(Libertad Digital) En medio de la negociación del Gobierno con ETA los batasunos han podido recuperar buena parte de los locales que tenían embargados. El juez que debería haber renovado esas órdenes de embargo en el Registro de la Propiedad, Baltasar Garzón, no lo hizo y los locales que estaban clausurados desde 2002 han vuelto a manos de Batasuna-ETA.
Lo ha descubierto el Tribunal Supremo, encargado de ejecutar la sentencia de ilegalización. Así se lo trasladó este martes a los miembros de la Sala del 61 el presidente de la Sala de los Social, Joaquín Samper. El Mundo recoge un día después que al escucharlo, los magistrados se quedaron "sumamente preocupados".
Este diario recuerda que la Ley Hipotecaria establece que las anotaciones preventivas de embargo caducan a los cuatro años aunque existe la posibilidad de una prórroga por plazos sucesivos de cuatro años. La única exigencia que marca la norma es que esa prolongación se solicite antes de que expire el plazo inicial. En caso de no hacerse así, como ha ocurrido en este caso, el registrador de la propiedad "se ve obligado a levantar el embargo por la aplicación del artículo 86".
Lo que trasladó Samper a los jueces de la 61 es que el registrador comenzó a cancelar los embargos en mayo de 2006. Por entonces, Garzón seguía en Estados Unidos agotando una licencia de estudios concedida por el CGPJ durante un año y cuatro meses. Concluyó el 1 de julio de 2006. Pero el grueso de las cancelaciones de embargo se produjo entre octubre y noviembre pasado, cuando el magistrado ya se había reincorporado al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia.