L D (Europa Press) El testigo protegido concidió con José Ignacio Fernández Díaz, alias "Nayo", colaborador de los acusados José Emilio Suarez Trashorras y su ex cuñado Antonio Toro, en la prisión de Villabona de 2002 a 2003.
Este lunes, ante el tribunal del 11-M, indicó que Toro le contó que intentó realizar un intercambio de explosivos con ETA en un club de Gijón. El testigo, con el que el tribunal abrió los testimonios relacionados con la trama de los explosivos asturianos, explicó que, según "Nayo" el intercambio con ETA no se produjo finalmente ya que las personas enviadas por la banda intentaron "robar los explosivos". "Hubo un tiroteo y una persecución", apuntó.
Ocurrió antes de 2003 y aunque no supo precisar sí que señaló fue probablemente "en 2001". Cuando tuvo conocimiento de esto informó de ellos a una persona de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a un responsable de este Cuerpo de Oviedo. Según declaró, "Nayo" colaboraba con Toro y Trashorras en el tráfico de explosivos y le contó, durante su estancia en la cárcel, detalles sobre la forma en que sacaban la dinamita de Mina Conchita para venderla posteriormente. "Los dejaban escondidos en una casetilla e iban a recogerlos por la noche", indicó.
Lo que este testigo denunció a la Guardia Civil ya lo había puesto en conocimiento de la Policía el propio Nayo. Segúne ste testimonio, Fernández Díaz, que se encuentra huído en Santo Domingo y tiene dos causas abiertas en España, advirtió a la Policía Nacional de que Trashorras y Toro traficaban con explosivos "antes de los atentados". "Como no le hacían caso me dijo que se lo contara yo a la Guardia Civil", indicó.
Dijo que todas las confidencias del colaborador de Toro y Trashorras se debieron a que se hicieron "uña y carne" durante su estancia en la cárcel. El testigo, que ha actuado como confidente para la Guardia Civil, dijo desconocer el actual paradero de "Nayo" y explicó que "sabe" que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el huido utilizando un número de teléfono facilitado por él mismo, después de los atentados en su domicilio no localizado de Santo Domingo.
Rastreo de las tarjetas bajo mandato policial
Antes había declarado el director de Seguridad de Amena durante los atentados del 11-M. José Domingo Río afirmó que su equipo, que actuó siempre bajo mandato judicial, localizó el día 12 de marzo de 2004 una tarjeta con el número 652 28 29 73. Había sido utilizada en la localidad de Morata de Tajuña a las nueve de la noche y precisó que la policía supo el comercio en el que había sido vendida a las dos de la tarde de ese mismo día.
Concretó que ordenó guardar todos los datos de la terminal mencionada para lograr detallar el registro telefónico en esta zona en las últimas 72 horas. Precisó que estas medidas se tomaron por orden de la policía e indicó que recibió varios mandatos entre los días 12 y 13 de marzo destinados a localizar el número y a conservar los datos obtenidos. Las primeras órdenes las recibió por teléfono. Al otro lado estaba un funcionario de policía amigo, según ha deslizado en su interrogatorio el abogado de uno de los acusados. Cuando ha dejado ver la relación de amistad del testigo, ex comisario, con este responasble policial el presidente del tribunal le ha reprendido porque "roza lo capcioso".
Órdenes policiales por teléfono
Además, detalló que el 12 de marzo recibió un requerimiento judicial relacionado con la información y el tráfico telefónico de las tarjetas utilizadas en la zona "BTS" de Morata de Tajuña y que el 13 le realizaron otra indicación para guardar los datos y proporcionárselos a la autoridad pertinente. Relató que sobre las 18.00 horas recibió la comunicación ya que se tenía un límite de 72 horas para recuperar los datos y que a las 10.00 horas un Inspector de la Brigada Central de Información le indicó que investigara ese número de tarjeta concreto. Indicó que tras la comunicación con el responsable de la Unidad Central de Información (UCI) del que recibió la orden y después de recibir el oficio judicial pertinente, proporcionó la información que "preventivamente" había recabado, según el testigo, al ser el "sistema de funcionamiento que tenemos con la autoridad judicial en caso de atentado terrorista".
Durante su comparecencia precisó que la información que permitió localizar las tarjetas se obtuvo a las 14.00 horas del 12 de marzo y que se informó a la Policía a las 16.00 horas. Indicó que el "back up", rastreo del registro y movimiento de la tarjeta telefónica, no puede precisar la hora exacta en la que se registró la tarjeta en la terminal telefónica, y matizó que solamente puede detallar el día en que se produce.
También precisó que del conjunto de 30 tarjetas que incluían el paquete en la que se hallaba la tarjeta que se localizó en la terminal de Morata de Tajuña, se perdió información en seis o siete casos, ya que no se pudo determinar la antena en las que se activaron, aunque apuntó a la posibilidad de que se hubiera registrado antes y por tanto sobrepasaran las 72 horas disponibles para rescatar la información de una tarjeta que ha sido únicamente "registrada" o expendida, es decir, en la que se ha introducido simplemente el código pin de acceso, sin efectuar tráfico telefónico.
