Los comerciantes de Informática se querellan contra la SGAE por tráfico de influencias y falsedad en documento oficial
La asociación española de pequeñas y medianas empresas de informática y nuevas tecnologías, Apemit, que agrupa a comercios de productos informáticos, se ha querellado contra la SGAE por falsedad en documento oficial, manipulaciones para alterar el precio de las cosas, usurpación de funciones públicas y tráfico de influencias. Según la denuncia, la SGAE encargó un informe a un catedrático de la Politécnica de Madrid, que imprimió con papel y sello oficial y que presenta en los juzgados como si la universidad avalara sus tesis.
(Libertad Digital) Según los hechos denunciados por Apemit, el objetivo de la SGAE y de otras dos asociaciones contra las que también se ha querellado (AGEDI y AIE) es llevar a engaño a los jueces y "establecer como resultado final una analogía entre el llamado 'canon analógico' que estaba regulado por la Ley de Propiedad Intelectual y las 'copias digitales'", que no están amparadas por dicha ley. Es decir, que según la denuncia la estrategia consistía en "asimilar ambos conceptos y que fuesen los tribunales los que les justificasen el marco para proceder a generalizar el cobro de algo que no estaba regulado por Ley".
De este modo se lograría en los juzgados, pese a no estar contemplado por la ley, el cobro del "canon" a la venta de soportes digitales como son los dispositivos USB, CD, DVD o MP3.
Pero para dar por buena esa analogía ante los juzgados, tanto la SGAE como la Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales (AGEDI) como Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), necesitaban un informe oficial que la diera por buena, y que serviría ante un tribunal.
De acuerdo con la denuncia de Apemit, para lograr ese documento le encargaron un informe a un profesor catedrático de Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid, que imprimió en papel oficial de la universidad, así como también con el sello oficial. De este modo, el informe se presentaba ante los juzgados como si estuviera respaldado oficialmente por la institución.
De hecho, la querella considera que "dicho informe, con el sello y el membrete de la Universidad, no era destinado a consumo interno, sino a ser presentado, con su apariencia de documento oficial de la Universidad Politécnica de Madrid, a los distintos juzgados, a fin de convencer a los jueces y dictar repetidas sentencias a su favor, en un área del Derecho tan específica".
Apermit considera que "los beneficios obtenidos por los querellados", es decir, por SGAE, AGEDI y AIE, "en su actividad, sólo por la documentación presentada, serían superiores" a los 100 millones de euros.
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