de los supuestos de ilegalización que previene la Ley de Partidos Políticos, en concreto el artículo 9.3.e por "ceder a favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos".
Ante la posibilidad de que Batasuna, decretada ilegal por formar parte del entramado terrorista de ETA, pueda regresar a las instituciones democráticas y servirse de su presencia en los consistorios y de los recursos de todos los españoles "para continuar su estrategia de terror y chantaje", el PP considera urgente reestablecer la vigencia y la eficacia de las medidas consensuadas en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.
Esta interpelación dará lugar a una moción que se debatirá el día 29 de mayo y con la que los populares obligarán al Gobierno a pronunciarse sobre el resultado cosechado por de las listas de ANV que no han sido impugnadas. En los últimos días, el PP ha venido expresando su temor a que esta formación obtenga mayoría en las localidades de País Vasco y Navarra, que son feudos tradicionales de Batasuna.
De Juana, en la sesión de mañana
Esta interpelación se sustanciará en la sesión de tarde, horas después de que el Pleno debata sobre la situación penitenciaria del etarra Iñaki de Juana Chaos que el PP registró el pasado mes de febrero, antes de que el recluso fuera trasladado al hospital de San Sebastián tras habérsele sido concedido la prisión atenuada.
En esa iniciativa, los 'populares' reclaman el cumplimiento íntegro de la pena pendiente alegando que negar el acceso a cualquier beneficio penitenciario no significa sino cumplir la Ley, ya que "en todo momento de su estancia en prisión, De Juana ha tratado de socavar el Estado de Derecho y amenazar la democracia. Cualquier beneficio se interpretará como una debilidad del Estado de Derecho y cesión política".
Según argumentan, la concesión de beneficios penitenciarios exige haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y mostrar un pronóstico favorable de reinserción social, así como "signos inequívocos de haber abandonado el terrorismo, tales como la colaboración con la Justicia, el rechazo de la violencia o la petición de perdón a las víctimas".
"Es evidente que este preso etarra no cumple ninguna de todas estas condiciones", aseveran, recordando además que, con la huelga de hambre, De Juana ha sometido al Estado de Derecho y a la democracia española a un chantaje permanente.
La votación de este texto llegará a la Cámara Baja días después de las concentraciones ante los ayuntamientos que organizó el pasado sábado la Asociación Víctimas de Terrorismo (AVT) y que fueron secundadas por los 'populares'.
Hasta ahora, el PSOE y las minorías vienen aplicando conjuntamente una misma respuesta frente a las iniciativas del PP de política antiterrorista, sin entrar al debate partidista, limitándose a responder desde el escaño sin subir a la tribuna y, obviamente, votando en contra de todas las propuestas.