Mablo Matos considera prioritario que el Gobierno garantice la seguridad jurídica del negocio del alquiler. Matos ha concretado su propuesta, en declaraciones a la agencia Europa Press, reclamando la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la creación de un juzgado dedicado a conflictos en materia de Vivienda, dos iniciativas 'populares' que el Congreso ha rechazado hasta el momento.
El portavoz del PP ha reaccionado así ante la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Hacienda desarrolle el reglamento necesario para poder aplicar un recargo de hasta el 50 por ciento sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), contemplado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el caso de las viviendas que se encuentren desocupadas, según informaron fuentes ministeriales. En este contexto, el diputado popular recalcó que desarrollar la mencionada ley, aprobada por el Gobierno-Aznar en el año 2002, supone definir "qué es una vivienda vacía", para poder aplicar correctamente el recargo, lo que en su opinión, es una labor compleja.
Vacío legal
Matos ha explicado que muchos propietarios renuncian a obtener una renta por su propiedad debido "al vacío legal existente en materia de arrendamiento de viviendas y a la fuerte inseguridad jurídica que se mantiene hasta ahora". "Si un inquilino no paga pasan meses hasta que se procede a un desalojo" dijo. A estas razones, añadió que tampoco se protege a los propietarios de los daños que los arrendatarios puedan provocar en sus viviendas.
Aunque el portavoz del PP opinó que "está bien que Hacienda opte por considerar como vivienda vacía aquella que esté totalmente desocupada", hizo hincapié en la importancia de "remover primero los obstáculos del arrendador, agilizando los procesos judiciales para resolver rápidamente los conflictos y garantizando seguridad jurídica".
Canon de 9 euros diarios
Precisamente este lunes la secretaria de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Carme Trillam, ha hecho suya la propuesta política del Gobierno vasco de imponer un canon diario de 9 euros para las casas que lleven al menos un año desalojadas.