LD (EFE) Fuentes del Ministerio de Economía han explicado que esta ventaja fiscal se ha excluido por petición de las comunidades autónomas, que son las que fijan y recaudan el impuesto, que varía entre el 0,5 y el 1 por ciento del préstamo, dependiendo de la región.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) cree que ésta es una de las modificaciones más importantes del proyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, ya que era uno de los principales "alicientes" de la reforma presentada a finales del año pasado. El presidente de la Asociación Hipotecaria, Gregorio Mayayo, ha asegurado que, además, la reforma establece que el impuesto no se pagará respecto a la cuantía que queda de crédito, sino respecto a su responsabilidad hipotecaria, que en algunos casos llega a duplicar la deuda.
En la práctica, eso supone que la modificación de alguna condición en una hipoteca de 120.000 euros (con una responsabilidad de 150.000 euros) obligaría al titular a pagar 1.500 euros en concepto de Actos Jurídicos Documentados, cifra que se hubiera ahorrado con la reforma planteada inicialmente. El Ministerio ha asegurado que, en todo caso, lo verdaderamente importante para los consumidores es la rebaja que se ha aplicado en las comisiones, que se han limitado al 0,5 por ciento en el caso de amortización anticipada y de subrogación. Esta rebaja, calcula el Ejecutivo, puede suponer un ahorro medio de 600 euros.
La Asociación Hipotecaria, sin embargo, defiende desde hace meses que la mejora más importante que iban a notar los consumidores con esta reforma es que se iban a reducir a una décima parte los gastos por cambiar las condiciones de su hipoteca, rebaja que ahora se ve mermada sustancialmente porque la parte principal era la eliminación de los gastos tributarios.
También se ha avanzado, según la agrupación presidida por Gregorio Mayayo, en lo referente a la hipoteca inversa -permite obtener una renta periódica a las personas mayores con cargo a su vivienda-, aunque "se siguen manteniendo algunas deficiencias técnicas en materia de responsabilidad de los herederos y omisiones en la regulación de esta figura". La agrupación considera "poco afortunado" que el Ejecutivo quiera obligar a las entidades financieras a prestar asesoramiento independiente al solicitante de una hipoteca inversa, y reclama que sean las consejerías de consumo las que ofrezcan esos servicios.
En los aspectos que se deben mejorar, la patronal cree que la normativa propuesta sigue siendo insuficiente para estimular la aparición de una oferta competitiva y eficiente de créditos a tipo fijo y, por tanto, para fomentar su contratación, y que adolece de la falta de la necesaria regulación sobre los intermediarios financieros. Mayayo espera que el Parlamento introduzca los ajustes necesarios en el trámite parlamentario que se inicia ahora.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) cree que ésta es una de las modificaciones más importantes del proyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, ya que era uno de los principales "alicientes" de la reforma presentada a finales del año pasado. El presidente de la Asociación Hipotecaria, Gregorio Mayayo, ha asegurado que, además, la reforma establece que el impuesto no se pagará respecto a la cuantía que queda de crédito, sino respecto a su responsabilidad hipotecaria, que en algunos casos llega a duplicar la deuda.
En la práctica, eso supone que la modificación de alguna condición en una hipoteca de 120.000 euros (con una responsabilidad de 150.000 euros) obligaría al titular a pagar 1.500 euros en concepto de Actos Jurídicos Documentados, cifra que se hubiera ahorrado con la reforma planteada inicialmente. El Ministerio ha asegurado que, en todo caso, lo verdaderamente importante para los consumidores es la rebaja que se ha aplicado en las comisiones, que se han limitado al 0,5 por ciento en el caso de amortización anticipada y de subrogación. Esta rebaja, calcula el Ejecutivo, puede suponer un ahorro medio de 600 euros.
La Asociación Hipotecaria, sin embargo, defiende desde hace meses que la mejora más importante que iban a notar los consumidores con esta reforma es que se iban a reducir a una décima parte los gastos por cambiar las condiciones de su hipoteca, rebaja que ahora se ve mermada sustancialmente porque la parte principal era la eliminación de los gastos tributarios.
También se ha avanzado, según la agrupación presidida por Gregorio Mayayo, en lo referente a la hipoteca inversa -permite obtener una renta periódica a las personas mayores con cargo a su vivienda-, aunque "se siguen manteniendo algunas deficiencias técnicas en materia de responsabilidad de los herederos y omisiones en la regulación de esta figura". La agrupación considera "poco afortunado" que el Ejecutivo quiera obligar a las entidades financieras a prestar asesoramiento independiente al solicitante de una hipoteca inversa, y reclama que sean las consejerías de consumo las que ofrezcan esos servicios.
En los aspectos que se deben mejorar, la patronal cree que la normativa propuesta sigue siendo insuficiente para estimular la aparición de una oferta competitiva y eficiente de créditos a tipo fijo y, por tanto, para fomentar su contratación, y que adolece de la falta de la necesaria regulación sobre los intermediarios financieros. Mayayo espera que el Parlamento introduzca los ajustes necesarios en el trámite parlamentario que se inicia ahora.